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Ciudad de México  a 31 de octubre de 2016.

Las redes y organizaciones firmantes exigimos al Gobierno federal así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la Fiscalía Especial Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas brinden de manera urgente medidas de protección para salvaguardar la vida e integridad de nuestra colega periodista Rosa María Rodríguez Quintanilla y la de su familia; esto ante las amenazas de muerte recibidas por presuntos delincuentes.

La mañana del sábado 29 de octubre de éste año, Rodríguez Quintanilla, su esposo e hijo, Francisco Cuéllar Cardona e Ilich Francisco Cuellar, quienes también son periodistas, fueron atacados y amenazados en redes sociales por medio de una campaña de desprestigio y difamación en la que se les vincula a hechos ilícitos y con miembros del crimen organizado.

Como antecedente el pasado 3 de octubre, Rodríguez Quintanilla, quien intentaba entrevistar a Irving Barrios Mojica Procurador General de Justicia de Tamaulipas, fue golpeada por uno de los escoltas del funcionario.

El crimen organizado en Tamaulipas ha obligado a las y los periodistas a dejar de escribir sobre la violencia convirtiendo a la entidad en una zona de silencio para la prensa. Ante estas amenazas de muerte nuestra colega Rosa María Rodríguez Quintanilla quien también es Coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) integrada por más de 35 países del mundo y su familia tuvieron que desplazarse de modo forzoso a otra entidad federativa ya que sus vidas corren peligro.

De acuerdo con datos de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), de 2002 a 2014 se han registrado y documentado en Tamaulipas nueve hechos violentos en contra de mujeres periodistas incluyendo tres casos de feminicidio; es importante mencionar que las periodistas de esta entidad no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para poder denunciar la violencia a la que se enfrentan por lo que se presume un subregistro.

Señalamos como principal responsable de garantizar la seguridad de la periodista y su familia y exigimos a las autoridades que realicen una investigación pronta y expedita de las amenazas y de la campaña de desprestigio, que generen las condiciones necesarias para que nuestra colega  pueda regresar a su entidad y siga realizando su trabajo periodístico.

Apelamos  a las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer” (CEDAW/C/MEX/CO/7-8), en las que en su punto 24 inciso C insta al Estado Mexicano:

“Adopte medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos y para enjuiciar y castigar a sus autores, y adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad”.

 

Atentamente