EXIGIMOS UN ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE MEZCALA DE ASUNCIÓN, JALISCO, MÉXICO

Guadalajara, Jalisco, MÉXICO a 20 de febrero de 2015

C. Luis Carlos Vega Pámanes, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco
CC. Integrantes del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco
C. Óscar Martín Morales Vázquez, Juez Penal de Ocotlán
A la opinión pública en general

Las organizaciones de la sociedad civil y personas a título individual que suscribimos la presente comunicación, expresamos nuestra preocupación por la criminalización a la Comunidad Indígena de Mezcala de Asunción, cuyo territorio se encuentra en el municipio de Poncitlán, Jalisco, así como por las violaciones a sus derechos colectivos e individuales cometidas dentro de un procedimiento penal plagado de irregularidades contrarias a lo dispuesto en nuestra Constitución General del país, del estado de Jalisco y de los instrumentos internacionales en materia de pueblos indígenas.

A partir de 1999, la Comunidad mantiene una lucha por la defensa de su territorio debido a la invasión ilegal del empresario Guillermo Moreno Ibarra, quien con total impunidad y aquiescencia de las autoridades, ha ocupado sus tierras para construir en el cerro El Pandillo una residencia con vista al Lago de Chapala, deforestando sus bosques y destruyendo zonas de culto sagrado. Aunado a lo anterior, ha promovido denuncias penales en contra de integrantes de la Comunidad con anuencia y complicidad del Ministerio Público adscrito al municipio, mismas que han terminado en consignaciones de hombres y mujeres indígenas, sujetos a procesos penales y sentenciados como culpables por delitos fabricados.

Deben tener presente que en el año 2011, dicho empresario denunció a algunos integrantes de la Comunidad por el delito de robo calificado para no alcanzar fianza y posteriormente fue reclasificado por daño a las cosas, lo paradójico es que la Asamblea Comunitaria decidió desmontar un panel solar que Moreno Ibarra había instalado sin permiso de la Comunidad en territorio comunal con el fin de desviar el cauce de un arroyo. Es decir, las y los comuneros actuaron en defesa de su territorio. Esta no es la primera vez que Moreno Ibarra denuncia penalmente a las y los indígenas de Mezcala, pues en el año 2002 les acusó de secuestro.

Observamos con inquietud como desde el inicio y a pesar de las inconsistencias de la acusación, la Agente del Ministerio Público Investigador en Poncitlán, Lucero Moreno Murguía, integró la averiguación previa número 1327/2011 violentando el derecho colectivo a la libre autodeterminación de la Comunidad, así como los derechos individuales de diez de sus integrantes como son al debido proceso, seguridad jurídica y personal, a la integridad física y psicológica, omitiendo hacer de su conocimiento el contenido de la denuncia, quien era el denunciante y sin mencionar las pruebas en las que fundaba su acusación. Todas estas inconsistencias legales fueron avaladas por el poder judicial del estado a través de Óscar Martín Morales Vázquez, Juez de lo Penal del Sexto Partido Judicial, con sede en Ocotlán, Jalisco.

En México, el caso de Mezcala no es el primero en el que las autoridades hostigan, encarcelan y sentencian a líderes indígenas que defienden sus derechos al territorio, a la autodeterminación y a la autonomía como pueblos originarios. En décadas recientes, han sufrido del despojo de sus tierras, aguas, ríos, además de que sus integrantes han sido encarcelados, amenazados y desaparecidos. De la misma manera, en diversos países de Latinoamérica se han generado situaciones de criminalización y estigmatización constante hacia los pueblos indígenas que luchan en contra de la explotación y el despojo de sus territorios ancestrales.

Consideramos que este proceso penal es una vía para la criminalización de la Comunidad Indígena de Mezcala que buscaba ejercer su legítimo derecho a defender su territorio y a la libre determinación, lo cual implica la obligación por parte del Estado de reconocer y asegurar la autonomía política de sus instituciones y la competencia de sus autoridades comunales para decidir y administrar su territorio y recursos naturales.

Resulta inadmisible que el Juez de Ocotlán encargado de administrar justicia haya impulsado irresponsablemente este proceso penal que de origen castiga y persigue al pueblo indígena Coca, ignorando los lineamientos del “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, Comunidades y pueblos indígenas” y desconociendo la legítima facultad que tienen las instituciones y autoridades indígenas para administrar y resolver conflictos respecto a sus tierras y recursos naturales.

Actualmente, se está en espera de que el Juez Penal de Ocotlán emita su fallo, por lo que exigimos al Poder Judicial del estado de Jalisco:

Primero.- Que rectifique las violaciones al debido proceso cometidas contra los integrantes de la Comunidad Coca de Mezcala y reconozca sus prácticas normativas derivadas de su condición de pueblo originario, esto en concordancia con los estándares internacionales en la materia, particularmente del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Segundo.- Que el Juez resuelva la no responsabilidad penal de los integrantes de la Comunidad de Mezcala, por lo que deberá aplicar el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, Comunidades y pueblos indígenas”, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tercero.- Que asegure que todo su personal cuenta con la debida capacitación en materia de derechos humanos, particularmente sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, donde se garantice a los grupos y personas en condición de vulnerabilidad el acceso a la justicia, el debido proceso, así como la implementación de los Protocolos diseñados exprofeso.

Cuarto.-Que el Consejo de la Judicatura asuma la responsabilidad de revisar la actuación del Juez Penal de Ocotlán y adopte las medidas sancionatorias correspondientes por los actos y omisiones que pudieran constituir discriminación contra el pueblo indígena Coca.

POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA AUTONOMÍA INDÍGENA

Gustavo Marín Guardado; Gricelda Cruz; Renée de la Torre; Tania Paulina Frías; Paulina Cerdán Corona; Alicia Hernández Molina; Margarita Pérez Negrete; Manuel Alfonso Martínez Treviño; Andrés Fábregas Puig; Paola Lazo; José Luis Albizu Beristain; Nelton Rivera González; María de Lourdes Álvarez Fragoso; Santiago Bastos; Quimy de León; Nelton Rivera; Mónica Salas; María Bertely Busquets; Miguel Bazdresch; Libertad Chávez Rodríguez; Osorio Goicoechea; José Joaquín Eugenio; Saríah Acevedo; Manuel de Jesús Ríos Morales; Santiago Bastos; Julio Antonio; Luís Gabriel Torres González; Humberto González ; Itzia E. Pérez Ruiz; Patricia Fortuny; Juan José Briseño Guerrero; Eugenia De La O Martínez; Carlos Armando Peralta Varela; Augusto Chacón; Felipe De Jesús Alatorre Rodríguez; Francisco Morfín Otero; WedorBertho Ducange; Selene Cruz Pastrana; Ignacio Gutiérrez; Elizabeth Pérez Márquez; José Antonio Torres Reyes; Mary L Pratt; Juan Ignacio Castiello; Inés Durán Matute; Rodrigo Camarena González; Guillermo De la Peña; Leif Korsbaek; Jesús Carlos Soto Morfín; Patricia Torres; Efrén Sandoval Hernández; Juan Julián Caballero; Mónica Toussaint; José Casillas Martínez; María Cristina Guadalupe Romo Gil; José Juan Olvera Gudiño; Emma Delfina Chirix; Enrique Valencia Lomelí; Isabel Blanco Velasco; Manuela Camus Bergareche; Ligia González Martínez; Victoria Chenaut; José Bautista Farías; Francisco Macías Medina; Alberto Aziz Nassif; Isabel Sepúlveda; María Teresa Sierra; María Bastos; Alberto Bayardo Pérez Arce; Jaime Antonio Preciado Coronado; Elisa Cruz Rueda; Cecilia Díaz Romo; Ivette Flores Laffont; Aurora Segura G.; Susan Linda Street Naused; Arturo Taracena Arriola; Jesús Eduardo Montero Munguía; Agustin Avila Mendez; Teresa Valdivia Dounce; Araceli Burguete Cal y Mayor; Georgina Gaona Pando; Consuelo Sánchez; Héctor Castañón R.; María Guadalupe Morfín Otero; Karen Gutiérrez Lascurain; Elizabeth Oglesby; Alejandra de la Torre Díaz; Carlos Antonio Flores Pérez; Eduardo L. Menéndez; Elvira Madrid Romero; Jaime Montejo; Rodrigo Lazo Corvera; Carolina Márquez Méndez; Leonor Hurtado Paz y Paz; Alonso González-Villalobos; María Clementina de la Asunción Gutiérrez Zúñiga; José de Jesús Soto Romero; Dulce Vianey Polanco Rodriguez; Paloma Robles Muro; Juan Manuel Esquivias Farías; Angie Acosta; Héctor González Schmal; Martha Alvarez Castañeda; Elen María Sánchez Sánchez; Manuel Flores Robles; Carlos Moreno Jaimes; Luis Alonso Garibay Serrano; Luis Oscar Mora Yañez; Carlos Ortiz Tirado Kelly; José de Jesús Ibarra Cárdenas; Carlos Alberto Valdivia Rodríguez; Luis Arturo Soria Martin; José Alberto Santillán Mendoza; Leticia Araceli González Navarro; María Jacqueline Galaviz Ramos; Madela Bada; Gerardo Moya García; Teresa Gutiérrez; Jorge Narro; César O. Pérez Verónica; Cinthia Ramírez; Giovanna Peña Partida; Claudia Lourdes Pérez Arellano.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.) Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Mujeres indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales CIARENA A. C (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)