• Solicitan que esa instancia pida informes al Gobierno Mexicano sobre posibles presiones a MVS por parte de agentes estatales.
• Las organizaciones externan su preocupación por la pretensión de acallar una voz crítica y por pretender imponer una línea editorial con base en la censura previa.
El pasado 21 de marzo 114 organizaciones de derechos humanos entre ellas la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) que integra 35 organizaciones, así como la Red “Todos los Derechos para todos y todas” que aglutina a 73 asociaciones civiles de 21 estados de la República, enviaron una comunicación a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poner de su conocimiento el caso de la salída del aire del programa noticioso conducido por la periodista Carmen Aristegui.
En esa comunicación la organizaciones civiles solicitan a la Relatoría que pida informes al Gobierno Mexicano sobre la existencia de “posibles presiones o injerencias” hacia MVS Comunicación por parte de agentes del estado para que esta empresa diera por terminada de manera unilateral la relación contractual con la periodista y para despedir de manera injustificada a todo su equipo de trabajo.
Se expresa en el documento la preocupación sobre acciones de censura previa, sobre la utilización de medios indirectos para restringir la libertad de expresión y sobre la implementación de medidas de control editorial para eliminar la pluralidad informativa y la difusión de información crítica.
Señalan que es de llamar la atención la intención de MVS por querer imponer de manera unilateral una serie de lineamientos cuyo único objetivo era el de eliminar la libertad editorial de la periodista y de su equipo, pretendiendo que tanto las investigaciones críticas como los reportajes e informes de corresponsales fueran “autorizados previamente” por personal de la empresa de comunicación.
Se hace una cronología de los hechos ocurridos en los días recientes y se señala como éste conflicto ha ido escalando y subiendo de intensidad, ya que algo que inicio como un diferendo en el uso de una marca empresarial y que pudo haberse resuelto de manera sencilla, terminó siendo una acción directa para restringir la libertad de expresión con la imposición de los pretendidos Lineamientos por parte de MVS, redundando en la violación al derecho de información de millones de mexicanos y mexicanas.
El cierre del noticiero de Carmen Aristegui en MVS Radio representa la eliminación de un espacio mediante el cual diversos actores emitían sus opiniones y posturas respecto a un hecho relevante de carácter público en el país, representaba por ello, un medio para la transmisión de dichas posturas y opiniones. Además, mediante la labor de investigación en donde se colocaban asuntos sobre las actuaciones de nuestros gobernantes, cuya relevancia cobra mayor sentido en tiempos de elecciones, ya que se cierra una vía para la recepción de información a la sociedad mexicana respecto a estos asuntos, contraviniendo con lo manifestado por la Corte Interamericana en el sentido de que “para el respeto y garantía de la libertad de expresión, se requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”, señalaron las asociaciones civiles en su comunicación oficial.
Las organizaciones mexicanas saludan el reciente pronunciamiento del relator Edison Lanza en torno al caso y le reiteran su disposición para seguirle enviando información sobre este caso en el transcurso de los próximos días.