IMDHD | Fallas, omisiones y tratos revictimizantes hacia familiares de personas desaparecidas por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz

El día 19 de marzo de 2017 en una rueda de prensa ofrecida desde el World Trade Center de Boca del Río[1], el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz dio a conocer el hallazgo de ocho fosas clandestinas en un terreno ubicado en la comunidad denominada el Arbolillo, municipio de Alvarado, donde se recuperaron al menos 47 cráneos y otro número aún indeterminado de restos humanos.

El Fiscal también informó que existen “indicios sólidos” de que en tales fosas se encuentran los cuerpos de tres integrantes de la familia “Sánchez Pérez”, originaria de Querétaro y de Baruch Grajeda García e Isaías Jácome Hernández, originarios de Veracruz, todos desaparecidos en tal entidad en 2016. Sin embargo, no se precisa cuáles son tales indicios, aunque se sabe que se trata de ropas, credenciales y tarjetas personales ubicadas en el lugar del hallazgo.

Manifestamos nuestra preocupación por la forma en que el titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha dado a conocer esta información. En primer lugar, porque tenemos conocimiento que ni las víctimas indirectas o sus representantes, fueron informadas personalmente y previamente de este hallazgo, conforme a los protocolos aplicables, sino que se enteraron mediante la prensa, lo que les generó gran impacto, desesperación, dolor e incertidumbre. Esto se ve magnificado, dado que a partir de esta comunicación, diferentes medios de prensa dan por sentada la identidad de los restos, sin que existan evidencias concluyentes al respecto.

En segunda instancia, remarcamos que las conclusiones ofrecidas por el titular de la FGE ante la prensa, no solo son precipitadas e insensibles, sino que son contrarias a lo establecido por las normas y protocolos nacionales e internacionales aplicables en materia de búsqueda de personas desaparecidas e implican violaciones a los derechos humanos reconocidos en favor de las víctimas, en particular, su derecho a la intimidad y a la no revictimización y a los principios de dignidad, debida diligencia, máxima protección y participación conjunta previstos en la Ley General de Víctimas.

Se adelanta la noticia de la localización sin vida de personas sin que esto se sustente en datos probatorios ni evidencia sólida y científica respecto a la identidad de los restos localizados, dado que al momento de dar a conocer la información correspondiente no se había dado inicio siquiera a algún procedimiento de identificación forense.

En tal sentido, hacemos nuestra la preocupación externada por la organización Desaparecidos Justicia A.C. con sede en Querétaro, que acompaña el caso de la familia Sánchez Pérez, publicada en sus cuentas de redes sociales[2], en la que se evidencia que la Fiscalía General ni siquiera tiene la certeza de contar con los perfiles genéticos de las familias afectadas, dado que como también se hizo público recientemente, muchas muestras fueron extraviadas e incluso ni siquiera fueron practicadas durante la pasada administración, sin que esta situación se haya regularizado hasta el momento, so pretexto de la falta de recursos.

De este modo, consideramos que es un acto irresponsable dar a conocer estas informaciones que representan únicamente hipótesis sustentadas en indicios, que no han sido corroboradas por los medios científicos y legales pertinentes.

Alarma de sobremanera este actuar, tendiente a generar cierta percepción social sobre los resultados en la localización de personas desaparecidas a través de estrategias mediáticas sensacionalistas, que no son respetuosas de los derechos de las víctimas ni de las normas convencionales y constitucionales en la materia y que contravienen protocolos cuya aplicación la propia Fiscalía ha aceptado como obligatoria.

La preocupación se hace extensiva al tratamiento que se ha dado durante los últimos días respecto a los cientos de restos recuperados en el predio Colinas de Santa Fe, que ha conducido, incluso, a una sobreexposición y confrontación mediática hacia el Colectivo Solecito y su coordinadora Lucía Díaz Henao.

Sin duda, es derecho de las familias ser informadas de los avances en las indagatorias y procesos de búsqueda y localización y de la sociedad en general, el conocer sobre estas graves violaciones a derechos humanos; sin embargo, esto no puede ser motivo de mayor victimización.

Por lo anterior, exigimos:

     Al titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para:

–       Establecer de inmediato mecanismos de comunicación directa con las familias y colectivos y sus representantes y acompañantes y de coordinación, no solo a cargo de la de la Fiscalía Especial para la Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas, sino de todas las instancias de la FGE que tengan a su cargo aspectos relacionados con personas cuyo paradero se desconoce, a raíz de la comisión de diferentes ilícitos, dadas las reglas de competencia territorial y especialización y la intervención de otras áreas sustantivas en los procesos de investigación, búsqueda e identificación.

–       Garantizar la aplicación de los protocolos en la materia, en especial el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas (apartado 4.2) que indica que las notificaciones respecto a la localización sin vida de personas deben efectuarse directamente a los familiares, una vez que exista el dictamen forense multidisciplinario correspondiente que arroje una identificación positiva y de acuerdo con los principios previstos en la Ley General de Víctimas.

–       Facilitar todos los medios para que las familias afectadas por estos hechos y sus representantes acudan cuantas veces sea necesario a las instalaciones de la Fiscalía General a recibir o aportar información que garantice su participación y certeza en el proceso de identificación de restos hasta su total conclusión.

–       Agilizar los procedimientos de identificación forense de los restos localizados en Alvarado y Colinas de Santa Fe, dado el sufrimiento e incertidumbre generados por la información dada a conocer en medios de comunicación.

–       Reforzar las acciones tendientes a contar con estrategias de comunicación que garanticen un tratamiento adecuado de las informaciones referentes a hallazgos de restos y un trato digno hacia las víctimas directas e indirectas y la protección, respeto y garantía plena de sus derechos.

Al Gobierno del Estado de Veracruz, para:

–       Establecer de inmediato un mecanismo o grupo de coordinación de todas las instancias federales, estatales y municipales competentes para la elaboración e implementación urgente de un Plan de Exhumaciones y de Identificación de restos localizados y por localizar en fosas clandestinas y fosas comunes irregulares de panteones de la entidad, con la participación de las víctimas y sus representantes, expertos independientes, organismos de derechos humanos y organizaciones internacionales, dada la diversidad de instancias que deben involucrarse en este proceso, que no compete exclusivamente a la Fiscalía.

–       Establecer, de igual manera, un mecanismo o grupo de coordinación con las mismas características, para la elaboración e implementación urgente de un Plan de Búsqueda de personas desaparecidas, dados los mínimos avances que se tiene hasta el momento.

–       Priorizar la asignación de recursos para el establecimiento de una política pública integral para la atención de la problemática referente a la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos o efectuar las gestiones para la obtención de recursos extraordinarios para atender esta grave problemática.

 

Ciudad de México, 21 de marzo de 2017

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.