Acoso contra testigos del homicidio de un defensor y una defensora de los derechos humanos

(AU de Amnistía Internacional)

Las testigos principales del homicidio de un defensor y una defensora de los derechos humanos han sido víctimas de acoso en el estado mexicano de Oaxaca. Se trata de un aparente intento de impedirles testificar ante el tribunal. Su vida puede correr peligro.

El 22 de enero, los familiares de un hombre que ha sido detenido en relación con el homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, defensora y defensor de los derechos humanos, intimidaron a dos mujeres indígenas que fueron testigos del homicidio. Está previsto que las dos presten en breve testimonio oral ante el tribunal. Los familiares del acusado se encararon con las dos mujeres (cuyos nombres no se facilitan por motivos de seguridad) en la localidad de El Carrizal, estado de Oaxaca, sur de México, donde viven las dos, y les dijeron que se retractaran de sus testimonios escritos previos.

A raíz de eso, las dos mujeres han abandonado El Carrizal. El 3 y 4 de febrero, los mismos hombres se presentaron en la casa de las dos mujeres y dijeron a sus familiares que “algo malo puede pasar” si no se retractan de su testimonio. Hasta el momento, las autoridades estatales no han proporcionado medidas suficientes de seguridad a las dos mujeres.

En 2012 se dictaron órdenes de detención contra una banda armada –aparentemente vinculada a las autoridades municipales y estatales– en relación con el homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, cometido en 2010 cerca de la localidad indígena de San Juan Copala, estado de Oaxaca. Once de los acusados permanecen en libertad, ya que las autoridades estatales y federales han eludido reiteradamente cumplir las órdenes de detención, al parecer por miedo a las represalias de la banda.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

  • Instando a las autoridades federales y estatales a brindar protección efectiva y completa a estas dos mujeres y a todos los testigos del caso, de estricta conformidad con los deseos de las personas afectadas, y cumpliendo plenamente la legislación local sobre protección de testigos;
  • pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el acoso a las testigos, y que los responsables rindan cuentas de sus actos;
  • pidiendo una investigación exhaustiva sobre el homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, así como sobre los homicidios, cometidos en los últimos años, de muchas otras personas de San Juan Copala, y que se incluyan en dicha investigación los aparentes vínculos entre bandas armadas y autoridades municipales y estatales; pidiendo también que los responsables comparezcan ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 24 DE MARZO DE 2015 A:

Gobernador del estado de Oaxaca
Lic. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador del Estado de Oaxaca
Plaza de la Constitución, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, C.P. 68000, México
Fax: +52 95 1501 8100, ext. 40068
Correo-e: [email protected]
Tratamiento: Estimado Gobernador

Secretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, col. Juárez, Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 6600, México
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e: [email protected]
Tratamiento: Estimado Secretario

Y copia a:
Organización local de derechos humanos
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
Campillo #45, esquina con 21 de marzo, Colonia Alta Vista de Juárez,
Huajuapan de León,
Oaxaca, C.P. 69005, México
Correo-e: [email protected]

Envíen también copias a la representación diplomática de México acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
Acoso contra testigos del homicidio de un defensor y una defensora de los derechos humanos

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 27 de abril de 2010, unos hombres pertenecientes a un grupo armado (vinculado, según informes, a las autoridades estatales y municipales) mataron a tiros en el estado de Oaxaca, en el sur de México, a la defensora de los derechos humanos mexicana Bety Cariño Trujillo y al observador de los derechos humanos finlandés Jyri Antero Jaakkola. Los dos activistas formaban parte de un convoy humanitario que trataba de llegar hasta la remota comunidad indígena triqui de San Juan Copala, que llevaba varios meses sitiada por el grupo armado, con el fin de llevar alimentos y medicinas y documentar la situación de los derechos humanos. Todos los demás miembros del convoy –unas 25 personas– sobrevivieron al ataque, pero algunos sufrieron heridas de bala y fueron capturados e interrogados por los asaltantes durante aproximadamente una hora antes de ser liberados. Algunos miembros del convoy huyeron de la región a pie, mientras que otros se vieron obligados a esconderse del grupo armado antes de ser rescatados.

Entre noviembre de 2009 y septiembre de 2010, San Juan Copala estuvo sitiado por hombres armados pertenecientes a una organización indígena local (Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui, UBISORT), aliada al partido que entonces gobernaba el estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante ese periodo, varios residentes locales perdieron la vida o resultaron heridos, pero los grupos armados siguieron actuando con impunidad. Las autoridades del estado no emprendieron ninguna acción para impedir y castigar esos abusos, y dejaron a la población de San Juan Copala expuesta a los ataques y sin acceso a servicios básicos durante varios meses.

Bety Cariño era la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) en la ciudad de Huajuapan de León, estado de Oaxaca. Organizaba talleres para promover los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas locales, y había apoyado a muchas de estas mujeres en sus esfuerzos por montar emisoras de radio comunitarias. También había hecho campaña en favor de la verdad y la justicia por el homicidio de dos locutoras de radio comunitarias, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, cometido en San Juan Copala en 2008.

Jyri Jaakkola era miembro de la organización finlandesa Uusi Tuuli (Nuevos Vientos), y había hecho campaña sobre el cambio climático, el comercio justo y la seguridad alimentaria, tanto en Finlandia como fuera de ella. Realizaba investigaciones sobre agricultura sostenible y cuestiones indígenas en el estado de Oaxaca. Escribía un blog en el que solía publicar sus descubrimientos y sus experiencias sobre el terreno.

En septiembre de 2012, un juez local dictó órdenes de detención contra 14 personas a las que se cree implicadas en el homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Dos de esas personas han sido detenidas, y una ha muerto. Las otras 11 permanecen en libertad. Las autoridades federales y estatales han prometido repetidamente medidas de protección efectiva a testigos y supervivientes del ataque, pero hasta el momento la aplicación de esas medidas ha sido escasa e inadecuada.

En la región indígena triqui del estado de Oaxaca, los grupos armados han actuado impunemente durante muchos años, aprovechándose de la división entre las comunidades y tratando de imponer un control político. La región triqui es una de las más pobres de México, lo que ha provocado la emigración masiva de muchos sectores de la población y conflictos políticos locales. Los sucesivos gobiernos estatales no han abordado las privaciones que sufre gran parte de la población local, y las organizaciones locales de derechos humanos acusaron al gobierno que ocupó el poder del estado entre 2004 y 2010 de explotar las divisiones entre las comunidades y de permitir a los grupos armados operar impunemente. Se cree que las autoridades estatales y municipales han financiado, tolerado o incluso apoyado a algunos de estos grupos. El Estado de derecho está en gran medida ausente en la región, y prácticamente nadie ha comparecido ante la justicia por ninguno de los delitos cometidos, lo cual ha dejado a gran parte de la población expuesta a ataques y sometida al control de los grupos armados. El actual gobierno del estado, que tomó posesión en diciembre de 2010, ha prometido abordar los problemas que afectan a la región triqui, pero apenas se han apreciado cambios.

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