Comunicado 004
30 de marzo de 2026
Las organizaciones que integramos la Región Sureste de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) denunciamos la permanencia e intensificación de la grave situación de violencia, hostigamiento y criminalización que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en esta zona del país.
Esta realidad se desarrolla en un contexto donde el discurso oficial de “pacificación” contrasta profundamente con lo que ocurre en los territorios.
Durante 2025, El Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas documentó en su III Informe 124 agresiones contra personas defensoras, lo que representa un incremento del 25% respecto al informe del año anterior. Estos datos confirman que, lejos de consolidarse condiciones de seguridad, defender derechos humanos en esta región del país continúa siendo una actividad de alto riesgo.
Sin embargo, más allá de las cifras, son los hechos concretos los que evidencian la profundidad de esta crisis en diferentes entidades:
- En Tapachula, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova fue víctima de allanamientos y robo en sus oficinas, hechos que se repitieron 3 veces en un corto periodo ante la falta de respuesta efectiva de las autoridades. Esta reiteración no solo evidencia negligencia institucional, sino que coloca en riesgo la seguridad del equipo y la información relacionada a su labor, en un contexto de alta vulnerabilidad.
- En la región Istmo-Costa, el caso de la defensora Poulette Celene Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, muestra la persistencia de agresiones directas contra quienes acompañan procesos comunitarios: amenazas, agresiones físicas y hostigamiento en su propio domicilio, en un contexto de riesgo que no ha sido atendido de manera efectiva por el Estado.
- A estos hechos se suma el allanamiento a la vivienda de la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), ocurrido pese a contar con medidas cautelares internacionales. Este tipo de agresiones constituyen mensajes de intimidación directa contra quienes encabezan procesos de defensa de derechos humanos, evidenciando la ausencia de garantías reales.
- Asimismo, se han documentado procesos de criminalización contra colectivos que acompañan la búsqueda de personas desaparecidas, a través de difamación, intimidación y uso indebido del poder institucional. Estas acciones revelan cómo las estructuras del Estado pueden ser utilizadas para desacreditar y obstaculizar la labor de defensa.
- La situación es aún más alarmante en el caso de defensoras indígenas como Pascuala López López, mujer tsotsil que ha sido víctima de amenazas de muerte, ataques armados, desplazamiento forzado y violencia sistemática. Su caso refleja las condiciones extremas que enfrentan quienes defienden el territorio y la vida, especialmente cuando se cruzan desigualdades estructurales de género, etnicidad y pobreza.
- En este mismo contexto, las agresiones contra colectivas de búsqueda como Madres en Resistencia Chiapas, quienes han sido golpeadas, amenazadas e intimidadas por fuerzas de seguridad durante manifestaciones, evidencian la falta de garantías incluso para quienes buscan a sus familiares desaparecidos.
- El nivel de violencia alcanza su expresión más extrema en el asesinato de la joven buscadora Yerli Yaritza, de 18 años, quien fue privada de la vida mientras buscaba a su padre desaparecido. Su caso evidencia con crudeza que, en Chiapas, buscar a un ser querido puede costar la vida.
- En Veracruz, durante 2025, se registraron al menos cuatro hechos graves de violencia contra personas defensoras, lo que refleja un contexto persistente de riesgo e impunidad. Entre ellos destaca el asesinato de Magdaleno Pérez Santes, padre buscador e integrante del Colectivo de Búsqueda “María Herrera” en Poza Rica. De acuerdo con denuncias de su familia y colectivos, fue detenido arbitrariamente el 10 de marzo de 2025 por policías municipales, y, mientras permanecía en la comandancia, fue brutalmente golpeado por los propios elementos. Tras su liberación, regresó a su domicilio con evidentes signos de violencia y refirió intensos dolores en la espalda y la cabeza; falleció el 11 de marzo de 2025 a consecuencia de las lesiones sufridas. La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención de dos policías municipales por su presunta participación en el homicidio doloso, lo que refuerza la posible responsabilidad directa de agentes estatales.
- En julio de 2025, Radio Teocelo denunció la censura y criminalización de su labor de radio comunitaria. Le emisora es una de las radios comunitarias más longevas del país. En ese año fueron acusados de manera injustificada, enfrentaron una persecución judicial, multas y censura consecutiva para amedrentar y frenar una labor histórica de 60 años.
Estos hechos no son aislados. Forman parte de un patrón sistemático de agresiones caracterizado por intimidación, vigilancia, difamación y criminalización, que busca desarticular procesos organizativos, inhibir la denuncia y sembrar miedo en las comunidades.
En este contexto, los allanamientos y robos contra organizaciones defensoras como el caso del Fray Matías deben entenderse no solo como delitos patrimoniales, sino como ataques directos al derecho a defender derechos humanos, ya que comprometen información sensible, ponen en riesgo a personas acompañadas y buscan debilitar la labor organizativa.
Señalamos con claridad que estos hechos configuran responsabilidad del Estado mexicano por acción y omisión. La falta de prevención, la ausencia de medidas de protección, la ineficacia en las investigaciones y, en algunos casos, la participación directa o tolerancia institucional, han contribuido a consolidar un entorno profundamente hostil.
Esta situación se agrava en un contexto de militarización, securitización migratoria e impunidad, que ha derivado en la estigmatización y criminalización de quienes defienden derechos humanos.
Por ello, las organizaciones firmantes exigimos:
- El reconocimiento público de la responsabilidad del Estado frente a la falta de garantías para la defensa de derechos humanos.
- La investigación inmediata, independiente y exhaustiva de las agresiones, considerando la labor de defensa como línea central.
- La sanción de los responsables materiales e intelectuales, sin simulación ni encubrimiento.
- La implementación urgente de medidas de protección integrales, construidas con las organizaciones afectadas.
- El cese de la criminalización y estigmatización contra personas defensoras.
- Garantías estructurales de no repetición, más allá de medidas declarativas.
¡Advertimos que la falta de acción inmediata puede derivar en daños irreparables!
Hacemos un llamado a organismos internacionales, redes, organizaciones y medios de comunicación a mantener la atención, acompañar y visibilizar estos hechos como parte de un patrón sistemático de violencia. La defensa de los derechos humanos no puede ni debe ejercerse bajo amenaza permanente.
Lo que ocurre en Chiapas no son hechos aislados. Es la expresión de una realidad estructural: un Estado que, por acción u omisión, ha fallado en garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes defienden la vida, la dignidad y la justicia.
Cuando las instituciones no protegen, cuando no investigan, cuando guardan silencio, ese silencio deja de ser neutral. El silencio institucional también es violencia. Es complicidad. Es un mensaje que legitima el ataque y abandona a quienes defienden derechos humanos.
Por ello, hoy no solo denunciamos: exigimos.
- Exigimos garantías reales, no discursos.
- Exigimos protección efectiva, no simulación.
- Exigimos justicia, porque sin justicia no hay paz posible.
¡Y lo decimos con claridad, mientras defender derechos humanos siga implicando arriesgar la vida, la responsabilidad del Estado seguirá siendo ineludible!
Región Sureste de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
