Ante el alto riesgo de aprobación de la Ley de Seguridad Interior en México, que tiene como principal objetivo legitimar la intervención del ejército en acciones de seguridad pública, nosotros y nosotras, representantes de organizaciones sociales de las Américas, unimos nuestra voz a los diferentes organismos de la sociedad civil mexicanos e internacionales que denuncian sobre la afronta a los derechos humanos que significaría la aprobación de dicha ley.
Todo indica que la estrategia de militarización implementada por el gobierno mexicano desde el año 2006, lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en el país, acarreó un aumento considerable de los hechos de violencia, con 213,000 muertos y más de 30 mil desaparecidos desde esta fecha. Existe evidencia (1) de múltiples casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los militares desde el inicio de esta estrategia de militarización, y los índices de violaciones de los derechos humanos alcanzan niveles nunca antes vistos. Entre 2006 y 2014 hubo más de 1,273 denuncias por tortura en manos de militares (2).
En este contexto, resulta altamente preocupante la intención del gobierno mexicano de seguir con una estrategia de guerra, normalizando el Estado de excepción y el actuar de las fuerzas militares en los asuntos de seguridad pública, aún más considerando que varias disposiciones del proyecto de Ley de Seguridad Interior contravienen a la Constitución Política del Estado. Entre otras disposiciones preocupantes, cabe mencionar que el proyecto de ley:
Ante esto, las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra fuerte preocupación por la eventual aprobación de esta nueva Ley de Seguridad Interior que da paso a la represión y a eventuales actos de tortura y asesinatos que pueda cometer el gobierno mexicano, a través de las fuerzas militares, bajo el pretexto de mantener el orden y a la seguridad.
Un país militarizado demuestra una crisis institucional profunda y en México ya ha generado graves casos de tortura, feminicidios, asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y múltiples ejecuciones extrajudiciales. Creemos de suma importancia que el Estado mexicano apueste por generar condiciones de paz y no de guerra para resolver la severa crisis de los derechos humanos que conoce actualmente el país, y respete el conjunto de las disposiciones de la Constitución del Estado Mexicano, que prevé que las fuerzas armadas estén reguladas y sometidas al poder ejecutivo y al control civil.
Al mismo tiempo hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta, a que denuncie las graves violaciones perpetradas por el Estado mexicano y sus órganos de gobierno y a que inste a sus gobiernos a que ejerzan presión sobre México para que éste respete los múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos a los cuales este país ha suscrito.
ORGANIZACIONES FIRMANTES
QUEBEC
CANADÁ
INTERNACIONAL
1 Ver entre otras fuentes, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, Juan E. Méndez (2014) http://sintortura.mx/wp-content/uploads/2015/03/A_HRC_28_68_Add_3_SPA.pdf; Amnistía Internacional (2015). Promesas en el papel, impunidad diaria. La Epidemia de tortura en México continúa: https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/2676/2015/es/
2 Campaña Seguridad Sin Guerra: http://www.seguridadsinguerra.org/
CONTACTO
Canadá: Comité por los Derechos Humanos en América Latina-CDHAL. +1-514-257-87-10 ext. 334
México: Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext.227