El Día Internacional Mundial contra la Trata de Personas fue instaurado por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para ser conmemorado cada 30 de julio a partir de 2014, con el objetivo de crear mayor conciencia sobre la situación de las víctimas de la trata de personas, así como para promover y proteger sus derechos.
Cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, señalan la existencia de casi 21 millones de personas en el mundo que son víctimas de trabajo forzoso, cifra que incluye también a las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual.
De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2014 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “Las mujeres representan la gran mayoría de las víctimas detectadas que fueron objeto de trata con fines de explotación sexual. En lo relativo a las víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso, aunque los hombres constituyen una importante mayoría, las mujeres representan casi un tercio de las víctimas detectadas”.
México, que desde hace una década cuenta con una Ley para prevenir la trata de personas, atender y proteger a sus víctimas, así como sancionar a las redes que comenten este delito, vergonzosamente sigue siendo un país de origen, tránsito y destino. En 2016, el Reporte sobre Trata de Personas realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que “El Gobierno de México no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”.
El Informe de UNODC sobre la trata en México señala que los mayores niveles de averiguaciones previas a nivel federal se registran en los estados de Chiapas, Veracruz y Tlaxcala. En este último estado -caracterizado por la existencia de redes de trata con operación estatal, nacional e internacional-, se ha agravado tanto el delito que, en agosto de 2016, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), aceptó la primera solicitud en el país de declaratoria Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, por violencia contra las mujeres y trata con fines de explotación sexual. En Tlaxcala, diagnósticos hechos por el Centro Fray Julián Garcés señalan que desde 2014 existen indicios del delito en más de la mitad del territorio estatal.
Esta situación de agravamiento es la consecuencia de una sistemática política de simulación y del falso compromiso por parte del gobierno, en sus diferentes niveles, para la erradicación de este delito, lo cual propicia el florecimiento de la impunidad, el que las víctimas no alcancen protección y justicia y que se siga reproduciendo una cultura de la explotación humana.
Por todo lo anterior, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), exigimos a las autoridades de los distintos niveles de gobierno:
Combatir frontalmente la impunidad pues, no obstante la existencia de leyes, programas y políticas públicas, la incidencia de este delito en Tlaxcala (y todo el país) sigue siendo alarmante.
Etiquetar recursos económicos específicos para el combate al delito porque, de lo contrario, existirá una continuidad de la inoperancia de las acciones para erradicarlo.
Implementar una política educativa que, desde las perspectivas de género, de derechos humanos y masculinidades no violentas, genere una prevención real del delito.
Actuar urgentemente en las entidades con alta incidencia del delito, como Chiapas, donde los grupos más vulnerables y principales víctimas son las mujeres en condición de migración, y Tlaxcala, donde incluso se ha llegado a la solicitud de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género por su alta incidencia.
La Red TDT exige de las autoridades poner un alto a la simulación para erradicar definitivamente el flagelo de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y a establecer compromisos y acciones reales para combatir la omisión, la negligencia y la impunidad respecto uno de los peores crímenes contra la dignidad de las personas, especialmente el de las mujeres. La sociedad mexicana no puede seguir aceptando la simulación gubernamental.