Metodología

 

El presente informe obtuvo la información que despliega de dos formas principalmente. Por un lado, de la búsqueda de documentos e información pública y el acceso a información gubernamental. Por otra parte, del quehacer de las organizaciones que conforman la Red «Todos los Derechos para Todas y Todos», especialmente las que componen el campo de lucha de Mujeres, Género y poblaciones LGBTTTI.

La experiencia y trabajo de documentación, análisis y acompañamiento a casos de las organizaciones, fue fundamental para poder establecer las principales problemáticas que se desglosan en el documento. Aportaron datos estadísticos de registros propios, experiencias concretas en la atención a víctimas de las distintas formas de violencia y su vivencia en los procesos de incidencia para mejorar las leyes y políticas públicas en el tema. De igual forma, se consultaron informes y comunicados de estas organizaciones y otras aliadas, para entender mejor la situación de las mujeres y las características que se dan en diversos contextos.

Además, se examinaron documentos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos del Sistema de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. Así como encuestas nacionales referentes a violencia contra las mujeres y seguridad pública, con el fin de ofrecer un contexto sobre la situación de las distintas formas de violencias extremas abordadas.

Para contar con datos oficiales, se realizaron solicitudes de acceso a la información pública (Anexo A)[1]. También se consultaron las bases públicas[2], tomando como periodo el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2017. Es importante señalar que las bases públicas consultadas presentan algunas deficiencias que impiden el análisis preciso sobre la violencia extrema contra las mujeres, como se explicará oportunamente. De la misma forma, no se contó con las respuestas de todas las Instituciones a las que se les solicitó información vía Plataforma Nacional de Transparencia. Esta herramienta aún es deficiente, algunas Instituciones no recibieron las solicitudes, otras no respondieron a ella a pesar de haberla recibido, y unas más no aparecen en la plataforma, por lo que se vuelve una tarea compleja realizar las solicitudes a través de otros medios.

También se realizó el análisis de las leyes y códigos penales sobre los delitos de relacionados con la violencia sexual, trata de personas, feminicidio y homicidio calificado, éste último para identificar la existencia de «crímenes de odio» en la normativa estatal y federal. De igual forma, la legislación relativa a la criminalización del aborto.

 

[1] A las Fiscalías y al Poder Judicial de las 32 entidades federativas y el propio gobierno federal, a los Servicios de Salud de los Estados (SESA), a los Organismos Públicos Estatales de Derechos Humanos (OPDH) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

[2] Del Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP) sobre incidencia delictiva del fuero común y del fuero federal, del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIEVIM) y SEGOB, INMUJERES & ONU Mujeres, (2017) respuesta a Defunciones Femeninas con Presunción de Homicidio (DFPH).