México, 20 de enero de 2025
Días antes de la investidura de Donald Trump, la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, insistió en que el estado no es un lugar santuario para personas en contextos de movilidad humana, por lo que posibles deportados no podrían permanecer en él. Para quienes ya se encuentran en Chihuahua, la postura ha sido la misma, quedando clara con la petición al Instituto Nacional de Migración (INM) de un operativo el pasado 17 de enero, a todas luces violento y violatorio de derechos humanos. Incluso fueron trasladados agentes migratorios de Ciudad Juárez a la ciudad de Chihuahua, quienes participaron en dicho operativo durante la madrugada, a sabiendas de la dificultad en la cobertura de medios de comunicación y respuesta de las organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de la presencia de mujeres embarazadas, niñas y niños, autoridades municipales, estatales y federales acudieron al predio ubicado en la calle Industrial I y Juan Pablo II, en las cercanías de una tienda de conveniencia, al sur de la ciudad de Chihuahua, sin que autoridades civiles mediaran la reubicación de las personas o preguntaran si necesitaban ser reubicadas. El uso de cuerpos de seguridad y fuerzas militares es un mensaje claro de la gobernadora, tal como lo han hecho en los últimos años, quien ha señalado que el estado no es responsable de las personas en movilidad, olvidándose del grave problema de desplazamiento forzado en las zonas serranas, que ella ha sido incapaz de atender, así como la existencia de la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua, donde los esfuerzos de reformas han sido prácticamente insignificantes.
La invisibilización del desplazamiento forzado y otras formas de la movilidad humana aunado al discurso de rechazo y criminalización potencian situaciones de graves riesgos. De nueva cuenta, el proceder del INM está fuera de todo seguimiento a protocolos, sin apego a un marco de derechos y protección, obligando a las personas a tomar acciones desesperadas para salvaguardar su integridad y la de sus familias, huyendo de quienes están obligados a brindarles protección.
Una respuesta violenta y violatoria a los derechos humanos.
Enfocándonos en el gobierno estatal y municipal, recordamos que ambos tienen la obligación de respetar la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua, donde destacamos que:
● El artículo 1 expresa de manera tajante y clara que dicha ley “tiene como objeto proteger y apoyar a personas migrantes y sus familias que se encuentren o transiten por el territorio estatal, prohibiendo cualquier forma de presión sobre éstas para la renuncia de sus derechos, y sin que se les pueda restringir o limitar de modo alguno”.
● El artículo 2, fracción III sostiene que la ley debe “Promover el respeto de los derechos humanos de migrantes y sus familias, sin distinción de sexo, raza, color, idioma, religión, ideología, condición social, lugar de origen, nacionalidad,edad, estado civil o cualquier otra condición, con independencia de su situación jurídica migratoria.
● El artículo 3 señala que el estado “[…]reconocerá, promoverá y garantizará a migrantes y sus familias, el ejercicio pleno de sus derechos”, donde aparte de enfatizar que deben recibir un trato respetuoso , oportuno y con calidad, información sobre los programas que les beneficien, destaca en la fracción VII que en el caso de la niñez y adolescencia se deberán garantizar sus derechos atendiendo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el principio de interés superior de la niñez.
Bajo este marco jurídico estatal, cuestionamos la forma en que las autoridades han abordado el tema de la movilidad humana en Chihuahua. Llevar a más de 100 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía Estatal y agentes del INM NO ES PROTEGER A LAS PERSONAS EN MOVILIDAD, SON ACCIONES VIOLENTAS Y DE INTIMIDACIÓN QUE PUEDEN TERMINAR EN DESGRACIAS como el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023.
Firman:
Abriendo portables A.C.
Adriana Vial Cornu
Ana Fierro
Apoyo a Migrantes Venezolanos, A.C.
Asylum Access México (AAMX)
Casa Monarca. Ayuda humanitaria al migrante, A.B.P.
Casa y refugios San Juan en frontera Coahuila y comedor Verbo Encarnado
Casa Nicolás, Solidaridad en el éxodo
CDH Fray Juan de Larios
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP
Centro María Auxiliadora
Centro para Migrantes Jesús Torres 24/7
Colectivo BUSCAME Buscando Desaparecidos México.
CVX
Cvx México
Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA)
Edeline
Emmanuel de Jesús González Millán
Esperanza Paredes Hernández Investigadora independiente
Estela del Carmen Rojas y Lopez
Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas A.C
Francisca Zepeda
Frontera con Justicia A. C. [Casa del Migrante Saltillo]
Fundación para la Justicia
Gabriela Loaria / El Día Después AC
Grupo de Trabajo Sobre Polí tica Migratoria-GTPM: Aldeas Infantiles SOS Mé xico, I.A.P.; Alianza Américas; American Friends Services Committee; Apoyo a Migrantes Venezolanos, A.C.; Asylum Access Mé xico (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia
A.C.); Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, CAFAMI; Centro de Derechos Humanos Fray Matí as de Có rdova, A.C.; Coalició n Pro Defensa del Migrante de Baja California; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundació n Appleseed Mé xico, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acció n, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migració n; Iniciativa Ciudadana para la Promoció n de la Cultura del Diá logo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; Paso de Esperanza A.C.; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en Mé xico; Save the Children Mé xico, Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Refugiados; SMR Scalabrinianas: Misió n con Migrantes y Refugiados; Leticia Calderó n, Analista en temas migratorios; Brenda Valdé s; Manuel Á ngel Castillo, Investigador; Gloria Ciria Valdéz Gardea, fundadora y coordinadora del Seminario Niñez Migrante; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vertiz Hernández, Secretaria Técnica.
Hilos del Corazón
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
J Cruz Escalante
Jorge Luis Viveros Acuña
José Luis Manzo Ramírez
Karlo Montané Varela
Las Vanders
Lourdes Sosa Espinoza
Luis Eduardo Zavala de Alba
María Eugenia Arriaga Salomón (a título personal)
María, Auxiliadora, moreno Valenzuela
Marta Villarreal
Miguel Lucero Rojas
Patricia Zamudio Grave, CIESAS-Golfo
Raúl Zaragoza
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
Rolando Enrique Díaz Caravantes
Rubith Anaya Coronado
Tania González
Transformemos desde la Raíz, A. C.