2 de febrero de 2017
Hechos
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) ha recibido información de Alianza Sierra Madre A.C. Y del centro De Derechos humanos de las Mujeres sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Juan Ontiveros Ramos.
El día 1 de febrero de 2017, Juan Ontiveros Ramos fue encontrado sin vida después de que él y su hermano Isidro fueran atacados un día antes por sujetos armados. Juan estuvo en la reunión del 20 de enero con personal de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con otras autoridades, discutiendo en dos mesas de análisis la situación de seguridad y el despojo territorial de la comunidad.
Juan Ontiveros también había presentado su testimonio de la problemática local en un vídeo que se entregó a la CIDH en una reunión de implementación de medidas cautelares en octubre de 2015. Las agresiones sufridas por las comunidades y personas defensoras de la región, han sido una tendencia identificada por organizaciones de la región.
Antecedentes
La comunidad de Choréachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua, tiene graves antecedentes de ataques a personas defensoras de derechos humanos, así como hostigamiento general a los pobladores. Esto se debe a la ocupación de su territorio por grupos de delincuencia organizada y por otros grupos, desde hace aproximadamente 40 años. En este contexto sobresale, un grave recrudecimiento de la violencia, que hace primordial emitir un llamado de emergencia para resguardar la vida e integridad del resto de los habitantes de la comunidad de Choréachi.
El homicidio de Juan Ontiveros Ramos se da 15 días después de que Isidro Baldenegro, otro líder indígena del mismo municipio, fuera asesinado. Estos dos casos se suman a los 18 homicidios contra sus comunidades desde 1973, cuatro de ellos en el último año; y dan cuenta del despojo territorial dentro de la sierra tarahumara que sigue sin ser atendido.
Las agresiones hacia la comunidad Choréachi, son un problema sin resolver de mucho tiempo. Desde hace 2 años ya se había denunciado como una situación de emergencia cuando el 20 de febrero de 2014 varias organizaciones de la región enviaron una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humano por el caso de Prudencio Ramos Ramos y Ángela Ayala Ramos y sus respectivos núcleos familiares. Tras determinar la gravedad del caso, la comisión solicitó a México que adoptara las medidas necesarias para preservar su vida y para que pudiesen realizar su labor de defensa de derechos humanos sin ser objeto de violencia, asimismo, pidió que se investigara los hechos ocurridos para de esta forma evitar su repetición.
Así mismo, valoramos las palabras que emitió en su informe de cierre de misión de 24 de enero, el Relator Forst:
“Durante mi visita a Chihuahua, me familiaricé con la situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que protegen los derechos de la población indígena Rarámuri, en particular los riesgos originados por el crimen organizado y la falta de protección por parte de las autoridades.” Por tales motivos, el experto “Llam[ó] a las autoridades federales y estatales a asegurarse de que se investiguen debidamente todos los delitos contra los defensores de los derechos de los pueblos de la Sierra Tarahumara.” Las organizaciones firmantes del presente comunicado hacemos nuestro el llamado de Michel Forst y urgimos a las autoridades estatales y federales a actuar en consecuencia.
Ante estos hechos demandamos lo siguiente:
Enviar llamamientos a:
Presidente de la República
Enrique Peña Nieto
Secretario de Gobernación
Osorio Chong
Subsecretario de derechos humanos
Roberto Campa
Fiscal del Estado de Chihuahua
César Augusto Peniche
Gobernador del Estado
Javier Corral