Durante más de tres años han impedido desarrollos inmobiliarios
en territorio indígena.
Estado de México
9 de febrero de 2015.
En la mañana del 8 de febrero de 2015 aproximadamente a las 7:30 horas un grupo de 30 personas dirigidas por Adriana Sobreyra Peña (hermana del alcalde del lugar) intentaron tomar la delegación municipal del pueblo indígena otomí de San Francisco Magú, según refieren vecinos, esto en el municipio de Nicolás Romero, estado de México.
Esas personas, de filiación priista, trataron hacerse del control de la Delegación Municipal y el Comité Local de Agua Potable de esta población indígena, los cuales se han conducido bajo sistema de usos y costumbres desde tiempos ancestrales, agrediendo y golpeando a las personas indígenas que defienden su propio proceso de autodeterminación reconocida en el convenio 169 de la OIT.
Francisco Nonigo Almazán, Delegado Indígena Otomí designado por Asamblea General del Pueblo de Magú, y los indígenas Ignacio Segundo, Ángel Sánchez, Clara Dionisio, Juana Sánchez, David Evangelista, Sabina Pablo, Carlos González, Noé Segundo, Lidia Lucas, Gloria Manuel, Vanesa Lucas, Saúl Sánchez (menor de edad), fueron seriamente golpeados por integrantes del grupo de apoyo del edil de Nicolás Romero, Martin Sobreyra Peña.
A pesar de la agresión física y de las amenazas de muerte contra los indígenas defensores de los bosques y del territorio, el pueblo decidió retomar, sin uso de violencia, las instalaciones de la Delegación Municipal y de su Comité Local de Agua Potable, toda vez que consideran que perder el control de ambas instancias, abre la posibilidad de ver vulnerados sus derechos como pueblo indígena en lo referente a su forma interna de gobierno, la administración autónoma de su agua y la toma de decisiones mediante Asambleas Generales.
La organización indígena de este pueblo, ubicado al norponiente del Estado de México ha logrado impedir que la empresa Inmobiliaria Merket Construcciones S.A. de C.V. desarrolle, apoyada por los gobiernos municipal y estatal, un fraccionamiento de más de diez mil viviendas, con lo cual romperían con el modo de vida semi rural de la población de Magú de apenas 15 mil habitantes y sobre todo arrebatarían la admiración del agua a San Francisco Magú.
Los agresores ante la defensa popular de las instalaciones de administración interna, tuvieron que retirarse, no sin antes, amenazar muy fuertemente de muerte a los CC. Francisco Nonigo Almazán y Berenice Sánchez Lozada, dos de los principales indígenas defensores comunitarios de derechos humanos, quienes se han destacado por su constante participación dentro de la organización del pueblo de San Francisco Magú.
Ante esta situación el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hace un llamado a todas las autoridades competentes en los tres órdenes de gobierno a intervenir de forma urgente ante la delicada situación que vive San Francisco Magú y en estricto respeto a los Derechos Humanos de las personas y del Pueblo indígena de forma colectiva, garantizar la integridad y la vida de los defensores amenazados, así como respetar sus derechos indígenas, sus administraciones internas como la Delegación Municipal, Consejo de Participación y su Comité Local de agua potable, todos revestidos de un proceso de autonomía indígena.
Lic. José Antonio Lara Duque
Coordinador General
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero