El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social considera que la iniciativa para aumentar sanciones penales en Puebla relacionadas con la utilización de expresiones gráficas en las calles y el “pandillerismo”, contiene modificaciones que la vuelven ilegítima y desproporcional, además de ir en contra de estándares internacionales en materia de protección a los derechos humanos. En este sentido, esta iniciativa se enmarcaría dentro de la tendencia de criminalizar la protesta social y estigmatizar a grupos en situación de vulnerabilidad como la juventud en el estado de Puebla.
El 27 de enero de 2015 Eukid Castañon Herrera, diputado del Partido Acción Nacional presentó al Congreso del estado, una iniciativa que busca modificar el Código Penal y la legislación procesal para incrementar las penas al delito de “pandillerismo” y “daño en propiedad ajena”, incluyendo bajo este último a las pintas callejeras conocidas como “graffiti”, las cuales se castigarían con una pena de 3 a 6 años de cárcel, y de 6 a 12 años tratándose de bienes públicos. Además, estas acciones se transformarían en delito grave y como tal, la persecución se realizará de oficio y quien las lleve a cabo, no contará con derecho a libertad bajo caución.
La iniciativa presentada, relaciona este tipo de actos con criminalidad o vandalismo, utilizando términos vagos para sancionarlos como “bien común”, “seguridad colectiva”, “bienestar social” o “paz pública”, entre otros; lo que, por la amplísima vaguedad de los términos, es erróneo desde la óptica penal. Aún más, esta iniciativa justifica el aumento de penas para proteger “la seguridad colectiva” aduciendo en la Exposición de Motivos que “el problema del pandillerismo crece de manera progresiva” generando “conductas antisociales”. Sin embargo, no se presentan elementos objetivos que justifiquen estos argumentos característicos de un derecho penal del enemigo, el cual que asume la diferencia social y política como peligrosa y busca controlar a la oposición mediante el uso del sistema de justicia penal.
El Frente por la Libertad de Expresión recuerda enfáticamente a las autoridades del estado de Puebla que el derecho penal en una sociedad democrática debe ser el último recurso y en consecuencia, debe activarse únicamente cuando se encuentre en riesgo inminente o se lesione de manera grave la integridad personal, la libertad o la vida de las personas y no debe habilitarse como un mecanismo de control social o de persecución a las expresiones políticas, de disenso y crítica gubernamental o artísticas.
Por lo anterior, el Frente observa con preocupación la intencionalidad política que existe detrás de la elaboración de iniciativas de esta naturaleza, enmarcadas dentro de un contexto regresivo en la protección a los derechos humanos. Otras manifestaciones de dicha intencionalidad son: la aprobación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales en Puebla (conocida como “Ley Bala”) -la cual sigue vigente ante la falta de una ley nueva que efectivamente protega a los derechos humanos- y su utilización sistemática en contra de las personas que protestan; las recientes disoluciones de manifestaciones y detenciones ocurridas el 19 de enero y el 8 de febrero de este año; y el alarmante número de personas procesadas por razones políticas. Todo ello da cuenta de una política caracterizada por el autoritarismo y la falta de vigencia de las libertades democráticas en el estado de Puebla que lejos de disminuir, va en aumento.
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.
Está conformado por
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.
Amnistía Internacional sección México colabora en las acciones del Frente.