Comunicado 001
Ciudad de México, 2 de febrero de 2023
El 1 de febrero de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por medio de la resolución 3/2023 otorgó medidas cautelares a favor de Pascuala López y su núcleo familiar debido a la situación de riesgo ante las amenazas, hostigamiento y hechos de violencia que han sufrido por parte de un grupo armado que opera en el Ejido el Pinar, Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con la aquiescencia del Estado mexicano.
Pascuala López es defensora de la tierra y territorio en su ejido quien tras el asesinato de su hijo comenzó una lucha en búsqueda de justicia y reparación. A raíz de estos acontecimientos ha sido amenazada por grupos delincuenciales, de lo cual tienen información servidores públicos, sufriendo un intento de homicidio con el fin de silenciar su voz. La defensora comunitaria se ha pronunciado ante la violencia, impunidad y el escenario de macrocriminalidad que impera en la región.
La CIDH documentó que el gobierno federal y estatal tienen conocimiento del caso y decretó que el Estado mexicano tiene que adoptar medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Pascuala López y sus familiares, así como prevenir actos de violencia en su contra e investigar a los agresores, dado que esta situación se agravaba por la falta de avances sustantivos en la sanción de los responsables de los eventos de riesgo.
Durante el proceso, el Estado Mexicano se ha mostrado omiso e insuficiente para atender la situación de vulnerabilidad. En 2022 fue rechazada la solicitud de incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas operado por la Secretaría de Gobernación. No obstante, la CIDH consideró que se trata de un caso grave y urgente “toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”.
Ante la nueva solicitud de incorporación al Mecanismo de Protección, las autoridades mexicanas tienen la oportunidad de evaluar el caso con un enfoque de interculturalidad, género y pueblos indígenas, para garantizar la vida, integridad física y otorgar la protección necesaria.
En lo que va del 2023, es la tercera resolución que emite la CIDH en contra del Estado Mexicano y a favor de defensoras y defensores de los derechos humanos. En ellas reconoce la situación de violencia e impunidad en el país. El 22 de enero del presente concedió las medidas cautelares 1/23 en favor de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz ordenando su localización y paradero, quienes se encuentran desaparecidos desde el 15 de enero en el estado de Michoacán; y la 2/23 a favor de once integrantes de la Comunidad Jesuita de Cerocahui en la Sierra Tarahumara, Chihuahua en donde el año pasado fueron asesinados dos sacerdotes, por lo que se ordenó la protección de 11 personas que integran la comunidad jesuita de Cerocahui, Tarahumara, municipio de Urique, Chihuahua.
Desde la Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) exigimos al Estado mexicano acatar la resolución de la CIDH a favor de la defensora Pascuala y su familia para protegerlas con el fin de que tengan acceso a una vida libre de violencia y justicia, así como el cumplimiento de las recientes medidas cautelares a favor de las personas defensoras de derechos humanos en México.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)