Red TDT condena modelo militarizado impulsado por nuevo gobierno en México

  • Llamamos al nuevo gobierno a apostar por un modelo de seguridad civil, que genere condiciones para un retiro gradual de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
  • Nos congratulamos por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior.
  • En días pasados, presentamos un Amicus Curiae para aportar a la SCJN nuestras consideraciones desde una posición crítica de más de 20 años contra la militarización.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) es una convergencia civil de organizaciones que tiene más de 20 años cuestionando con argumentos críticos el modelo militarizado de seguridad pública. En el contexto del debate nacional que se generó en torno a la Ley de Seguridad Interior, en días pasados presentamos un Amicus Curiae [Puede ser consultado al final de este comunicado] donde exponíamos nuestros argumentos históricos al respecto. Hoy hacemos una fuerte condena al modelo militarizado que recién anunció el nuevo gobierno y reiteramos nuestro llamado a apostar por un modelo de seguridad civil.

En el documento presentado ante la SCJN señalamos nuestra preocupación, pues el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en temas de seguridad interior. También ponemos el énfasis en la preocupante decisión de obviar el grave contexto de violaciones a derechos humanos atribuibles a la militarización que se ha documentado desde nuestras organizaciones en el país. Por ello la decisión política de las fuerzas mayoritarias del Congreso pone en duda su convicción democrática.

No podemos olvidar que la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública es contradictoria con la esencia de sus funciones y capacidades. Esto fue reconocido nuevamente en las Observaciones Finales del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitidas apenas el pasado 19 de noviembre en las que insta “al Estado parte a fortalecer a las fuerzas civiles del orden y a establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”.[1]

La gravedad de la situación queda claramente de relieve a la luz de la decisión del pasado 22 de noviembre, de la SCJN tomada después de un largo debate. La magnitud de esta determinación judicial es un reflejo de la importancia del tema, pues es la primera vez en nuestra historia que el máximo tribunal rechaza en su totalidad una Ley al declararla inconstitucional. La fuerza de este posicionamiento de la SCJN contrasta con la intención de minimizar el diálogo al respecto por parte del nuevo gobierno.

En virtud de lo anteriormente expresado nos congratulamos de la firmeza de la SCJN y consideramos que este precedente permitirá dimensionar el debate sobre la participación de las fuerzas armadas en tiempos de paz. Sin embargo, vemos con gran preocupación la rapidez e inconsistencia política de los argumentos de los Diputados de Morena que han presentado diversas iniciativas de Reforma Constitucional que permitirán la creación de la Guardia Nacional adscrita al mando castrense.

Más allá incluso que la defenestrada Ley de Seguridad Interior esta nueva iniciativa pretende elevar la participación militar en labores de seguridad pública a rango constitucional, pues se busca que estén adscritos a dicha institución elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina en labores de seguridad pública y procuración de justicia. Adicionalmente a esto su vinculación orgánica con el Ministerio Público pone en riesgo los avances que el modelo de impartición de justicia está teniendo en México.

Históricamente, la Red TDT ha enfatizado que las labores de seguridad pública deben están encomendadas a mandos civiles. Ese es el mandato actual de nuestra Constitución como ha ratificado la SCJN. Por ello condenamos enérgicamente una iniciativa política que pretende aprobar por vía del fast track —anulando el necesario y evidente debate público al respecto– la presencia de las fuerzas armadas en las calles que ha motivado graves violaciones a derechos humanos.

Es sumamente grave que el grupo parlamentario de MORENA insista en perpetuar un modelo de seguridad militarizado. Es claro que se trata de una provocación al espíritu democrático que se expresó en las urnas el 1 de julio. Aún es tiempo de demostrar los ánimos democráticos de la cuarta transformación. La congruencia política determinará nuestro lugar en la historia.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

[1]  Disponible para su consulta en https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/MEX/CED_C_MEX_FU_1_33066_S.pdf

 

Amicus LSI