ProDH y CEJIL | Exigen cumplimiento del Estado mexicano por caso campesinos ecologistas  

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2016

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchó esta mañana los alegatos del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas en la revisión del cumplimiento de la sentencia en el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera contra el Estado mexicano.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ㅡorganizaciones representantes de las víctimasㅡ expresaron su preocupación ante la Corte por el incumplimiento de algunos puntos de la sentencia que el órgano internacional emitió en 2010.

“Este caso ejemplifica las deudas que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos. Son deudas históricas, que siguen impactando en la sociedad y lo vemos, por ejemplo, con las denuncias penales por tortura ante instancias internas que quedan impunes”, declaró Marcia Aguiluz, responsable de CEJIL por el programa de Centroamérica y México.

Las organizaciones resaltaron la falta de avances en la investigación por las torturas sufridas por las víctimas, a 17 años de los hechos y 6 de dictada la sentencia. A la fecha, no hay responsables sancionados por la tortura y detención arbitraria de Cabrera y Montiel, mientras que las familias de los campesinos ecologistas aún padecen los impactos de la falta de justicia, como el desplazamiento del estado de Guerrero.

Las organizaciones denunciaron que el sistema de registro de detenidos no controla la legalidad del procedimiento desde el momento de la detención. El registro actual opera desde que la persona es puesta a disposición del Ministerio Público, lo que deja brechas de tiempo en las que se generan vulneraciones a derechos humanos como retenciones prolongadas, torturas y tratos inhumanos.

Las organizaciones también exigieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado mexicano cumpla con su obligación de adecuar su Código de Justicia Militar a los estándares internacionales. Este punto aún está pendiente para cumplir con la decisión de la Corte.

Actualmente, en la jurisdicción militar aún se puede investigar violaciones de derechos humanos que se cometan por las Fuerzas Armadas, abriéndose dos procedimientos paralelos: uno en el fuero militar y otro en el fuero civil, que aplican tipos penales distintos sobre los mismos hechos. Esta decisión, expusieron las organizaciones, contraviene la independencia en las investigaciones y repercute en la impunidad en que los delitos puedan quedar.

El caso probó la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos de los señores Montiel y Cabrera, campesinos y miembros de una organización ambientalista, que fueron detenidos arbitrariamente por el Ejército en 1999. Una vez capturados, fueron víctimas de tortura y forzados a firmar una declaración inculpatoria falsa por delitos de portación de armas y de cultivo de marihuana.

En 2001, un decreto presidencial del entonces presidente Vicente Fox les permitió salir de la cárcel por razones de salud. Sin embargo, no fue reconocida su inocencia por los delitos que falsamente les fueron imputados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que las sentencias de la Corte IDH son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano. El órgano interamericano ha exigido medidas estructurales para transformar prácticas que generan violaciones a derechos humanos. Sin embargo, estas no han sido plenamente cumplidas por el Estado, sobre todo en lo referente al acceso a la justicia para las víctimas.

Después de la audiencia realizada hoy, la Corte IDH preparará una sentencia de supervisión de cumplimiento a casi 6 años de haber resuelto el caso, que será puesta en conocimiento de la Asamblea General de la OEA. Los resultados servirán como un indicador de la voluntad política del Estado de cumplir las sentencias vinculantes del Sistema Interamericano, así como para erradicar la tortura en el país.