Reinicio de obras del Proyecto Integral Morelos violenta derechos de pueblos y ejidos y pone en riesgo a personas defensoras

• La madrugada del lunes 23 de noviembre, Guardia Nacional desalojó al plantón de Apatlaco y permitió el ingreso de maquinaria para reiniciar las obras de construcción de una tubería.
• La iniciativa del gobierno de echar andar el PIM viola las resoluciones dictadas en 10 de 19 juicios de amparos vigentes que ordenan la detención de la operación del PIM.
• Ignorar la situación jurídica vulnera los derechos a la protesta y el derecho a defender derechos humanos y pone en peligro a integrantes del FPDTA-MPT y Ejidos de Ayala en Defensa del Agua.

La madrugada del 23 de noviembre, 300 elementos de la Guardia Nacional se presentaron en el plantón zapatista de Apatlaco, ubicado a ambos lados del río Cuautla en el estado de Morelos, para desalojar al campamento que se encontraba resguardando el territorio. Los elementos  colocaron vallas metálicas para impedir que las personas defensoras de derechos humanos que se encontraban ahí para proteger su territorio pudieran volver a instalar el campamento. Posteriormente la Guardia Nacional permitió la entrada de maquinaria para reiniciar las obras de construcción que vulnera los derechos al agua, a la libre determinación, a la tierra y al territorio y a la vida de diversas comunidades particularmente, las de los ejidos de Ayala, Morelos. 

Es preocupante que se pretenda convalidar el desarrollo del Proyecto Integral Morelos (PIM) mediante la colocación de las tuberías en el río Cuautla por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), soslayando que dicha infraestructura forma parte de un acueducto que alimentará las dos termoeléctricas de Huexca —las dos construcciones más relevantes del PIM—, e ignorando que existen 8 amparos por la defensa del agua de la Planta Tratadora Rociadores de Cuautla que se convierte en un afluente del río Cuautla y contra el acueducto que conectaría a la termoeléctrica. Es necesario escuchar las exigencias de los pueblos originarios afectados que han manifestado su rechazo absoluto al desarrollo de megaproyectos como la termoeléctrica, el gasoducto, así como el mencionado acueducto. 

Resulta especialmente alarmante que ello ocurra en un contexto de agresiones y violaciones constantes y graves a los derechos humanos por más de una década contra las y los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) y Ejidos en Defensa del Agua de Ayala, quienes viven en un contexto de peligro inminente por su defensa de las personas defensoras del territorio. Sus integrantes se han enfrentado a amenazas, hostigamiento y difamaciones por su trabajo; demandas judiciales, ataques de grupos choque, vigilancia, órdenes judiciales, encarcelamiento, tortura y el asesinato, aún impune, del defensor Samir Flores. 

Este año 2020, se contabilizan por lo menos 22 agresiones de diferentes tipos contra integrantes del FPDTA-MPT. A lo que se suma la preocupación de que la Guardia Nacional participe en estas acciones que vulneran los derechos a la protesta y el derecho a defender derechos humanos en un operativo desproporcionado. Todo esto a pesar de la existencia de 19 amparos promovidos contra las obras, de los cuales 10 cuentan con suspensiones de plano y/o definitivas otorgadas. 

Como empresa del Estado, la CFE tiene una obligación especial de poner el ejemplo en el respeto de los derechos humanos, así como de no hacer uso de las fuerzas de seguridad que esta tiene a su disposición para implementar sus proyectos, en este caso el PIM. Por el contrario, la CFE y otras autoridades gubernamentales deberían respetar los distintos recursos legales interpuestos por las comunidades por su falla en atender un proceso de debida diligencia en derechos humanos, incluidos procesos de consulta y consentimiento previos, libres e informados.

La actual situación es de suma preocupación para  las organizaciones firmantes ya que muestra una falta de acatamiento del Poder Ejecutivo Federal a las determinaciones del Poder Judicial. Nuevamente reiteramos el llamado a que se establezca un diálogo del Gobierno Federal con el FPDTA-MPT y Ejidos de Ayala en Defensa del Agua para aclarar la situación jurídica. Continuar ignorando las suspensiones emitidas por el Poder Judicial significa desproteger y ahondar el peligro en un contexto de acoso, amenaza y hostigamiento hacia personas que defienden el territorio y el agua contra las distintas obras del PIM.

Es por ello que volvemos a hacer un llamado a las autoridades: 

Al Gobierno Federal:

1. 1. Al Gobierno Federal:
   2. Aclare públicamente la situación jurídica del Proyecto Integral Morelos, reconozca y respete las suspensiones de plano y definitivas otorgadas contra el PIM hasta ahora.
   3. Se garantice y respete el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas.
   4. Se garantice la seguridad y la vida de las personas que conforman el Campamento de Apatlaco y de las y los integrantes del FPDTA-MPT y Ejidos de Ayala en Defensa del Agua.
   5. Se suspendan los trabajos de culminación del acueducto y se retire la Guardia Nacional y cualquier fuerza policiaca que pueda amedrentar y poner en peligro la integridad física y derecho de libre manifestación y defensa de los derechos humanos de las y los campesinos afectados por el Proyecto Integral Morelos.
   6. Revisar el Proyecto Integral Morelos a la luz de las obligaciones internacionales en derechos humanos del Estado y sus empresas, incluido establecer un proceso de debida diligencia en derechos humanos con enfoque preventivo, de mitigación y reparación por los daños cometidos.

A las empresas involucradas en el PIM:

1. 1. 1. Expresar su rechazo a las acciones realizadas por el gobierno federal en relación al cumplimiento de las suspensiones otorgadas contra el PIM, ya que no respetan el Estado de derecho.
      2. Establecer un proceso de debida diligencia en derechos humanos para revisar los impactos adversos que el PIM representa para las comunidades del FPDTA-MPT y Ejidos de Ayala en Defensa del Agua, y evaluar su continuación dados los riesgos en materia de derechos humanos para ellas.
      3. Atender sus propias políticas en derechos humanos, especialmente los elementos relacionados con el derecho a la participación de las comunidades, el derecho a la consulta y al consentimiento, y el derecho a defender los derechos humanos.
      4. Abstenerse de impulsar acciones menos estrictas para la garantía de los derechos humanos por parte del gobierno, y cooperar para implementar las decisiones del Poder Judicial.
      5. Abstenerse de tomar represalias contra voces disidentes para silenciar a las personas y grupos críticos, y en su lugar procurar el diálogo abierto, honesto y equitativo en relación con las demandas de las comunidades afectadas.