Ante la falta de pruebas en su contra, los defensores ambientales nahuas Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi deben ser liberados
- La PGJE no aportó pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad en el delito del que se les acusa.
- Después de permanecer más de un año y medio en prisión injustamente, Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi deben ser puestos en libertad de manera inmediata.
Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, a 18 de enero de 2024.- Tras más de un año y medio de injusto encarcelamiento, el caso de Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez está por llegar a su fin. En los próximos días el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, conformado por las juezas Aída Baez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio, resolverá el caso mediante una sentencia en la que tiene la oportunidad de devolverles su libertad, que les fue arrebatada el 14 de julio de 2022 por un delito que no cometieron.
Desde su detención, Saúl y Raymundo, junto con sus familias, personas de su comunidad -el pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan, en el municipio de Santa Ana Chiautempan-, y de organizaciones defensoras de derechos humanos, han denunciado su injusto encarcelamiento y las irregularidades cometidas durante su proceso penal, como los siete meses que ha durado solamente su audiencia de juicio oral, en los cuales han permanecido internos en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala, lejos de sus familias y su comunidad.
A partir del 12 de junio de 2023, se dio inicio al juicio oral 419/2022 J.O., en el que la PGJE tuvo la oportunidad de presentar ante el Tribunal de Enjuiciamiento pruebas para demostrar la participación de Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi en los hechos en los que lamentablemente perdiera la vida una persona el 15 de abril de 2022, durante las fiestas religiosas de Viernes Santo en San Pedro Tlalcuapan, como consecuencia de un linchamiento. Sin embargo, esto no fue así, ya que únicamente se logró acreditar que el hecho ocurrió, pero no la participación de Saúl y Raymundo en él.
Por el contrario, las pruebas presentadas por los defensores ambientales nahuas demuestran que ese día desarrollaban sus actividades como presidente de comunidad, en el caso de Saúl, y como mayordomo de la iglesia de su comunidad, en el de Raymundo, y que no participaron del linchamiento que la PGJE pretende atribuirles. Como presidente de comunidad, Saúl Rosales hizo todo lo posible para salvaguardar la integridad del ahora occiso, pero no fue suficiente ante el tumulto de personas enardecidas por la inseguridad que es una constante en la zona, sumado a la inacción de las autoridades de los tres órdenes de gobierno -municipal, estatal y federal- quienes se encontraban en el lugar, pero no intervinieron.
En el caso de Raymundo, quien además de ser mayordomo es Tiaxca o hermano mayor de su comunidad, no estuvo en ningún momento en el lugar de los hechos, pues se encontraba recibiendo alimentos en la casa de una persona de la comunidad, en compañía de las personas que lo acompañaban al estar encargado del palio de Jesús, lo que quedó acreditado en el proceso penal con los testimonios de distintos pobladores de San Pedro Tlalcuapan.
Este caso es percibido por la comunidad y los colectivos en defensa de los bosques de la región como un acto de criminalización con el que se intenta frenar la defensa del bosque, ya que Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi son reconocidos por su labor en defensa del bosque de la montaña Matlalcuéyetl o La Malinche, como también es conocida. A pesar de no contar con pruebas suficientes, la PGJE persiste en su acusación contra Saúl y Raymundo, a través de la que pretende que se les imponga una pena de cincuenta años de prisión por el delito de homicidio calificado. Por ello, amparados en los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo del Sistema de Justicia Penal de nuestro país, que consisten en que toda persona se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia dictada por un órgano jurisdiccional, y que en caso de duda razonable se debe absolver al acusado, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer debe decretar la inmediata libertad de Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi, para que regresen con sus familias, su pueblo y el bosque que tanto les ha dado.
