Colectivo #FiscalíaQueSirva alerta sobre riesgos en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.
Ciudad de México a 9 de marzo de 2017
Ante la ausencia de condiciones que garanticen la independencia y autonomía de un Fiscal Especial Anticorrupción el colectivo #FiscalíaQueSirva alerta sobre los riesgos de este nombramiento, puesto que las reglas del proceso de designación, y la falta de garantías que aseguren la autonomía de la Fiscalía no aseguran la legitimidad y la eficacia incluso del más virtuoso de los aspirantes a combatir la corrupción en México.
Deficiencias en la normatividad para la designación.- Una de las principales deficiencias del proceso de designación del Fiscal Especial, consiste en que no hay participación sustantiva de especialistas para asegurar una designación con base en criterios técnicos y objetivos. Desde el pasado 25 de octubre, la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) se otorgó a sí misma, mediante el Acuerdo de la Convocatoria para este proceso, la facultad de enviar una sola propuesta de candidatura para ser votada por el Pleno del Senado, una vez que se realicen comparecencias de candidatas y candidatos, pero sin definir mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan limitar la decisión de esa cúpula política.
A pesar de que ha habido modificaciones que en dos ocasiones extendieron el plazo para que las Comisiones de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana entregaran a la Jucopo el listado de candidatas y candidatos idóneos no hubo modificación del acuerdo original para que se incluyera en el proceso de designación un acompañamiento efectivo de la sociedad civil, a través de un Comité Técnico, como diversas organizaciones propusieron el pasado 24 de noviembre al Senado. El “nuevo” procedimiento que han establecido las comisiones, el pasado martes 7 de marzo, solo ha extendido el plazo de las comparecencias con un Comité Técnico de Acompañamiento, que solo puede emitir “observaciones, comentarios, propuestas y calificaciones”, cuya aportación sería marginal si se mantiene en la Jucopo la facultad de proponer el nombramiento al Pleno. En síntesis, de facto, los coordinadores parlamentarios estarían realizando la designación, tras un acuerdo político carente de los principios de máxima publicidad, equidad de género, rendición de cuentas y participación ciudadana, que debieran regir a todo proceso de este tipo para garantizar su autonomía política y, por lo tanto su legitimidad y eficacia.
Deficiencias en las leyes vigentes.-Las leyes vigentes establecen la subordinación orgánica de la Fiscalía Especial Anticorrupción a la Procuraduría General de la República (PGR) porque varias de sus atribuciones sustantivas se supeditan a la autorización de su superior. Tanto el presupuesto de la Fiscalía Especial Anticorrupción, como la designación, transferencia y remoción del personal adscrito a dicha Fiscalía dependerán de la aprobación del Procurador General de la República. El titular actual, Raúl Cervantes, fue designado el año pasado por el actual Jefe del Ejecutivo de forma directa y puede ser removido libremente por éste. Es decir que la Fiscalía Especial Anticorrupción depende jerárquicamente del Poder Ejecutivo. Dado este contexto, no es posible garantizar que la nueva Fiscalía Especial lleve a cabo investigaciones libres e independientes. Es necesario, por tanto, modificar el artículo 102 constitucional para garantizar la verdadera autonomía de la Fiscalía General, y por tanto, de las Fiscalías Especiales que dependerán orgánicamente de ésta.
Innecesario demorar más el combate a la corrupción.- #FiscalíaQueSirva también alerta sobre la responsabilidad que tiene la PGR de seguir investigando todas las denuncias que ha recibido, por graves actos de corrupción, que son ampliamente conocidas en la vida pública. Para ello no es necesario esperar el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción. Por tanto, cualquier inactividad sobre estos asuntos es, hasta el momento, responsabilidad del Procurador General, quien tiene la más amplia estructura de persecución del país para investigar estos delitos si así se lo propusiera.
En suma, las organizaciones y personas que conforman el colectivo #FiscalíaQueSirva urgen a las siguientes autoridades a realizar las acciones aquí listadas:
1.- Al Senado Mexicano, a cancelar el proceso de nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, ya que en tanto no se cuente con una Fiscalía General autónoma no será transparente ni participativo. En las próximas horas presentaremos al Senado, una carta suscrita por diversas organizaciones que integran este colectivo, junto con otros actores de la sociedad civil, con la exigencia de la cancelación del proceso, la solicitud de abrir mesas públicas que permitan avanzar en la reforma integral al artículo 102 Constitucional y transitar a la Fiscalía General de la República garantizando su autonomía, así como un ejemplo de cómo consideramos que debió reformarse el Acuerdo de la Jucopo para la correcta integración de un Comité Técnico de Acompañamiento en la designación del Fiscal Especializado que, insistimos, no debe realizarse hasta en tanto no se garantice en la ley la autonomía y diseño institucional de la Fiscalía General de la República.
2.- De igual forma, solicitamos abrir mesas públicas de discusión que permitan avanzar en la reforma al artículo 102 de la Constitución Federal y sus leyes secundarias. Buscamos construir juntos las condiciones que garanticen la independencia de nuestros fiscales federales así como dotarlos de una estructura legal que les permita combatir la impunidad con eficacia y legalidad.
3.- A la Procuraduría General de la República, exigimos cumplir con su función de persecución de delitos, así como la rendición de un informe público con el estatus actual de las investigaciones que en este momento lleva a cabo sobre hechos relacionados con la corrupción, incluida la de altos funcionarios.
Estamos en un momento muy delicado para el país. Por una parte, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) está emergiendo en un ambiente en que proliferan los casos de corrupción, desde los más altos niveles de funcionarios hasta en la prestación de los servicios públicos más simples, y, por otra, en el sistema de justicia penal están terminando de construirse las estructuras que permitan el funcionamiento de un proceso que promete ser más transparente y democrático.
Si bien el SNA tiene una perspectiva más amplia que la persecución de la corrupción desde el ámbito penal, es necesario no dejar ni una sola pieza suelta y generar las condiciones que nos aseguren que el primer Fiscal Anticorrupción contará con todos los elementos necesarios para hacer su trabajo de investigación y persecución de los casos, más aun, de funcionarios de primer nivel.
En este contexto, existe la necesidad de articular estos dos procesos: el nombramiento del Fiscal anticorrupción y la creación de la Fiscalía General de la República autónoma. Aunque se pensaron por separado, lo ideal será armonizar el entramado que nos permitirá tener un sistema anticorrupción y de justicia democrático, transparente y sin ataduras políticas.
Por ello, reconocemos que la renuncia de uno de los candidatos más connotados a la titularidad de la Fiscalía Especializada Anticorrupción como lo es el Maestro Miguel Sarre, es producto de la reflexión a conciencia sobre las condiciones en que cualquiera de las y los candidatos asumiría ese cargo.
#FiscaliaQueSirva
