ASILEGAL presenta Informe sobre el acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en Chiapas y Oaxaca

Ciudad de México a 7 de noviembre de 2017

Con el objetivo de documentar las persistentes violaciones a derechos humanos que sufren las personas indígenas cuando se enfrentan al sistema de justicia penal mexicano, ASILEGAL realizó doscientas tres entrevistas en once Centros de Reinserción Social de Chiapas y Oaxaca, estados que concentran el 45% de la población indígena nacional. El producto de la investigación es el Informe “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en Chiapas y Oaxaca”.

En el país existe una población hablante de lengua indígena de 7 millones 173 mil 534 personas[1] que día con día enfrenta una gran violencia estructural. Esta violencia se intensifica en el ámbito del acceso a la justicia donde deben sortear múltiples obstáculos para salvaguardar su libertad.

De las 209, 782 personas privadas de libertad que existen a nivel nacional[2], hasta mayo de 2017, 7 mil 433 pertenecían a un pueblo o comunidad indígena[3]. En Chiapas, el porcentaje de personas indígenas privadas de libertad es de 6.77% y la mayoría perteneciente al pueblo tseltal[4]; en cuanto a Oaxaca, el porcentaje es de 30.8% y la mayoría pertenece al pueblo indígena zapoteco[5].

De acuerdo con la información recabada, las personas indígenas privadas de libertad son objeto de graves violaciones a sus derechos humanos relacionadas particularmente con los siguientes aspectos: la detención, la aplicación de la prisión preventiva, el acceso a un intérprete traductor, el acceso a una defensa adecuada y las condiciones de vida dentro de los Centros de Reinserción Social.

En cuanto a la detención, se identificó que en la mayoría de los casos éstas fueron realizadas en un marco de ilegalidad. En Chiapas, al 83% de las personas detenidas no se les mostró una orden de aprehensión y el 77% no entendió el motivo de su detención. En Oaxaca, el porcentaje de personas a las que no se les mostró una orden de aprehensión también fue de 83% y en esta entidad el 52% de las personas entrevistadas mencionó no haber entendido el motivo de su detención.

Un dato alarmante es la tortura a la que son sometidas las personas indígenas durante esta etapa del proceso. En Chiapas, el 32.55% de las personas entrevistadas mencionó haber sufrido algún acto de tortura durante la detención y en Oaxaca el porcentaje fue de 50%[6].

En cuanto a la cantidad de personas indígenas privadas de libertad sin una sentencia, es decir, bajo la medida cautelar de prisión preventiva, el porcentaje es por demás alarmante en ambas entidades. En Chiapas, asciende a 52.8% y en Oaxaca es de un gravísimo 97.4%.

Respecto a la obligación del Estado de brindar la asistencia de un intérprete traductor a cualquier persona indígena sujeta a proceso se identificó que en Chiapas el 42% de las personas no contó con ese derecho y en Oaxaca el 40% tampoco contó con la asistencia. Respecto a si entendieron o no lo que el intérprete tradujo, en Chiapas, el 42% no comprendió lo traducido y en Oaxaca el porcentaje de personas que no comprendieron fue de 46%.

En cuanto al derecho a la reinserción social, se observó que en los Centros de reclusión no existen las condiciones adecuadas para que las personas indígenas puedan llevar una estancia con dignidad. En todos los Centros se registró la persistente carencia de servicios básico como el de salud y educación adecuados a sus necesidades. Además, muchas de las personas indígenas se encuentran en Centros lejanos a su comunidad lo que los pone en una situación de abandono y gran vulnerabilidad.

México, sin duda, cuenta con un vasto ordenamiento jurídico en materia de derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas, sin embargo, como se podrá constatar en éste Informe, esos derechos están muy lejos de ser una realidad. Esperamos que este esfuerzo constituya una herramienta de trabajo a través de la cual, desde las instituciones y desde la sociedad civil, busquemos mecanismos para lograr el respeto del derecho de acceso a la justicia de las personas indígenas privadas de libertad.