PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
15 de febrero de 2023
A un mes de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, ambos defensores del territorio y de los derechos de los pueblos originarios, es alarmante que no existan indicios ni avances en el caso. A pesar de que la exigencia y la preocupación escaló hasta las instancias internacionales, el gobierno mexicano se mantiene omiso incluso por encima del dictámen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Acción Urgente emitida por la Organización de las Naciones Unidas.
Son las familias y las personas defensoras de derechos humanos quienes se movilizan y accionan desde la costa hasta las ciudades para exigir la búsqueda y presentación con vida de Ricardo y Antonio. Esa voluntad mantiene una luz de esperanza para encontrarlos íntegros. Sin embargo, el actuar de las autoridades mexicanas nos ha llevado a cuestionar y a confirmar la existencia de un estado criminal coludido con empresas y delincuencia organizada, cuya prioridad no es la vida ni la protección.
La actuación de los gobiernos estatales de Michoacán, Colima y del Gobierno Federal ha sido omisa y hasta cómplice, aunado a que las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) resultan insuficientes. Es imprescindible emprender acciones de investigación sobre el rol de la Guardia Nacional y el Ejército, presentes en la zona de desaparición, así como a los distintos grupos armados que inciden en la región. Resulta urgente atender con seriedad las denuncias previas sobre amenazas dirigidas a los defensores por parte de miembros de la empresa Ternium.
Es por ello que exhortamos a todas las autoridades a asumir su responsabilidad desde instituciones como la CNB, FGR, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Fiscalía General del Estado de Colima, la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la Nación.
Las desapariciones forzadas de Ricardo y Antonio son responsabilidad del Estado y no solo generan obligaciones de investigación y búsqueda, sino que requieren que se asuman las responsabilidades políticas y comerciales pertinentes.
Es inadmisible, vergonzoso y preocupante que los gobiernos de Colima, Michoacán y de la misma Federación se escondan bajo la excusa de la presencia de la delincuencia organizada, mientras continúan haciendo negocios con la empresa minera Ternium cuyas actividades han generado un riesgo inaceptable para aquellos que dedican su vida a la defensa del medio ambiente y el territorio.
Exigimos la búsqueda y presentación inmediata de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. A un mes de inacción gubernamental, familiares, amig@s, organizaciones, colectiv@s, individu@s, redes, y personas académicas nos mantenemos firmes en la demanda: ¡Presentación con vida ya!
#TodosxporRicardoyAntonio
Firman:
Familiares y amig@s de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz
Familia Wallace Ramírez
Familia Ramírez Walle
Familia Ramírez Lara
Organizaciones, colectiv@s:
Alianza Américas
Aluna Acompañamiento Psicosocial, AC
Asesoría y Defensa Legal Sureste
Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic
Caravana Abriendo Fronteras
Carovane Migranti
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Clínica Internacional de Derechos Humanos, Escuela de Derecho, Universidad de Seattle,
Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)
Colectivo de Derechos Humanos Yopoi, Argentina;Global Rights Advocacy
Comité Colima: 500 años de luchas
Coordinadora de Lucha Indigena y Popular de Oaxaca (CLIP)
Coordinadora Nacional de Usuari@s en Resistencia (CONUR)
Colectivo Red Desaparecidos
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Hegoa)
Lumatik Herriak
Movimiento Socialista del Poder Popular
Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (MOPOR)
Mugarik Gabe
Museo del Hambre, Argentina
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)
Organización Nacional del Poder Popular
Ongi Etorri Errefuxiatuak -Bizkaia
Paz y Solidaridad Euskadi
Plataforma de solidaridad internacional con América Latina HEGOAK
Tochan Sueños y Realidades, AC
Redes:
Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM: Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Américas; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Refugiados; SMR Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; Gloria Ciria Valdéz Gardea, fundadora y coordinadora del Seminario Niñez Migrante; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Claudia Martínez Medrano, Jocelín Mariscal Agreda y Melissa A. Vértiz Hernández, Secretaría Técnica.
– Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” -Red TDT- (Integrada por 84 organizaciones de derechos humanos en 23 estados de la República): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (integrada por 400 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos que desarrollamos nuestra labor en 27 entidades del país).
Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (Redasa)
Académic@s:
– Shantal Meseguer Galván. Universidad Veracruzana Intercultural
– Roberto Leonardo Cruz Nuñez. Encargado de la Coordinación de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Individu@s:
Floridalma Pérez
Gabriel Morales Hernández
Juliana Merçon
Marcos Ezequiel Filardi, abogado de derechos humanos, Argentina
Miguel Agustín López Moreno
ANEXOS:
En un mes se realizó: un plantón de familiares frente a Palacio Nacional en donde se logró que el Presidente de la República posicionara el tema en la conferencia matutina; un plantón de comuneras y comuneros en Aquila, Michoacán; una primera Acción Urgente en Change.org con 20 mil 629 firmas; una serie de Acciones Urgentes desde diferentes agrupaciones como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el CDH Fray Bartolomé de las Casas, Alianza Americas, Front Line Defenders, así como del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), de la Organización de las Naciones Unidas; acciones de protesta en la Ciudad de México y descentralizadas en diferentes estados como Colima, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Yucatán, protestas internacionales en Nueva York y España; la entrega de cartas a consulados mexicanos ubicados en Chicago, Alabama y Florida; las medidas cautelares otorgadas por la CIDH; diversas cartas de personas académicas dirigidas a las autoridades; protestas virtuales, posicionamientos de personas congresistas tanto en México como en la Unión Europea y una Acción Urgente establecida por el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas.
A pesar de las múltiples movilizaciones y posicionamientos, el Gobierno mexicano se ha mantenido en un estado de quietud, permanencia y solapamiento de la criminalidad, en una sordera institucional y en un cobijo a otros poderes político-empresariales. Una estrategia de Estado que busca apostar al olvido del caso.
Habitamos un país con más de 111 mil personas desaparecidas, sin embargo, el ritmo de las operaciones para encontrar a las víctimas se mantiene subsumido a la decisión y a los procedimientos burocráticos de las instancias nacionales de búsqueda y de protección a personas defensoras, sin que existan mecanismos claros de coordinación a nivel estatal y federal, para localizarlas con vida.
De acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU y con el Protocolo de Estambul, este crimen de lesa humanidad no solo vulnera los derechos fundamentales de las personas desaparecidas, sino también los de sus familiares y allegados, ocasionándoles daños profundos en varias dimensiones de su vida (física, psicológica, social, económica) y les mantiene en un estado de sufrimiento permanente, el cual es considerado como una forma de tortura.
Por otro lado, la empresa Ternium, el actor económico más poderoso en la zona, no responde adecuadamente a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que establecen la responsabilidad de respetar y el deber de debida diligencia exacerbada frente a impactos graves relacionados directamente con su actividad. En este caso la empresa debía actuar de forma inmediata, no solo para reducir el riesgo en los defensores, sino para coadyuvar y usar toda su influencia y poder para encontrarlos.