Red Solidaria llama al Poder Judicial a incorporar perspectiva intercultural y evitar discriminación contra defensores comunitarios de Nahuatzen
- Consideramos grave que el Juez haya negado acceso a información adecuada, oportuna y veraz sobre la sentencia que se dictaría.
- La naturaleza de las acusaciones y la manera en que el proceso se ha desarrollado muestran una intencionalidad no sólo de criminalizar a los defensores comunitarios José Antonio, José Luis y José Gerardo, sino de imponer un castigo ejemplar a la comunidad.
- Hacemos un llamado particular al Poder Judicial de la Federación para que garantice la incorporación plena y efectiva de la perspectiva intercultural para la atención oportuna de este caso.
La Red Solidaria de Derechos Humanos expresa preocupación por actos de intimidación, criminalización y discriminatorios por parte de instancias de seguridad en el exterior de la Sala 2 del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales. Esta situación se dio en el contexto de la celebración de la audiencia en la que se dictó sentencia a los defensores comunitarios P’urhépecha de Nahuatzen, Michoacán José Antonio Arreola Jiménez, José Luis Jiménez Meza y José Gerardo Talavera Pineda tras más de once meses de su arbitrario encarcelamiento en el Cereso de Uruapan, Michoacán.
Lo más grave de ello es que estos hechos no se circunscribieron a la presencia continua de por lo menos 15 elementos del ejército, 6 elementos de la policía ministerial, 20 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y 6 elementos de los que no se pudo verificar a qué corporación pertenecían. También se dio por parte del juez Victor Hugo Ortiz Margarito, quien mostró poca sensibilidad y falta de trato humano ante la comunidad al negarle a la comunidad incluso la posibilidad de utilizar el baño del juzgado.
En este sentido consideramos grave que el Juez haya negado acceso a información adecuada, oportuna y veraz sobre la sentencia que se dictaría, pues pidió a la comunidad esperar la resolución, en lugar de informarles que tardaría doce horas en dictar la sentencia. Aunado a ello, sólo se permitió el ingreso de algunos de los familiares y autoridades comunitarias a la audiencia.
Los hechos referidos tienen un carácter intimidatorio, criminalizador y discriminatorio. Pero al darse de manera concatenada a una sentencia condenatoria (pese a que la fiscalía no pudo ofrecer pruebas o testimonios que demostraran que los delitos de los que se les acusa, realmente sucedieron) podemos inferir que existe una intencionalidad no sólo de criminalizar a los defensores comunitarios José Antonio, José Luis y José Gerardo, sino de imponer un castigo ejemplar a la comunidad.
Ante ello, hacemos un llamado particular al Poder Judicial de la Federación para que garantice la incorporación plena y efectiva de la perspectiva intercultural para la atención oportuna de este caso y se maneje con la sensibilidad necesaria ante los reclamos de justicia de la comunidad de Nahuatzen, bajo la consideración de que durante más de cuatro años han defendido su territorio, organización política, historia y cultura.
