Conclusiones
Aún con los avances legislativos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en los últimos años en el ámbito federal como en lo local, principalmente con publicación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se mantiene la discriminación y violencia en su contra, poniendo en riesgo su integridad y su vida. Por ello, es imperativo armonizar las legislaciones estatales acorde con los más altos estándares en la materia y asegurar su correcta implementación.
Siguen existiendo graves deficiencias en el diseño e implementación de políticas públicas para asegurar una vida libre de violencia para las mujeres mexicanas. Las instituciones administrativas y judiciales que atienden a las mujeres deben de comprometerse con procesos adecuados, eficaces y libres de prejuicios, con la voluntad y la capacidad de brindarles protección. De igual manera, se deben construir los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta adecuados para la evaluación y seguimiento de las medidas adoptadas.
La situación de violencia estructural contra las mujeres se ha agudizado, negando a las mujeres el acceso a la justicia y la protección judicial, así como las garantías de no repetición que puedan frenar la violencia en su contra y una reparación del daño con perspectiva de derechos humanos y género, para ellas y sus familias. Es imperativo que se generen procesos que eviten la aplicación discrecional de la justicia por quienes la administran y procuran, fortaleciendo procesos de investigación eficaces e impidiendo la impunidad. Los delitos y violaciones a los derechos humanos contra las mujeres deben de ser investigados con perspectiva de género, de infancia, de diversidad sexual y de derechos humanos.
No existe la información pertinente para tener un mejor y mayor acercamiento a la realidad que viven las mujeres, en especial aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Los sistemas nacionales y estatales de registro de datos no tienen información desagregada por sexo, edad, condición socioeconómica, entre otras categorías, para un mejor entendimiento de la situación de violencia que viven niñas, adolescentes y mujeres; menos aún si estas son indígenas, de la diversidad sexual o se encuentran en situación de movilidad. Se deben de tener diagnósticos certeros, información asequible y completa a nivel federal y también en los estados por las distintas autoridades e instituciones que trabajan por el bienestar de las mujeres.
Contrariamente a su obligación internacional en materia de derechos humanos de las mujeres y a la ratificación de los instrumentos que protegen a las mujeres de la violencia, el Estado mexicano, en lugar de aceptar la problemática existente, busca invisibilizarla en el contexto de violencia generalizada que vive el país, ignorando sus causas, consecuencias y especificidades. Siendo necesario que el Estado mexicano acate las recomendaciones que organismos y expertos internacionales han realizado en los diversos tipos de violencia contra la mujer.
Recomendaciones
Al Ejecutivo Federal:
Revisar la estrategia de seguridad nacional contra el narcotráfico, principalmente la militarización de los territorios, y modificar las acciones que incrementan la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en estas situaciones, entre ellas el retiro de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. De igual forma, investigar, enjuiciar y sancionar a quienes, en estos contextos, cometan delitos en su contra, comprometiéndose a generar medidas de prevención, reparación y no repetición.
A las Fiscalías y Procuradurías:
Crear los protocolos específicos para garantizar la investigación con perspectiva de género, de infancia y de diversidad sexual de los casos de violencia extrema contra las mujeres e implementar medidas de protección para salvaguardar a las sobrevivientes y sus familias.
Tomar acciones para eliminar la tortura sexual contra mujeres en situación de detención, de retención ilegal, prisión preventiva o en prisión como práctica recurrente cometida por fuerzas de seguridad y armadas.
A la CONAVIM:
Revisar y modificar el Reglamento de la LGAMVLV para facilitar la implementación y evaluación de la AVGM, creando indicadores para la medición de cumplimiento y el seguimiento, y asegurando la participación activa y con voto de las organizaciones de la sociedad civil expertas.
A todas las autoridades dependientes del Ejecutivo Federal y Locales en el ámbito de sus competencias:
Generar datos actualizados, accesibles y debidamente desagregados en sexo, edad y otras características que nos permitan reconocer las especificidades de las distintas violencias y de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, fortaleciendo los Bancos Nacional y Estatales de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las mujeres.
Realizar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la independencia de las Procuradurías y Fiscalías estatales, así como promover la profesionalización e independencia de los servicios periciales.
Armonizar las legislaciones nacional y estatales sobre los delitos de violencia sexual y tortura, desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, trata de personas y feminicidio, tanto en definiciones como en elementos que lo acreditan y agravantes, así como las sanciones que se estipulan en los distintos Códigos Penales de las distintas entidades federativas asegurando así la no discriminación, acceso a la justicia de las víctimas y evitando la impunidad.
Asegurar la elaboración e implementación efectiva de políticas públicas en materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres con perspectiva de género, de infancia y de diversidad sexual, entre ellas el acceso legal al aborto ampliando las causales de excepción, garantizado el acceso al procedimiento al menos en casos de violación, inseminación forzada, de peligro de muerte o afectaciones a la mujer, como lo señalan organismos y expertos internacionales. Asegurando además la conformación de un Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y sus homólogos en las entidades federativas.
Incorporar la perspectiva de género, infancia y diversidad sexual en las instituciones de salud, de procuración de justicia y educativas, para prevenir situaciones de violencia. Y dar a conocer los servicios con los que el Estado cuenta para las mujeres que ya se encuentran en situaciones de violencia.
Fortalecer a las instituciones de adelanto de las mujeres en las entidades federativas, así como los Centros de Justicia para las Mujeres, con la finalidad de mejorar la atención a ellos. Estableciendo procedimientos que tomen en cuenta la interseccionalidad que profundiza la desigualdad, discriminación y violencia contra mujeres de la diversidad sexual, pertenecientes a pueblos indígenas y en situación de movilidad. Mexicanas y extranjeras en el país.
Promover la creación y el fortalecimiento de los albergues para mujeres víctimas de violencia en todo el país, para que las mujeres en situaciones de mayor riesgo puedan tener una alternativa inmediata y segura. Adoptando medidas y acciones para la adecuada atención de mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad. Fortalecer la implementación de las órdenes de protección para salvaguardar inmediatamente la integridad de las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia.
Comprometerse con la seguridad y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, investigando y sancionando los delitos en su contra, principalmente la violencia sexual, la trata con fines de explotación sexual y la desaparición, sin que estos prescriban.