Movilidad humana en la frontera sur de México: entre el asedio y la esperanza

  • Visita de personas defensoras a Tenosique, Tabasco, documenta violaciones a derechos humanos perpetradas por autoridades migratorias.
  • Defensores comunitarios, familias solidarias y albergues para migrantes resguardan la vida e integridad de cientos de personas en movilidad.

04 de Noviembre de 2021

Ante el incremento de la violencia e inseguridad en la frontera sur de México, los días 11 y 12 de octubre una brigada de personas defensoras de derechos humanos realizaron tareas de documentación a través de distintas rutas migratorias que parten de la línea fronteriza con Guatemala a la ciudad de Tenosique, Tabasco, y otros puntos que recorren personas migrantes en su viaje hacia otros lugares del país.

Durante la visita se documentó la persistencia en la comisión de delitos y violaciones a derechos humanos que sufren las personas migrantes en su tránsito por Tenosique y alrededores, así como la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que defienden derechos humanos brindando asistencia humanitaria a quienes migran de sus lugares de origen por el contexto de violencia de sus países.

La situación de inseguridad y violencia continúa de forma preocupante en las rutas migratorias. Si bien, el Covid-19 modificó las dinámicas del flujo migratorio, esto no redujo los riesgos a los que está expuesta la población en movilidad, por el contrario, las diversificó agravando la crisis sanitaria y alimentaria a la que se ven expuestas las personas que se movilizan en el contexto de pandemia.

Algunos indicativos de esta situación se constataron durante los recorridos, en los que personas migrantes mencionaron haber sido víctimas/testigos de algún delito o violación a sus derechos humanos que van desde la extorsión, agresiones físicas, secuestro, trata de personas, falta de acceso a servicios médicos y humanitarios, negación de solicitudes de asilo y deportación durante su tránsito por estas rutas.

Por otra parte, quienes brindan asistencia humanitaria hicieron notar que las obras por la construcción del Tren Maya y el recrudecimiento de las políticas migratorias actuales redujeron el tránsito de personas migrantes, sin embargo, estas en su paso continúan siendo víctimas de delitos y violaciones a sus derechos, muchas veces no denunciados por la falta de confianza en las instituciones y su ineficiencia para investigar. A esto se suma el fortalecimiento de redes criminales con la pandemia, quienes operan de manera impune asaltando, extorsionando, secuestrando y amenazando a personas migrantes.

Algunas de las situaciones mayormente denunciadas son: hostigamiento, intimidación, retenes y detenciones arbitrarias con uso excesivo de fuerza por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y Guardia Nacional (GN), la implementación de rondines aleatorios en comunidades para detener a migrantes y como método intimidatorio contra personas que brindan asistencia humanitaria, la ausencia de seguridad pública en zonas con presencia de redes criminales, la falta de acceso a la justicia entre otras.

Es claro que los operadores de las políticas de seguridad y del sistema de justicia en todos sus niveles carecen de voluntad política para atender a las víctimas. De la misma manera, se tuvo conocimiento de la falta de condiciones, indolencia y trato burocrático de las autoridades migratorias hacia la población migrante que obstaculiza la regularización de su estancia en el país, exponiéndoles al riesgo de ser víctimas de algún tipo de delito, además de limitar sus oportunidades en la búsqueda de empleo o tránsito a otros lugares del país.

Los recorridos realizados durante esta brigada, integrada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes y el Colectivo Ansur, ofrecen un panorama del ejercicio de solidaridad y compromiso de las personas que brindan asistencia humanitaria y defienden los derechos de las personas migrantes, su vinculación con la colectividad y la forma de afrontar las adversidades en sus diferentes entornos organizativos para continuar con su labor.

En este sentido, nos resulta alarmante que las condiciones reales en esta región no sólo no están mejorando, sino que hemos constatado signos claros de que la situación empeora de manera preocupante, lo cual afecta significativamente a la labor de defensa que realizan distintas personas en la zona, poniéndoles en mayor riesgo de sufrir agresiones, amenazas y hostigamiento sin que haya una respuesta de las autoridades ante estas situaciones, incluyendo al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras. Ejemplo de lo anterior son los incidentes recientes en “La 72 Hogar-refugio para migrantes” en Tenosique, Tabasco y el “Albergue Betania Santa Martha” en Salto de Agua, Chiapas.

La brigada de documentación estuvo en el puente fronterizo de El Ceibo, en donde atestiguo la deportación de migrantes en autobuses provenientes de Villahermosa, Tabasco, quienes manifestaron que independientemente de su nacionalidad son trasladados a Corinto, en la frontera de Guatemala y Honduras en un viaje de aproximadamente 13 horas en el que solo cuentan con el auxilio humanitario de la Casa del Migrante Belén, único albergue no gubernamental en El Ceibo. Una vez en Corinto cientos de migrantes son expulsados sin mayor explicación y desde ese lugar comienzan a trasladarse, unos a sus lugares de origen y otros nuevamente a México.

Algunas conclusiones de esta visita que realizamos son:

1.    El recrudecimiento de las políticas migratorias ha generado un ambiente propicio para el aumento de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades contra la población migrante, que no son investigadas ni castigadas. Preocupa en este sentido, la falta de información tanto de las autoridades mexicanas como de Guatemala en la detención y expulsión de personas migrantes.

2.    La violencia e inseguridad en la región ha rebasado la capacidad operativa a nivel municipal, por lo que la impunidad contribuye al aumento de delitos cometidos contra migrantes que continúan sin investigarse ni castigarse. A esto se suma, la invisibilización de la problemática y la falta de voluntad política de las autoridades estatales y municipales para proteger, respetar y garantizar derechos humanos.

3.    Es evidente la falta de garantías de las autoridades para que las personas defensoras de derechos de personas migrantes puedan ejercer su labor. Tenemos una importante preocupación por el hostigamiento y criminalización en su contra, por ello responsabilizamos al Estado mexicano de cualquier afectación u obstaculización a su trabajo de defensa de derechos humanos.

Reconocemos la importante labor de personas y organizaciones de la sociedad civil que de manera cotidiana y en la medida de sus posibilidades brindan asistencia humanitaria y defienden los derechos de personas migrantes ante el panorama tan adverso que persiste en la región.

Es obligación del Estado mexicano prevenir los delitos y violaciones a derechos humanos, terminar con la corrupción de las autoridades, además de ofrecer alternativas viables de desarrollo a las personas que viven o transitan por la región.

Desde la Red TDT nos mantendremos observantes de la situación en la región, en especial de las violaciones a derechos humanos en contra de las personas migrantes y personas defensoras; así como de las acciones que sean emprendidas por las autoridades competentes.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)

(conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)

La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes

Colectivo Ansur

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