Proceso de elección a la SCJN requiere mayores garantías de objetividad, transparencia y participación de la sociedad civil

La elección de un Ministro de la SCJN es un momento importante de la vida democrática del país y llega en una situación de crisis generalizada de los derechos humanos en México, donde el rol de un poder judicial fuerte e independiente se vuelve fundamental. Más allá de garantías formales, el Senado de la República tiene como deber garantizar las condiciones efectivas de una elección plural, participativa y respetuosa de la separación de los poderes.

En primer lugar se debe valorar si los candidatos cumplen con las capacidades y méritos necesarios para ocupar un cargo de alta relevancia para el país y para garantizar que el mejor de ellos sea quien resulte nombrado. En ese sentido, el Senado debe valorar si los candidatos cumplen con los requistos y cualidades necesarias para ocupar un cargo de tanta relevancia para el país y garantizar que se nombre al mejor de los candidatos. Lamentamos que la reciente designación de la terna haya sido un proceso discrecional del Poder Ejecutivo sin mayor motivación. Asimismo, el papel del Senado se vuelve fundamental en la evaluación de los candidatos.

La Comisión de Justicia del Senado estableció una serie de requisitos que permiten avanzar en la transparencia sobre los perfiles y el desempeño de los candidatos a tan alto cargo. Sin embargo, como en cualquier proceso de elección, garantías formales sin condiciones materiales adecuadas son un esfuerzo que carece de substancia.

En los puntos siguientes están nuestras principales críticas:

1) Si bien se solicita información en detalle sobre el desempeño laboral de los candidatos, una evaluación de ejecutorias relevantes de la SCJN y su opinión sobre temas de atención urgente para la Corte, no está claro de qué manera esos documentos serán evaluados y que peso tendrán en la evaluación final de los candidatos.

2) Tampoco se señala si se realizará y de qué manera la evaluación de sus capacidades y criterios en materia de derechos humanos, género y protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad. La Corte ha enfrentado momentos de gran debate sobre estándares internacionales que se contraponen al marco constitucional o donde se considera que debiera avanzar en su jurisprudencia (tales como matrimonio igualitario, derechos reproductivos, arraigo, derechos de las víctimas, transparencia, acceso a la información, consulta energética, entre otros). Una opinión sobre temas controversiales para la SCJN y el país, ayudaría a clarificar cuál es su perspectiva, visión y forma de abordaje.

3) El procedimiento adoptado por el Senado no contempla una evaluación del aspecto ético de los candidatos. No se establece la obligación de prestar una declaración jurada de los candidatos con un listado exhaustivo de clientes, contrapartes, sociedades comerciales y profesionales con las cuales tuvo relación y que podrían promover en el futuro algún tipo de conflicto de interés.

4) Los tiempos establecidos para que la sociedad civil pueda participar son muy limitados. Los candidatos tienen hasta jueves 26 de febrero de 2015 a las 16:30 para enviar sus escritos. Por su parte, la sociedad civil podrá enviar opiniones y preguntas hasta el 26 de Febrero a las 17:00. En concreto la sociedad civil tendrá media hora para poder revisar los escritos enviados por los candidatos y opinar sobre ellos. Con esta limitación, claramente se pone en cuestión el derecho de la sociedad civil a estar informada y a participar en el proceso de evaluación de las candidaturas.

5) No se explica cómo se utilizarán las aportaciones de la sociedad civil durante las audiencias. Adelantamos que nos oponemos al sistema utilizado previamente para la elección del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en noviembre pasado en el cual cada candidato tomaba preguntas depositadas en una urna, sin claridad sobre el proceso por el cual se eligieron dichas preguntas.

6) El tiempo que se le da a la entrevista pública de los candidatos prevista en el punto de acuerdo del Senado es muy corto. Los candidatos tienen 10 minutos de presentación y las y los Senadores tendrán como máximo 2 minutos para realizar preguntas. Este proceso de “audiencias”, a pesar de ser público, no permite hacer una evaluación seria de los candidatos para un proceso que no solamente es técnico, sino también ético y acorde con los principios de un Estado democrático de derecho.

7) No queda claro el proceso posterior a las audiencias. Consideramos que debieran prohibirse las  reuniones a puerta cerrada de los candidatos con bancadas políticas, como fue el caso durante la elección del Ombudsman nacional mexicano en Noviembre de 2014.

Por todas estas razones, las organizaciones de la sociedad civil solicitamos que la Comisión de Justicia modifique el procedimiento para la comparecencia y la dictaminación de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal. Para estos efectos proponemos las medidas siguientes:

1) Que se tomen en cuenta los comentarios ya enunciados para justificar la modificación del procedimiento.
2) Que se cambien los plazos de tiempo para garantizar que la sociedad civil pueda aportar elementos en base a los escritos de los candidatos.
3) Que la evaluación incluya elementos de ética, derechos humanos, visión de género y de grupos en condiciones de vulnerabilidad, y en particular se sugiere abordar en la evaluación temas que han sido de gran debate para la SCJN.
4) Que se extienda el tiempo de preguntas de las y los Senadores durante las audiencias y se establezca un temario concreto sobre el que se deberán desarrollar las exposiciones iniciales.
5) Que se especifique el procedimiento posterior a las audiencias de los candidatos.
6) Que se prohíban reuniones de los candidatos con Senadores, en bancada o en particular, hasta que el pleno del Senado emita su voto sobre la terna.Esperamos que las y los Senadores contemplen estas propuestas que permitirán una elección transparente, participativa y conforme a estándares internacionales.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.) Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Mujeres indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales CIARENA A. C (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)