Osorio Chong, Secretario de Gobernación
Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración
Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
A la sociedad civil
A los medios de comunicación
Las personas que están huyendo de sus países por diversas causas y que buscan protección solicitando asilo en los Estados Unidos, se enfrentan a una política de contubernio entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. En ciudades como Tijuana, Mexicali y Nogales, las personas solicitantes son rechazadas por las autoridades estadounidenses si no se encuentran en las listas que controlan los agentes del Instituto Nacional de Migración de México. El involucramiento de autoridades mexicanas en la decisión y el control de quién puede presentarse en la frontera sur de Estados Unidos y quién no, es ilegal. Las autoridades mexicanas no tienen facultades ni la capacitación para participar en el proceso y están cometiendo graves errores y violaciones a los derechos humanos de los migrantes al hacerlo.
Estas acciones impiden el acceso al derecho de solicitar asilo, el cual está protegido por convenciones y tratados internacionales. La negación implica mayor riesgo y vulnerabilidad de las personas que están en la frontera en búsqueda de asilo, debido a que las autoridades migratorias mexicanas no permiten que los solicitantes que están de manera irregular en México se anoten en las listas, amenazándolos con la deportación y en otros casos con entregarlos a la policía.
Esta práctica afecta a centroamericanos, mexicanos y africanos, quienes llegan solos o con sus familias, así como a las niñas, niños y adolescentes no acompañados. El hecho de estar obligados a permanecer más tiempo en ciudades fronterizas de manera irregular los expone ser víctimas de secuestro y extorsión, debido a que no existen mecanismos adecuados de protección. Además, orilla a las personas migrantes a tomar mayores riesgos al tratar de llegar a los Estados Unidos, puesto que ponen en peligro su vida al cruzar por el desierto o tomar la decisión de contactarse con el crimen organizado.
Denunciamos y señalamos como responsables de esta política anti-refugio a las autoridades mexicanas y estadounidenses al negar el derecho de protección y asilo.
Como sociedad civil y defensores de los derechos de las personas migrantes, exigimos al INM que genere un mecanismo que salvaguarde los derechos de las personas que están en búsqueda de asilo, así como de su protección durante su desplazamiento. Solicitamos al INM que otorgue permisos temporales a toda persona que llega a la frontera para pedir asilo en EUA.
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