Manual para la Defensa de los Derechos Humanos de Mujeres y Personas Indígenas en el Sistema Penal Acusatorio.
El Sistema de Justicia Penal inquisitivo en México hasta 
2008, mostró serias deficiencias para cumplir con su principal finalidad: procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial. El incumplimiento de este objetivo derivó en prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, saturación, retraso judicial y violaciones a derechos humanos, circunstancias que permitieron la permanencia de la impunidad.
Ante este panorama, el Estado Mexicano con la finalidad de lograr la consolidación de un Estado Democrático y respetuoso de los Derechos Humanos, realizó una serie de reformas constitucionales que transformaron el Sistema de Justicia Penal en junio de 2008.
Estas reformas constitucionales implican el rediseño del sistema de justicia mexicano para lograr la transición de un sistema de justicia inquisitivo mixto hacia un sistema acusatorio. Siendo dos de los retos más importantes para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la creación de nuevas instituciones y la capacitación de autoridades, estudiantes y personas interesadas en el proceso penal.
Aunado a lo anterior, el rediseño del sistema de justicia mexicano tiene como objetivo mejorar el desempeño en la procuración e impartición de justicia, establecer un sistema de igualdad entre las partes y lograr el reconocimiento y protección pleno de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en la materia.
Por otro lado, la reestructuración del Sistema de Justicia también debe incluir esfuerzos que restrinjan prácticas sistemáticas que han obstaculizado el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, particularmente en casos de mujeres y personas indígenas.
Diversos organismos nacionales e internacionales han documentado estas prácticas en procesos penales que involucran a personas indígenas tales como: la ausencia de un intérprete y/o traductor(a) que conozca la cultura de las personas sujetas a un proceso penal, así como la insuficiencia de defensores(as) indígenas o personas expertas en derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, en el caso de las mujeres, el derecho de acceso a la justicia y el respeto a las garantías del proceso se ven transgredidos en tanto se le asignan roles, atributos o características que vulneran su integridad y dignidad a partir de su género.
La inclusión de la perspectiva de género y el respeto a la interculturalidad son aspectos necesarios que se deben introducir en el análisis jurídico para procurar erradicar argumentos estereotipados e indiferentes al derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación. Derechos que son de reconocimiento obligatorio en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio para impedir que continúen las violaciones a los Derechos Humanos a los que se enfrentan las mujeres y personas indígenas en un proceso penal.
Frente a esta situación, el Manual para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos de Mujeres y Personas Indígenas en el Sistema Penal Acusatorio pretende constituirse como un instrumento útil y de acercamiento a las diversas etapas del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Esto a través de referencias concretas a los principales instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos aplicables durante el proceso penal para introducir la perspectiva de género e interculturalidad en la interpretación y aplicación de la ley.
El Manual toma como base el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) publicado en marzo de 2014. El cual permite unificar la legislación procesal y establece criterios uniformes para todo el país.
