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Desapariciones forzadas
En México, la ley1 distingue dos tipos de desaparición forzada
La primera cuando agentes del Estado o personas que actúan con su apoyo privan a alguien de la libertad y ocultan su paradero, o cometida por particulares, cuando actores no estatales desaparecen a alguien sin intervención directa de autoridades.
En la práctica, esta distinción es difusa:
La omisión, la falta de investigación y la colusión de funcionarios hacen que incluso desapariciones atribuidas a particulares impliquen responsabilidad estatal. Muchas responden a intereses de redes criminales y actores económicos, pero forman parte de un fenómeno transexenal y estructural, sostenido por factores políticos, sociales y económicos. Incluso las desapariciones de migrantes, que no aparecen en los registros oficiales, evidencian la magnitud y la complicidad del Estado frente a esta grave crisis de derechos humanos.
El gobierno actual (al igual que los anteriores) se niega a reconocer su vigencia y responsabilidad en estos casos
Las recientes tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2025 señalan que la desaparición forzada no es solo un delito, sino también una violación a los derechos humanos. Por ello, debe ser atendida de manera integral e interdisciplinaria, tanto en la búsqueda como en la investigación, con el fin de dar con el paradero de las personas víctimas de desaparición forzada y con los responsables.
Hasta hace algunos años la cifra de cuerpos sin identificar era de más de 72 mil. Esta cifra no está actualizada, lo que evidencía una incapacidad para atender el tema. En México existe una crisis forense.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)2 , en México se registra un total de:
Ante estos datos, existe una diferencia abismal con las cifras reportadas por colectivos de familiares de personas desaparecidas por particulares, las cuales han denunciado un subregistro de casos desde el 14 de diciembre de 2023, que se dieron a conocer los resultados de la Estrategia Nacional, donde decenas de miles de víctimas de desaparición forzada y por particulares fueron clasificadas en categorías que resultaron confusas para sus familiares, señalando que más de 260 registros están mal clasificados: desde hijos de mujeres que lideran colectivos de búsqueda y que durante años han exigido justicia, hasta casos de desaparición ocurridos en la “guerra sucia” y víctimas que cuentan con resoluciones de organismos internacionales de las Naciones Unidas.3
En un documento realizado por Data Cívica4, se encuentran diferencias importantes en los perfiles de las víctimas de desaparición en México. Siendo la primera que los hombres suelen desaparecer con mayor frecuencia que las mujeres, representan poco más del 50% de los casos de desaparición por particulares. Y la segunda, que es la edad, donde las mujeres desaparecidas tienen un rango principalmente de 12 a 17 años que representa en promedio el 22% de los casos anuales, y en el caso de los hombres de 30 a 44 años, el 16%.
En el mes de noviembre del 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó la cifra de personas desaparecidas en el país, establecido en el último registro elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con el argumento de que había una intención de afectar su gobierno al manejar estos altos números. Por lo tanto, el gobierno federal ha mantenido una estrategia de reducir la cifra de desaparecidos mediante un nuevo censo y mantiene su insistencia en negar la eliminación de datos de personas que permanecen sin localizar en el nuevo censo.
Resulta particularmente preocupante la preponderancia de desapariciones de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. Conforme al RNPDNO, sólo en el primer trimestre del 2024, las mujeres de esta edad representaron el 44% del total de mujeres desaparecidas por particulares. Asimismo, en la entidad al 13 de mayo de 2024 se encuentran desaparecidas por particulares mil 203 niñas, niñes, niños y adolescentes de hasta 17 años de edad. Frente al alarmante número de personas desaparecidas por particulares en la entidad, las acciones de investigación han tenido muy pocos resultados que deriven en procesos judiciales o hasta una sentencia, lo que representa un alto nivel de impunidad. La Fiscalía del Estado de Jalisco tan sólo ha logrado 31 sentencias condenatorias por los delitos de desaparición cometida por particulares5. Esto equivale a que menos del 1% de los casos de desaparición tengan acceso a la justicia a través de una sentencia que sancione a las personas responsables.
Entre diciembre de 2006 y agosto de 2023, al menos 93 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición en México
Los estados de Guerrero, Michoacán, Sonora, Jalisco y Oaxaca —sobre todo en regiones con minería y tala— concentran la mayoría de los casos. Hoy, la desaparición se confirma como otra forma de agresión extrema: cuatro de cada diez víctimas siguen sin ser encontradas y, entre quienes aparecen, la mayoría son halladas sin vida6.
83
Hombres
39
No han sido localizadas
18
Aparecieron con vida
94
Personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas
10
Mujeres
36
Fueron halladas sin vida
62
Pertenecían a pueblos indígenas
Quienes integran colectivos de búsqueda —principalmente familiares organizados que asumen la tarea que debería corresponder al Estado— enfrentan una doble violencia: por un lado, la criminalización, estigmatización y deslegitimación de su labor, y por otro, agresiones directas, amenazas y asesinatos.
De acuerdo con la organización Artículo 19, de 2010 a 2025 han sido asesinadas 36 personas buscadoras. 2025 es el año más letal, con al menos 8 casos hasta septiembre.
Es por ello que resulta fundamental sumarse a las Brigadas de Búsqueda, difundir, salir a las calles en fechas emblemáticas o convocatorias específicas, exigir a los gobiernos que cada paso que den sea con la aprobación de las familias, pues son ellas las que colocan el cuerpo en territorios asolados por la violencia y la impunidad para realizar la búsqueda de sus familiares en un acto de amor y compromiso.
