Durante 2008, nuestra organización postuló, en una gira internacional a lo largo de Europa, EUA y México mismo, a Industrial Minera México de Grupo México como EMPRESA SOCIALMENTE IRRESPONSABLE, basados, principalmente, en violaciones a los derechos humanos corroborados por la CNDH y la OIT y en responsabilidades penales por no garantizar a los 65 mineros de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, su derecho a la vida y a condiciones de trabajo seguras. Además, porque ocultó información, engañó y mintió sistemáticamente a sus accionistas, a la sociedad, a las familias de los mineros y a las autoridades en las inspecciones que se le hicieron porque éstas se lo toleraron y encubrieron; porque sobrepuso arreglos económicos por sobre la exigencia moral de los familiares; y, al final, porque se ha negado, absurdamente, a la recuperación de los restos de nuestros familiares, amparándose en el pretexto de ausencia de seguridad o de supuestos riesgos potenciales. El caso es que, a la fecha, no hay una investigación confiable, ni sentenciados, ni reparación del daño.
El siniestro en Pasta de Conchos es un caso impune y para ello, en su momento, se establecieron los nexos del Consejo de Administración de Grupo México y el Consejo de Administración de Vamos México de Martha Sahagún vinculada con Vicente Fox y las estrechas relaciones entre funcionarios del gobierno federal y sus directivos. Lo que permitió otra serie de impunidades o casos sin investigar como la muerte de Cristian Alberto Hernández Pardo e Isidro del Ángel Hernández, en Nacozari, en 2006, donde luego sobrevino la eliminación del contrato colectivo y el cierre unilateral de la mina; el desalojo de la huelga en Cananea y la prolongación al infinito de las huelgas en Taxco, Guerrero y Sombrerete, Zacatecas.
De modo que, la autoridad laboral, ya no pudo sino sancionarla con la multa más alta establecida en accidentes de trabajo por la suma de 13 millones de pesos por la falta de medidas de seguridad e higiene en su mina de Charcas, SLP, donde fallecieron el pasado 12 de febrero de este año, cinco mineros.
Ahora sobreviene esta nueva afectación a cerca de 22 mil habitantes de unas 48 comunidades de al menos cinco municipios de Sonora (San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo), por el derrame del día 8 de agosto, luego que su complejo minero Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, vertiera negligentemente al Río Sonora, lo cual ocultó en su inicio, al menos 40 millones de litros de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones no permitidas de metales pesados muy dañinos (arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre), confirmando con ello su característica de empresa socialmente irresponsable, al afectar no sólo la vida humana, sino la agricultura, ganadería y turismo. Lo que ocurre cuando el primer consorcio minero del país ganó 15 mil 320 millones de pesos durante los primeros seis meses de este 2014, según información de la Bolsa Mexicana de Valores.
La suma de factores nos confirma, en el marco de nuestra campaña “RESCATAR A LOS VIVOS PARA HONRAR A LOS MUERTOS”, en la calificación que la empresa se ganó como SOCIALMENTE IRRESPONSABLE, según las Normas sobre las responsabilidades de las empresas trasnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos: “7. Las empresas trasnacionales y otras empresas comerciales proporcionarán un entorno laboral seguro y saludable, de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos internacionales y la legislación nacional pertinentes, así como en las normas internacionales de derechos humanos y en el derecho internacional humanitario” (E/CN.4/sub.2/2003/38/rev.2).
Por lo que seguimos demandando al Estado mexicano no proteger a Grupo México y rescatar los restos de los 63 mineros que aún yacen en el socavón luego de ocho años de sufrimiento e impunidad; y la firma y ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), del cual México aún no es Parte, luego del primer aniversario de su entrada en vigor, en mayo de este año en curso, ya que este instrumento de derechos humanos señala la vinculación e interdependencia entre el derecho a la vida, al trabajo, a un nivel adecuado de vida, y a la integridad personal.[1]
A una voz, ¡Rescate YA!
Organización Familia Pasta de Conchos,
Centro de Reflexión y Acción Laboral, y
Equipo Nacional de Pastoral Laboral
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