Recientemente se ha publicado un informe resultado de la Misión a México del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas; Juan Mendez, ante quien –durante la misión a México- la Casa del Migrante presentó un panorama general de la situación que vive el estado por los cuerpos de seguridad, desde policías municipales hasta los cuerpos de élite, y la desprotección de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
En este tenor, el Estado de Coahuila guarda una deuda con las víctimas de tortura en materia de investigación del delito. El 30 de mayo del 2013, la Casa del Migrante de Saltillo puso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila por tortura ejercida en contra de personas migrantes en manos de elementos del Grupo de Reacción Operativa para el Municipio de Saltillo. En el mes siguiente dicha queja es ratificada antes visitadores de la Comisión y dentro del Penal, personas migrantes que fueron torturadas por dichos elementos.
El 23 de julio del 2013, la Casa del Migrante presenta un breve informe que recoge 33 casos de personas migrantes que fueron torturadas en diferentes eventos pero con un patrón muy claro de acciones. Las denuncias que como organización de derechos humanos hemos hecho han sido ante el poder judicial, ante el ministerio público y ante la CDHEC, poniendo de manifiesto la práctica de tortura en agravio de migrantes, sin embargo ningún nivel de autoridad ha querido reconocer la tortura como tal y la minimizan con calificativos como lesiones o uso indebido de la fuerza. Un reflejo de esta lamentable situación es la forma de actuar de la CDHEC que refleja su indiferencia en la recomendación 114/2014 que a la postre derivó en el amparo 1325/2014-V, el cual fue elaborado y presentado por CMS ante los Juzgados de Distrito y se encuentra en proceso de resolución.
A pesar que la CDMS ha denunciado públicamente y ante el poder judicial del estado la práctica de tortura a personas migrantes, ningún juez, magistrado u otra autoridad de cualquier nivel ha ordenado que se inicie la investigación por tortura de acuerdo a como lo establece el artículo 8 de la Convención americana para erradicar la tortura donde señala que con el solo hecho de que se denuncie o se presuma que existe dicha práctica, la acción mínima es la de iniciar una investigación como tal. Las autoridades y la Comisión en Coahuila siguen limitando el concepto de tortura, a tal grado que para que se acredite, la víctima tiene que presentar pruebas médicas con lesiones graves y demostrar que estas fueron provocadas con la intención de arrancar una confesión, haciendo con esto prácticamente imposible que la víctima acredite su dicho de que fue torturado.
La tortura, no solo en Coahuila sino en México, va en contra de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, pasando por alto la instrucción que de ella surge en aplicar la ley que más beneficie a las personas, dado que de acuerdo con los tratados internacionales; se entiende por tortura que un funcionario público de cualquier nivel provoque intencionalmente sufrimientos psicológicos o físicos a cualquier persona sin limitarse solamente a querer arrancar una confesión y lesionarlo gravemente.
Es este el momento para que el Gobierno del Estado de Coahuila, vaya más allá de la voluntad política y del discurso de avanzada en derechos humanos que ante instancias internacionales se empecina en presentar. No se trata de legislar por legislar, se trata de garantizar seguridad y protección, la reparación general del daño y la garantía de no repetición de hechos así como un acceso real a la impartición de justicia. Es en esta coyuntura, con todas las aristas de violaciones graves a derechos humanos que plagan el estado, de accionar al menos las dos recomendaciones en materia de migrantes.
a) Tomar medidas para reducir la violencia a la que están expuestos, incluyendo la debida investigación y castigo de los responsables;
b) Facilitar el acceso de la sociedad civil y abogados a las estaciones migratorias y a entrevistas confidenciales con los migrantes.
Sin dejar de mencionar que las denuncias que se presentan por tortura sean tipificadas como tal de acuerdo a la Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial el 27 de julio de 1993. Además de una armonización de las leyes estatales con las legislaciones federales, tratados, convenciones y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos que México ha suscrito y ratificado.
Casa del Migrante de Saltillo
[Frontera con Justicia, A.C.]