OSC: Ley de Seguridad Interior no es solución a problemas de seguridad en el país

• Organizaciones y ciudadanía analizan en Foro los riesgos de la Ley de Seguridad interior.
• Insisten en la necesidad de que los actores políticos consulten a la ciudadanía en relación a la Ley de Seguridad interior y otras leyes que afecten DH.

Querétaro, Qro, 13 de septiembre de 2017.- La mañana de hoy se llevó a cabo el Foro informativo sobre la Ley de Seguridad Interior: Riesgos para la población civil ante la seguridad pública militarizada, con el objetivo de analizar los impactos de la Ley de Seguridad Interior y debatir las implicaciones de la participación de las Fuerzas Armadas en las actividades de seguridad pública en el Estado de Querétaro y el país.

Contó con la participación de representantes de organizaciones civiles y personas de carácter regional y nacional. El Foro fue abierto por Luis Tapia Olivares, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien ofreció un contexto de la historia reciente del proceso de militarización que vive el país desde el año 2007. Puso un énfasis en que la militarización fue una decisión que se tomó sin considerar datos empíricos que permitieran evaluar los resultados obtenidos con esta estrategia. Ello evidencia el carácter político de una decisión que debería de haberse tomado con elementos técnicos.

En la segunda intervención, Martín Martínez Ríos, fundador de la Estancia del Migrante González y Martínez de Querétaro, destacó los riesgos que implica la presencia de efectivos militares en labores de seguridad para las personas defensoras de derechos humanos, desde la experiencia concreta que su organización ha vivido en su práctica de defensa y acción humanitaria en favor de las personas migrantes, lo cual genera incertidumbre a ellos y a la sociedad en su conjunto.

Estela Hernández Jiménez del Movimiento de Resistencia Magisterial, hija de Jacinta Francisco Marcial, destacó el hecho de que la sociedad en general carece de información sobre la iniciativa de Ley de Seguridad Interior (LSI), lo cual dificulta su participación en un tema fundamental para el momento actual de la sociedad. En este sentido, afirmó que el uso de los cuerpos de seguridad para perseguir y reprimir procesos sociales ha sido una práctica promovida por el Estado. Por ello la aprobación de esta Ley significaría la conculcación de derechos consagrados en nuestra constitución.

Por su parte, Ixchel Cisneros Soltero, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos),  precisó el carácter de las dos iniciativas que actualmente hay sobre la LSI con diputados y senadores, y cómo éstas pretenden proporcionar atribuciones al ejército para realizar labores propias de las policías. Destacó el hecho de que el enfoque militar implica el exterminio del oponente, mientras que la labor policiaca debe de partir de un principio de proporcionalidad que garantice derechos tanto a personas afectadas por delitos como a quienes los cometen. Esto es evidente en el incremento observado en violaciones a derechos humanos, así como en datos recientemente divulgados por instituciones académicas sobre cómo en los operativos militares las detenciones son casi nulas y los presuntos delincuentes normalmente mueren a manos de los militares.

Finalmente, Fernando Ríos Martínez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia, así como la eficacia del sistema penitenciario como estrategias para combatir la inseguridad. De la misma manera llamó a los actores estatales a retomar la experiencia de la sociedad civil para buscar la restauración del tejido comunitario. Ello, insistió, reflejaría una verdadera voluntad política para que las instancias de seguridad pública funcionen, pues tras más de una década de militarización de estas instancias no se ha visto una mejoría real.

En general las personas participantes coincidieron en la gravedad de aprobar una ley que normalizaría la participación del Ejército en tareas de seguridad pública y la necesidad de que la seguridad pública esté a cargo de instituciones civiles, no militares. También hicieron un llamado a los actores políticos locales a generar espacios de diálogo público para tomar decisiones trascendentales como estas.

Necesitamos construir una #SeguridadNoMilitarizada

Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT)

Estancia del Migrante González y Martínez

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)

Estela Hernández Jiménez (Santiago Mexquititlán, Amealco)