Red Nacional de Resistencia Civil denuncia, repudia y condena ejecución extrajudicial de defensor de DH Benjamín Juárez José

Territorio Mexicano,
A 8 de Abril del 2017

A LA SOCIEDAD MEXICANA,
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES,
A LOS PUEBLOS DE MEXICO,
A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS,

Las organizaciones que integramos la Red Nacional de Resistencia Civil denunciamos, repudiamos y condenamos la ejecución extrajudicial del defensor de derechos humanos del pueblo indígena Ayuuk, Benjamín Juárez José y los hechos represivos hacia el pueblo purépecha de Arantapehua, Michoacán,  en que fueron detenidos 38 comuneros  así como la posterior   incursión  violenta  en la comunidad por parte de la policía estatal teniendo como resultado la detención de otras 9 personas  y la ejecución de  4 más.

1.- El día 5 de abril fue detenido el defensor de derechos humanos del pueblo indígena Ayuuk, Benjamín Juárez José, por policías municipales de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca; con lujo de violencia fue subido a una patrulla, tirado a la batea y trasladado esposado a la cárcel municipal, donde fue ejecutado.   Benjamín Juárez era delegado de la Colonia Hidalgo  de este municipio y miembro de la mesa directiva de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), organización integrante de esta Red.

Su muerte es una ejecución extrajudicial, un crimen de Estado perpetrado por el gobierno que encabeza el gobernador de Oaxaca  Alejandro Murat.  Fue detenido extrajudicialmente, sin ninguna orden de aprehensión  y ejecutado con lujo de violencia bajo la custodia de  policías.  Los derechos humanos a la vida,  a la libertad, al debido proceso, a la  participación política, a los derechos de los defensores de derechos humanos fueron gravemente violentados.

2.- Por otra parte, el día 4 de abril 38 comuneros que salían de una mesa de negociación convocada por el subsecretario de gobernación Armando Hurtado Arévalo como respuesta a la movilizaciones realizadas por la comunidad Purépecha de Arantepacua, Michoacán, para exigir solución a los problemas agrarios relativos a la tenencia de 440 hectáreas de tierra y el respeto a sus usos y costumbres, fueron detenidos ilegalmente cuando iban de regreso a su comunidad, bajo los cargos de obstrucción de las vías de comunicación y privación de la libertad de los choferes de los camiones en los que iban abordo, sin existir ninguna denuncia de los presuntos afectados.

Al día siguiente,  el 5 de abril,  mientras otra comisión de comuneros  se encontraba en otra mesa de diálogo con el gobierno estatal para la liberación de los detenidos, cientos de policías estatales  fuertemente armados incursionaron en la comunidad, entrando a los domicilios sin ninguna orden de cateo y aprehensión,   detuvieron a 9 personas y asesinaron a otras 4.  Cuando  la comisión informó lo que estaba ocurriendo en la comunidad  a los representantes de gobierno Víctor Manuel Lara Vidales y Armando Hurtado Arévalo, director y subsecretario de gobernación,  con los que se encontraban dialogando,  los funcionarios  se burlaron, negaron  los hechos y no intervinieron de ninguna manera para evitar esta barbarie; por lo tanto, son directamente responsables de esta violencia, de estas detenciones ilegales y de estas ejecuciones extrajudiciales.

Estas acciones casi simultáneas de graves violaciones de derechos humanos a  pueblos indígenas de Oaxaca y de Michoacan,  se encuentran en el contexto de  violencia permanente por medio del hostigamiento,  criminalización, judicialización, ejecuciones extrajudiciales y represión sanguinaria  que estamos viviendo en todo el país. Estos hechos nos indignan y nos ponen en alerta,  no es posible que ocurran bajo el total cinismo e impunidad.   Esta es  la guerra de exterminio que se  realiza contra las organizaciones y pueblos que defendemos nuestros derechos.  Hacemos un llamado urgente  a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para que intervengan  en esta situación tan grave que se esta viviendo en nuestro  país.

Exigimos el cese de la  violencia hacia UCIZONI por parte del gobierno estatal de Alejandro Murat, la destitución de las autoridades responsables, la detención de los policías así como la investigación exhaustiva de esta ejecución extrajudicial, brutal violación de derechos humanos, particularmente del derecho primordial a la vida.  Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a la UCIZONI,

Exigimos el cese a la violencia, hostigamiento, criminalización  hacia el pueblo purépecha de Arantepacua, Michoacán y la liberación de los que aún se encuentran detenidos. Exigimos el esclarecimiento de estos asesinatos a manos de la policía estatal. Exigimos el cese y detención inmediata de  Víctor Manuel Lara Vidales y Armando Hurtado Arévalo, director y subsecretario de gobernación como responsables de estos hechos. Exigimos la solución inmediata de las  demandas agrarios del pueblo de Arantepacua. Manifestamos también toda nuestra solidaridad  hacia la comunidad.

¡Alto a la guerra de exterminio! ¡Exigimos Justicia! ¡Exigimos castigo a los culpables!

RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL