CIUDAD DE MÉXICO Y GUADALAJARA, JALISCO; 07 DE JULIO DE 2026
Acción Urgente 006
A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE JALISCO:
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
Lic. Pablo Lemus Navarro – Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
Dr. Salvador González de los Santos – Fiscal General del Estado de Jalisco
Lic. Alberto Bayardo Pérez Arce – Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco
Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos Medios de Comunicación
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) emite la presente ACCIÓN URGENTE ante las graves y recientes irregularidades procesales cometidas en el sistema judicial del estado de Jalisco, las cuales amenazan con consolidar un escenario de absoluta impunidad en el proceso penal derivado del la tentativa de homicidio de Gabriel Aguilar Rojas y asesinato de Marcos Aguilar Rojas, representante agrario comunitario y defensores del territorio de la Comunidad Indígena Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán (municipio de Villa Guerrero, Jalisco).
- HECHOS RECIENTES Y TÁCTICAS DILATORIAS DE LA DEFENSA
El pasado lunes 6 de julio de 2026,en el Juzgado de Control, enjuiciamiento y Ejecución del Décimo Distrito Judicial, estaba programada la celebración de la audiencia incidental para resolver la incompetencia por inhibitoria y la pretendida modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa del imputado Manuel “N”.
De manera dolosa e injustificada, los abogados particulares del imputado no se presentaron a la audiencia. Frente a esta flagrante táctica dilatoria —que busca desgastar de manera física, económica y emocional a las víctimas indígenas que deben trasladarse desde la comunidad—, el Juez de Control, lejos de salvaguardar el derecho a una justicia pronta y expedita, actuó con total condescendencia hacia la defensa:
1.- Omitió aplicar las sanciones legales correspondientes a los abogados particulares ausentes por entorpecer la administración de la justicia.
2.- No procedió a asignarle un defensor de oficio al imputado para desahogar el acto judicial de carácter urgente, permitiendo que la defensa controle los tiempos del proceso a su libre arbitrio.
3.- Se limitó a notificar a las víctimas y fijar una nueva fecha de audiencia para el próximo jueves 9 de julio de 2026 a las 10:30 horas.
Estas acciones violentan de forma directa los derechos de participación, información y acceso efectivo a la justicia de las víctimas directas e indirectas de San Lorenzo de Azqueltán, contraviniendo el debido proceso legal.
- EL RIESGO INMINENTE: INCOMPETENCIA GEOGRÁFICA Y LIBERACIÓN DEL IMPUTADO
La comunidad indígena y sus representantes legales advierten un altísimo riesgo de que el caso sea reconducido a una jurisdicción regional carente de condiciones mínimas de seguridad e imparcialidad, alejándolo de la competencia formal de los juzgados especializados en Guadalajara. Históricamente, la descentralización de estos casos de alto impacto hacia distritos judiciales como Colotlán o Tequila expone el proceso a presiones políticas locales, corruptelas y la desprotección total de los denunciantes.
Asimismo, mediante el incidente promovido por la defensa particular bajo la carpeta administrativa 343/2024 del Décimo Distrito Judicial, se pretende modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa argumentando supuestos problemas graves de salud del imputado, sin con la clara intención de otorgarle la libertad o prisión domiciliaria en Puente Grande o zonas contiguas. La alteración de esta medida pondría en riesgo inminente la integridad física de las víctimas directa e indirectas, los testigos, los miembros de la comunidad indígena, además de preparar el camino para la completa impunidad.
III. EXIGENCIAS URGENTES
Por lo anteriormente expuesto, exigimos de manera firme a las autoridades del Estado de Jalisco que actúen con la máxima diligencia, objetividad y estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de pueblos indígenas y defensores del territorio:
Al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Estado: Ante las irregularidades y condiciones adversas de seguridad en contra de la comunidad, instar y vigilar de manera estricta que el proceso penal se mantenga firmemente bajo la competencia de los órganos judiciales radicados en Guadalajara, garantizando un entorno neutral, seguro y libre de coacciones locales para el correcto desarrollo del proceso. Asimismo, garantizar que el procedimiento se siga con estricto apego a derecho y los más altos estándares de derechos humanos.
Al Juez de la Causa (Audiencia del Jueves 9 de Julio, 10:30 AM): En caso de una nueva inasistencia de la defensa particular del imputado el próximo jueves, aplicar de forma inmediata las sanciones procesales correspondientes y decretar la asignación irrestricta de un defensor público para desahogar la audiencia sin más dilaciones. De igual forma, actúe conforme a derecho, declarando improcedente el incidente de incompetencia por inhibitoria y se abstenga de realizar cualquier modificación en la prisión preventiva oficiosa que fue dictada por el Juzgado penal de Colotlán, Jalisco. Las condiciones del entorno de violencia en la región exigen mantener dicha reclusión para evitar la sustracción de la justicia y garantizar plenamente la seguridad física y jurídica de las víctimas del pueblo Tepehuano y Wixárika.
A la Fiscalía General del Estado de Jalisco: Instruir de manera formal a los agentes del Ministerio Público intervinientes en el procedimiento para que actúen con máxima firmeza jurídica, combatiendo las tácticas dilatorias de la contraparte y objetando cualquier intento de traslado de competencia o sustitución de la prisión preventiva.
A la Subsecretaría de Derechos Humanos y la CEEAVJ: Implementar de forma inmediata medidas de protección integral y acompañamiento físico y jurídico para las víctimas de San Lorenzo de Azqueltán que comparecerán este jueves 9 de julio, asegurando su debida atención.
La defensa del territorio biocultural y los derechos humanos de los pueblos originarios no pueden ser moneda de cambio de la negligencia judicial. Permaneceremos vigilantes del desarrollo de la audiencia de este jueves y responsabilizamos formalmente a las instituciones de justicia del Estado de Jalisco ante cualquier acto que vulnere la seguridad de la comunidad o fomente la impunidad de este homicidio.
¡Justicia para Marcos Aguilar Rojas! ¡Respeto total al territorio y los derechos de la Comunidad de San Lorenzo de Azqueltán!
ATENTAMENTE
Misión Civil de Observación a San Lorenzo Azqueltán, integrada por:
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) integrada por 88 organizaciones en 23 entidades del país.
Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
Red Solidaria de Derechos Humanos
Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas
Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ
Tsikini
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez
Comunidad Indígena de San Lorenzo Azqueltán, Jalisco
