Foro sobre Alerta de Violencia de Género hace un llamado a los tres niveles de gobierno a garantizar acceso a la justicia y respeto a los derechos de las mujeres

La tarde de ayer concluyó el Foro Nadando a contracorriente: Contexto y seguimiento de las Alertas de Violencia de Género desde la sociedad civil, la academia y el Estado, organizado de manera conjunta por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana (CDHGP de la UCSJ). Organizados en tres páneles los participantes aportaron datos desde distintos enfoques que permiten resaltar los principales retos que en materia de combate a la violencia hacia las mujeres tiene el Estado, la sociedad civil y la academia.

Durante la inauguración Fernando Ríos Martínez Secretario Ejecutivo de la Red TDT, destacó el origen de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la necesidad de implementar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Por su parte Jennifer Álvarez Campi directora del CDHGP de la UCSJ, destacó la dimensión histórica de la violencia hacia la mujer.

Se destacó que durante el año 2016 se registraron, según el INEGI, 2,735 homicidios de mujeres en el país, de los cuales sólo el 25% fue tipificado como feminicidio. Esto habla de una perspectiva desde el Estado que no enfatiza el uso de las herramientas legales creadas para combatir la violencia hacia la mujer. De esta manera se explica el surgimiento de la política pública de las AVG como exigencia de una sociedad que se siente destrozada y angustiada por la violencia constante y extrema en contra de las mujeres

Ello evidencia la dificultad de los tres niveles de gobierno para comprender la situación criminal que viven las mujeres, situación que ligada a los niveles de impunidad de hasta el 98%, tiene como consecuencia la persistencia de procesos de injusticia generalizados. De la misma manera los tres poderes están resultando incompetentes para atender eficientemente esta problemática, lo cual constituye un estímulo para quien comete los feminicidios.

En cuanto a las autoridades a cargo de la investigación, por ejemplo, se percibe falta de diligencia en las investigaciones, carencia de perspectiva de género y una mirada cruzada por estereotipos que enmarcan las sentencias de los jueces. Ejemplo claro de ello es el uso extendido de la figura del agravio comparado como una forma de impedir el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Por tanto es preciso, que se sancione a las diferentes autoridades que incumplan el mandato de actuar de manera diligente, profesional y eficaz para prevenir y sancionar las violencias extremas contra las mujeres.

Así se dejó en claro el reto que los distintos actores estatales tienen para garantizar el acceso a la justicia. Por ejemplo, la necesidad de que las fiscalías cuenten con personas funcionarias autónomas, expertas en derechos humanos, en investigación criminal, trata de personas, etc. Por su parte se habló de la responsabilidad de la SEGOB, através de la CONAVIM para implementar de manera eficaz las AVG, lo que implica que el gobierno federal vigile el cumplimiento de las obligaciones de los municipios y los estados. En esta lógica se concluyó que resulta imprescindible terminar con la simulación de las políticas públicas, para hacerlas realmente efectivas.

Las organizaciones de la sociedad civil encontraron que tienen el reto de compartir información y metodologías que permitan generar procesos de seguimiento más efectivos para el apoyo a las víctimas. En general encontramos que prevalecen prácticas negativas que no permiten que las organizaciones peticionarias participen de las mesas de seguimiento. En este sentido Nira Cárdenas, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la ONU-DH, destacó la importancia de generar información objetiva y estadísticas constantes y con alcance municipal, estatal y nacional. De la misma forma destacó la necesidad de dejar de poner el foco central en la capacitación, pues esta no ha resultado eficiente.

Finalmente se destacó la necesidad de homologar a nivel nacional la tipificación del feminicidio, dotar de presupuesto suficiente, pero sobre todo adecuadamente enfocado, a las distintas instancias involucradas. Mismas que deben de operar con criterios de interculturalidad e inclusión pues se requieren medidas específicas que atiendan sus particularidades como mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, entre muchas otras formas de ser mujer en México. En suma se requiere que el Estado demuestre su voluntad política para combatir a la violencia feminicida que está matando a miles de mujeres y agraviando a la sociedad entera.