Pronunciamiento del Consejo Consultivo y Afromexicano de Oaxaca
• “El derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un Derecho Humano fundamental de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, México y del Mundo”.
• “Cualquier opinión o decisión que pretenda anular o restringir este derecho, atenta contra la construcción de una sociedad y un Estado democrático, justo e igualitario; asimismo, atenta contra la existencia misma de nuestros pueblos”.
Hermanos y hermanas:
En fecha reciente, el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, ha expresado que trabajan para que la consulta indígena no sea vinculante. Al respecto, su presidente, Gerardo Gutiérrez Candiani, afirmó: “Estamos trabajando para garantizar la certidumbre jurídica en la parte de registros públicos de la propiedad, tenencia de la tierra y estamos trabajando sobre la consulta indígena que nos afecta, sobre todo en la reforma energética, para que no sea vinculatoria y no nos obstruya los programas de inversión que tenemos” (La Jornada 22 de abril de 2015).
Frente a esta declaración y conscientes de la capacidad de incidencia que tienen los empresarios en los espacios de debate y decisión estatal y nacional, advertimos un riesgo claro de regresión en la implementación de uno de los derechos fundamentales conquistado después de muchas décadas. Por ello, el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, considera de vital importancia fijar su posicionamiento y expresar nuestra voz ante tales aseveraciones:
a) Recordamos a los empresarios y a la nación entera que somos pueblos indígenas, herederos de nuestros padres y abuelos, quienes vivieron en estas tierras desde antes del establecimiento de las actuales fronteras Estatales, por tanto, somos propietarios y propietarias ancestrales de las tierras y los bienes naturales o recursos naturales existentes en nuestros territorios. Ésta es una verdad histórica innegable.
b) Afirmamos que “Nunca más un México sin nosotros y nosotras”, nunca más un despojo, un desplazamiento de comunidades y pueblos, un saqueo de nuestras riquezas en nombre de la ley, del desarrollo, del progreso o del Estado de derecho. Durante mucho tiempo, nuestras comunidades y pueblos habían sido ignorados por la Ley y por tanto por el llamado Estado de derecho, por lo que, al igual que en la época colonial, la ley impuesta a nuestros pueblos fue el principal argumento para la agresión y el etnocidio, muchas de ellas plenamente documentadas. Los beneficiarios de este esquema, son los ricos de hoy, ellos si vieron concretar el progreso y el desarrollo en sus patrimonios a costa de nuestros pueblos.
c) Resaltamos que desde 1991 y con mayor fuerza con la reforma Constitucional indígena de 2001 y de derechos humanos de 2011, nuestras comunidades y pueblos fueron considerados por la Constitución y la ley. Después de más de 500 años de indiferencia y agresión, se establecieron un conjunto de derechos para superar las condiciones de discriminación, pobreza, marginación y falta de participación en la toma de decisiones, entre ellos, el derecho a la consulta y el consentimiento libre previo e informado. Con tales reformas, la verdad histórica se convirtió en verdad legal tutelada por nuestra Constitución Federal, el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
d) En lo fundamental, el ejercicio de este derecho implica el mandato constitucional y convencional de un diálogo democrático, libre, transparente, informado y sustantivo para tomar acuerdos respecto de medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar a nuestros pueblos, especialmente respecto de ”proyectos de desarrollo” que tienen lugar en nuestros territorios. En definitiva, el proceso de consulta, es y debe ser el establecimiento de una normalidad caracterizada por el diálogo y la construcción de acuerdos, como debió haber sido desde el establecimiento de nuestro país, pues es una característica sustancial y concomitante de un Estado democrático y de leyes; asimismo, en su parte sustantiva, la consulta debe generar acuerdos para que en caso de establecerse los proyectos, generen beneficios colectivos y no para unos cuantos. Sólo así será posible un “México con sus Pueblos Indígenas”.
Por todo ello, las afirmaciones del Consejo Coordinador Empresarial, anuncian la posibilidad de un grave retroceso, es una vuelta al pasado colonial y de los primeros años de nuestra vida independiente, situación que no permitiremos en modo alguno. Al respecto con toda objetividad cabe preguntar: ¿México es sólo de los empresarios?, ¿Ellos tienen la verdad absoluta respecto del futuro que merecemos como nación?, ¿La propiedad sobre nuestras tierras y recursos o bienes naturales, no tiene ninguna validez ni implicación?, ¿En México, no hay lugar para el diálogo y la construcción de acuerdos?, ¿A pesar de nuestros derechos fundamentales, estamos condenados a vivir la imposición y sus consecuencias?
Cabe decir que la ausencia de diálogo y acuerdos, son el escenario propicio para la incertidumbre de las inversiones, aún de aquellas que ya se encuentran instaladas, pues el sólo transcurso del tiempo, no puede convalidar la violación de los derechos de los Pueblos Indígenas. Por eso, llamamos a la mesura y la objetividad, al diálogo y al entendimiento, que tenga como premisa fundamental la construcción de una nación democrática, justa e igualitaria para todos y todas.
Oaxaca de Juárez, 23 de abril del 2015.
Atentamente
CONSEJO CONSULTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO DE OAXACA.
CARMEN SANTIAGO ALONSO
COORDINADORA
