Ciudad de México, 18 de abril de 2017
El Tribunal Internacional Monsanto, a través de los expertos legales que lo integran, emitió este martes 18 de abril sus conclusiones a manera de opinión legal sobre los productos y actividades del gigante de la agroindustria. En ellas concluye que Monsanto ha afectado el ejercicio de derechos humanos tales como: el medio ambiente sano, a la alimentación y a la salud, entre otros. La empresa “se ha involucrado en prácticas que tienen impactos ambientales graves y negativos”, los cuales “han afectado a innumerables personas y comunidades en muchos países”.
En sus recomendaciones, el Tribunal Monsanto hace hincapié en actividades de Monsanto que derivan en la violación de derechos de los pueblos indígenas, como ocurre con comunidades mayas de México. “Los impactos de la conducta de Monsanto sobre la biodiversidad también han afectado negativamente los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Estos impactos son aún más graves dada la estrecha dependencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales con el medio ambiente. La ausencia de información adecuada sobre los riesgos que plantean los herbicidas y los OGM, la falta de medidas adecuadas de mitigación, la falta de evaluaciones de impacto ambiental creíbles y la falta de consultas significativas subrayan la interferencia de Monsanto en los derechos humanos”, detalla el documento.
Las conclusiones en este sentido reflejan el malestar de pueblos indígenas como el de Angélica Ek y Feliciano Ucán, integrantes de las comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, quienes asistieron a La Haya en octubre pasado para describir al Tribunal las afectaciones derivadas de las actividades de Monsanto a sus entornos, comunidades y actividades productivas, como la muerte de abejas productoras de miel, afectaciones en flora y fauna, además de contaminación de agua con glifosato y pérdida de masa forestal provocada para ampliar la frontera agrícola para monocultivos. “Los impactos sobre las abejas y los polinizadores por el uso de plaguicidas socavan aún más la biodiversidad”, señaló este martes Jorge Pech, otro apicultor maya de Hopelchén.
En 2012 integrantes de comunidades mayas de varios municipios de Campeche y Yucatán presentaron diversos amparos en contra del permiso que el Gobierno mexicano dio a Monsanto para la siembra comercial de soya transgénica resistente al herbicida glifosato. En noviembre de 2015, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó suspender el permiso a la empresa dado que las comunidades mayas no habían sido previamente consultadas.
Los expertos provenientes de cinco continentes, reunidos en La Haya, Países Bajos, destacaron la producción y comercialización de Roundup, el herbicida más usado del mundo, y “otros productos químicos peligrosos” que usan como ingrediente activo al glifosato, a pesar de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud ha concluido que el glifosato es “probablemente carcinogénico en humanos”.
“La combinación de cultivos transgénicos y el uso de glifosato comercializado de forma agresiva por Monsanto está causando daños a la biodiversidad y a los ecosistemas […] En Oaxaca, México, más de 150 variedades tradicionales de maíz local están supuestamente amenazadas por la contaminación de Roundup, que también amenaza especies dependientes como las mariposas monarca”, detallan las conclusiones del Tribunal, en el que participaron 28 testigos de diversos países, incluidos agricultores, consumidores, académicos y científicos que han sido directamente afectados por las prácticas de Monsanto.
Diversas organizaciones sociales nacionales han hecho eco de las opiniones vertidas por el Tribunal Monsanto. “La opinión legal de los jueces constituye una valiosa aportación para que las víctimas de los productos y actividades de Monsanto en distintas partes del mundo puedan traer tales argumentos y conclusiones como material de prueba y alegatos en los procedimientos que se hayan presentado o pretendan presentarse en el ámbito nacional”, señaló María Colín, asesora legal de Greenpeace México.
“Las corporaciones como Monsanto deben ser más responsables por sus impactos al ambiente y a la salud de las personas, mientras que los gobiernos deben defender y proteger los derechos humanos, actuando en favor de la defensa de los pueblos y comunidades indígenas en lugar de apoyar los intereses de las empresas. Se deben preocupar por cuidar los recursos naturales y la biodiversidad de las comunidades pues nos exponen a la pérdida de nuestro patrimonio biocultural”, explicó Leydy Pech, integrante del Colectivo de Comunidades de los Chenes. “El gobierno mexicano debe cambiar las políticas agrícolas erróneas que promueven un modelo basado en monocultivos, plaguicidas y transgénicos y, en vez de ello, apoyar a los agricultores que producen alimentos sanos y a las comunidades que hacen un buen manejo sustentable de sus recursos naturales”, añadió Pech.
El Tribunal Internacional Monsanto es una iniciativa de la sociedad civil internacional para proveer una opinión legal sobre las conductas de Monsanto por violaciones de derechos humanos tales como daños al medio ambiente y la salud, afectaciones al derecho a la alimentación, crímenes contra la humanidad y “ecocidio”. El proceso, que tuvo sus audiencias el 15 y 16 de octubre pasado en La Haya, no es jurídicamente vinculante, pero se espera que las opiniones legales de expertos internacionales sean consideradas para futuras modificaciones a los marcos legales nacionales e internacionales en la materia.
La opinión legal completa del Tribunal Internacional Monsanto puede ser consultada en el siguiente link (INGLÉS): http://www.monsanto-tribunal.org/upload/asset_cache/189791450.pdf
Para más información contacta a: Juan Mayorga, coordinador de comunicación de Greenpeace México: [email protected], Cel. 5574038589