Ineficacia del Estado pone en riesgo seguridad y estabilidad del país; signos de que las alternativas tendrán que surgir de la sociedad civil: Red TDT

  • Funcionarios del Estado pretenden eludir su responsabilidad en la crisis de derechos humanos minimizando hechos, cuestionando evidencias y responsabilizando a las víctimas no sólo en caso Palmaritos sino como una política de propaganda.
  • Violencia criminal y estatal no es fruto de errores metodológicos, sino de políticas públicas erróneas que implican responsabilidades legales para personas concretas.
  • El asesinato artero de la defensora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez el día de las madres no es casual, sino una estrategia de desmovilización social.

La ineficacia del Estado mexicano alcanza un nivel grave que pone en riesgo no sólo la seguridad, sino la estabilidad nacional. Ante hechos de suma gravedad no sólo desde una mirada de derechos humanos, sino incluso de gobernabilidad, representantes de distintos niveles de gobierno minimizan las evidencias y pretenden dsitraer el debate nacional ante su evidente incapacidad para garantizar a la población sus derechos más básicos. En este contexto la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) exige a los funcionarios del Estado que renuncien a la simulación y llama a la sociedad civil a fortalecer sus articulaciones para continuar la construcción de alternativas técnicamente viables que ofrezcan una vía de salida a la actual crisis de derechos humanos.

Las respuestas de los funcionarios del Estado en sus distintos niveles sólo buscan alimentar la desesperanza de la población y la certeza de que esta crisis no tiene salida: ante un operativo que dejó como resultado seis civiles y cuatro militares muertos, en el cual se ha denunciado la ejecución por parte de militares de uno de los civiles en Palmaritos, Tochapan, Puebla, la respuesta de estos actores públicos es minimizar los hechos, cuestionar las evidencias y responsabilizar a las víctimas no sólo en el caso de Palmaritos sino como una política de propaganda.

Ello no es inaudito, pues no se pretende encubrir a un militar desbordado por el stress o a un mando que haya comunicado una orden ilegal: se busca ocultar la incapacidad de un sector de la sociedad que además ha logrado una bonanza a partir de la barbarie. Las personas en función pública están sujetas a responsabilidad por sus acciones, por lo cual es inminente reconocer que, más allá de los hechos denunciados, existe una realidad en la cual las más de 23 mil muertes violentas del 2016 reportadas por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (que nos colocan sólo debajo de Siria a nivel global) no es fruto de errores metodológicos  en los estudios que reflejan sus resultados, sino de políticas públicas erróneas que implican responsabilidades legales para personas concretas.

Por si las escandalosas cifras citadas no describieran la brutalidad de la descomposición que vivimos, basta el doloroso botón de muestra de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Madre valiente y defensora de los derechos humanos decidida, cálida y vivaz fue asesinada en su casa la noche del día de las madres, como para confirmar la consigna que miles de familias lanzaron por la mañana de ese mismo día al exigir la presentación con vida de sus hijos desaparecidos: #NoHayNadaQueCelebrar. Es importante destacar que ella había advertido a las autoridades del riesgo que corría y había solicitado protección que le fue negada. No parece una casualidad la forma en que se instrumentó su asesinato, sino una estrategia de desmovilización social.

Pero creemos que la sociedad no debe de confundirse. Tampoco estos hechos responden al infortunio o a la fatalidad. La muerte y la desaparición de civiles y de personas defensoras de derechos humanos tienen responsables que trascienden a quienes cometen esos delitos de manera material e intelectual. Para empezar, los funcionarios públicos que han sido incapaces de honrar sus compromisos y aprobar una Ley sobre los distintos tipos de desapariciones que cumpla con las exigencias de las familias y con los compromisos internacionales del Estado mexicano. Pero además, las políticas públicas que han permitido que esto ocurra han sido diseñadas e instrumentadas por funcionarios que tienen nombre y apellido.  E insistimos, que esto implica responsabilidades políticas e incluso penales.

Este laberinto de violencia y desesperanza, sin embargo, tiene salidas: el trabajo constante y comprometido de las organizaciones de la sociedad civil, así como las articulaciones legítimas y creativas, como es la construcción, denuncia y exigencia colectiva que realizan las 84 organizaciones que componen a la Red TDT, así como otros  que aportan técnicamente en la construcción de salidas a esta crisis como son #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva en las que participamos. Lo grave parece ser que los principales responsables de esta crisis están obstinados en negarla y mirar hacia otro lado.

Cuando los caminos del diálogo parecen cerrarse, la sociedad civil advierte que el pueblo está legitimado para buscar alternativas a la violencia y la inseguridad que el Estado no puede resolver. Es inaceptable la crisis en la que estamos sumidos, pero lo es aún más el cinismo y la incapacidad de los funcionarios del Estado que miran a otro lado. Ante la barbarie y la violencia, parece cada vez más claro que sólo la sociedad civil puede impulsar una paz con justicia y dignidad, aunque dicha responsabilidad sea del Estado y sus funcionarios. Han teñido a mayo de rojo, pero nosotros lo volveremos emblema de la esperanza.

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).