Ejército Mexicano agrede a defensor de derechos humanos y a periodistas en Nuevo Laredo, Tamaulipas 

Ejército agrede a sociedad civil posterior al asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fotografía: Reuters

02 de marzo de 2023

Comunicado 003

En México las agresiones a personas defensoras y periodistas que documentan violaciones a derechos humanos perpetrados por las fuerzas armadas quedan impunes, tal como ocurrió el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas en contra de Raymundo Ramos Vázquez, defensor y presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y un grupo de diez periodistas entre los que figuran integrantes de la Asociación Civil Club de Periodistas Bravos.

La política de seguridad militarizada por la que apuesta el Presidente de la República tiene un alto costo humano que está cobrando la vida de civiles como en un país en guerra, testimonio reciente de ello es el acontecimiento de Nuevo Laredo en donde efectivos militares asesinaron a cinco jóvenes, dejando herido a uno más, además de accionar sus armas de fuego para dispersar y amenazar a familiares y vecinos que manifestaron su rechazo por el uso de la fuerza excesiva del ejército mexicano.

Las agresiones contra el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos y en contra de periodistas que cubrieron los hechos, documentados públicamente, confirman que hubo disparos, amenazas, agresiones verbales, descargas eléctricas e intentos de atropellamiento al arremeter con vehículos blindados en contra de personas defensoras, periodistas y sociedad civil con uso desproporcionado de la fuerza. Al menos desde 2007, es un ejercicio permanente del Ejército frenar las labores de documentación en Tamaulipas. Esta realidad no ha cambiado.

En octubre de 2022 se amplió el plazo de permanencia de las Fuerzas Armadas (FA) en labores policiacas, que les otorga poder al menos hasta 2028. A tan solo unos meses de esta decisión, se confirma lo que desde diversas organizaciones de la sociedad civil colocamos en la mesa del debate público: la presencia de los militares en tareas de seguridad pública pone en riesgo la vida e integridad de civiles, ocasiona daños irreparables, desplaza forzosamente a víctimas y sobrevivientes. Desde el Ejecutivo no se ofrecen garantías de no repetición.

El derecho a defender derechos humanos, el derecho a informar y el de la libertad de expresión son garantías constitucionales y del orden universal en materia de derechos humanos, que son violados por autoridades civiles y militares en México focalizando de manera particular a quienes ejercen labores periodísticas y/o de defensa de derechos humanos al ser actores que documentan agresiones que visibilizan abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, responsabilidad institucional y criminalización de civiles que son presentados como “culpables” en franca revictimización en contextos de conflictividad y alta violencia.

Hacemos un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas para que adopte medidas preventivas y no sólo reactivas, pues aunque acudieron a la región, periodistas señalan la falla constante que presentan las medidas físicas otorgadas, como los botones de pánico ya que la respuesta para reactivarlos puede tardar hasta meses. Así mismo, señalaron que al Mecanismo le han solicitado un esquema de protección regional que considere como fuente de riesgo y principal agresor de la prensa al Ejército Mexicano.

Lamentamos la mención realizada en la Conferencia Mañanera del 1 de marzo de 2023 y retomada por funcionarios públicos en sus redes de comunicación, exhortamos al Gobierno de México a frenar la estigmatización y criminalización, a través de los canales de difusión públicos, ya que estos señalamientos aumentan el riesgo que afrontan personas defensoras y periodistas. 

Manifestamos nuestra solidaridad con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y con la Asociación Civil Club de Periodistas Bravos. Reconocemos su labor para evidenciar la grave situación en materia de seguridad pública y derechos humanos en la región norte fronteriza de nuestro país.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)

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