Red TDT: Tanhuato y Nochixtlán muestra del enfoque represivo de seguridad del Estado mexicano
- En ambos hechos la Policía Federal ha afirmado que actuó en defensa propia, pero la documentación de derechos humanos prueba lo contrario.
- Resulta especialmente preocupante la estrategia deliberada de manipulación demostrada en ambos eventos por parte de agentes estatales.
- Alerta en la sociedad civil por el posible recrudecimiento de la represión contra la CNTE.
La grave crisis de derechos humanos que vive México corre el riesgo de escalar aún más, en el contexto de una estrategia deliberada de manipulación y encubrimiento de ejecuciones extrajudiciales cometidas por Policías Federales. Es posible afirmar ello al observar la existencia de un claro patrón por parte de actores oficiales para distorsionar en sus declaraciones los hechos y responsabilizar de los mismos a las víctimas. De esta manera se hace evidente la incapacidad del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y a la sociedad y, por lo tanto, es urgente la necesidad de que instancias internacionales den certidumbre a las investigaciones de estos y otros casos graves de Violaciones a los Derechos Humanos.
Diversos hechos y declaraciones ocurridas en los días anteriores permiten concluir esto. Cabe destacar entre ellos la recomendación de la CNDH sobre los hechos de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, por la documentación de hechos que habían sido denunciados desde que ocurrieron. Pero también esta semana se presentaron ante legisladores “testimonios” de Policías Federales que forman parte de la estrategia ya señalada y reconocida por la CNDH, que en realidad pretenden negar su evidente responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales de Nochixtlan.
En un contexto de gran confrontación social y de cuestionamientos a la legitimidad gubernamental por parte de importantes sectores de la población, la recomendación de la CNDH permite confirmar desde un organismo público autónomo una intencionalidad encubridora en el uso de la infraestructura de comunicación social de la Comisión Nacional de Seguridad, lo cual deriva en la recomendación 14 a dicho organismo:
“DÉCIMA CUARTA. Que los servidores públicos se abstengan de hacer declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza, antes de contar con los resultados de una investigación, sin demérito del derecho a la información.”
Estos hechos que por sí solos resultan sumamente graves, se ven magnificados por dos declaraciones oficiales realizadas esta misma semana. Por una parte, la respuesta del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Gutiérrez, ante la emisión de esta recomendación, no esperó a conocer a fondo la misma, sino que de inmediato declaró a la prensa que se habría tratado de un “uso de las armas (…) necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho, es decir, a nuestra consideración, se actuó en legítima defensa”, reincidiendo en lo señalado.
Pero es importante recordar que unos días antes de esta recomendación, el lunes 15 de agosto, en una entrevista con Joaquín López Dóriga el Presidente Peña Nieto afirmó “el gobierno de la República no tendrá reparo alguno, no tendrá reserva alguna en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden y, sobre todo, para hacer valer el estado de derecho”. Se refería al conflicto con la CNTE, contexto de la represión en Nochixtlán.
En vísperas del regreso a clases, mismo que la CNTE ya ha anunciado que boicoteará, resulta sumamente preocupante este contexto de violencia estatal por lo que hacemos un llamado al Estado mexicano a privilegiar el diálogo y a evitar el uso de la represión. También pedimos a las instancias internacionales de derechos humanos con presencia en México, como la ONU-DH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realicen un monitoreo cercano de la situación y ofrezcan alternativas al Estado mexicano para que no sea ésta quien se investigue a sí mismo.
