Es responsabilidad del Estado la protección y seguridad de Personas Migrantes.
Al Gobierno del Estado de Coahuila
Al Gobierno Municipal de Saltillo
A los medios de comunicación
A la ciudadania en general
La Casa del Migrante de Saltillo [Frontera con Justicia, A.C.] es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro ni alineación partidista, que no recibe financiamiento público, cuya visión se define en el contribuir a la eliminación del sufrimiento que la migración irregular ocasiona a las personas que se ven obligadas a entrar en territorio mexicano sin documentos migratorios.
La responsabilidad que la Casa del Migrante asume con la población migrante es la protección integral de sus derechos humanos mientras permanecen dentro de las instalaciones y con extranjeros residentes en la ciudad, quienes se acercan para solicitar asesorías o servicios.
Es de nuestro conocimiento que hay grupos de personas migrantes que se han establecido en la ciudad viviendo debajo de los puentes y pidiendo dinero en los cruceros, los que posiblemente están causando serias molestias a algunos sectores de la ciudadanía, convirtiéndose en una población, que si bien es migrante, desborda la capacidad de atención de la Casa del Migrante de Saltillo.
Ante esta situación y de acuerdo a las leyes locales y nacionales, existen instancias públicas que están íntimamente ligadas al tema de protección y seguridad de personas migrantes en México, y es su deber y no el de la Casa del Migrante esta atención, sin embargo, cuando el Estado omite sus obligaciones, deja a la ciudadanía la responsabilidad de estas problemáticas, causando fundado malestar en la población.
Existen elementos que están restando a las instituciones públicas un trabajo efectivo en materia de seguridad y protección de personas migrantes en México, entre ellas:
1.- La ausencia de un trabajo de colaboración y coordinación ínter institucional entre los tres órdenes de gobierno.
2.- La ausencia de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos que garantice:
a) Transformar la visión que criminaliza a las personas migrantes para el respeto a su dignidad y seguridad humana.
b) Construir una política pública integral de inclusión, acogida e ingreso regulado de trabajadores migratorios y sus familias.
c) Crear una estructura de coordinación intersecretarial y entre órdenes de gobierno eficaz, con la participación de la sociedad civil.
d) Atender las recomendaciones de la sociedad civil, organizaciones de migrantes, del sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por tanto, la tarea de protección y seguridad de personas migrantes en tránsito por el Estado de Coahuila es responsabilidad del Estado, sin embargo, y según nuestras posibilidades como organización de la sociedad civil, llenamos algunos de los vacíos que deja la autoridad en la atención a esta población.
