Informe| Kenia Hernández Montalván: Misiones de Observación sobre las Condiciones Carcelarias
- Organizaciones nacionales e internacionales exigen libertad de defensora Kenia Hernández tras observar condiciones carcelarias
- Organizaciones de la Sociedad Civil urgen a autoridades mexicanas para que atiendan llamado de la ONU sobre una pronta liberación
17 de noviembre de 2022
El estado de salud de Kenia Hernández se ha visto afectado durante dos años de reclusión, corroboran organismos de derechos humanos luego de tres misiones de observación. Durante estas visitas documentaron al menos 13 derechos humanos vulnerados. “Tras realizar dos huelgas de hambre, la defensora presentó padecimientos como gastritis y colitis nerviosa, aunado a problemas de nutrición. La comida proporcionada en el penal provocó una intoxicación grave, no solo para ella, sino para más de 700 reclusas” durante octubre de 2022, enfatizaron.
Las violaciónes de los derechos humanos de Kenia Hernández han sido múltiples: 1) Derecho a comunicarse periódicamente con sus familiares y amigos 2) Derecho a mantener la vinculación con el exterior 3) Derecho a la salud 4) Derecho de acceso a la información 5) Derecho a la duración de jornada laboral adecuada 6) Derecho al agua potable 7) Derecho a la alimentación de buena calidad 8) Derecho a estar presente en su juicio 9) Derecho al ejercicio físico y al deporte 10) Derecho al depósito de objetos pertenecientes a las reclusas 11) Derecho a comunicarse con su defensor en forma confidencial, sin interferencia o censura 12) Derecho de petición 13) Derecho a la no discriminación.
El 17 de noviembre los organismos nacionales e internacionales presentaron el informe sobre las condiciones carcelarias de la defensora de derechos humanos Kenia Hernández, como resultado de las visitas realizadas el 21 de mayo, 25 de junio y 17 de octubre de 2022 en el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social Núm. 16 (CEFERESO 16), ubicado en Coatlán del Río, Morelos.
Las medidas implementadas en el penal son inconstitucionales a nivel nacional y violatorias de estándares internacionales como las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok, señalaron y enfatizaron las organizaciones. Este resultado se debe a las acciones de autoridades carcelarias y condiciones inhumanas, como la restricción de las llamadas telefónicas y videollamadas; negar la convivencia familiar; falta de atención médica y de acceso a la salud; falta de acceso a la información; propiciar el desarrollo de jornadas de trabajo amplias y con una remuneración excesivamente baja; insalubridad e insuficiencia en la alimentación y el agua potable.
Tambien señalaron la nula conexión a internet para las audiencias; falta de acceso a las pertenencias adecuadas; inexistencia de una comunicación privada para entablar conversaciones de confianza con su abogado defensor; falta de respuesta por parte de las autoridades carcelarias ante peticiones escritas por Kenia y discriminación por su origen étnico.
La situación carcelaria de la abogada amuzga vulnera sus derechos humanos y su ejercicio como persona defensora, consideraron. De acuerdo con el testimonio de Kenia Hernández, estas condiciones la llevaron a realizar una huelga de hambre en dos ocasiones, con el fin de que se le otorgara comunicación con su abogado defensor y su familia.
Kenia permanece en una prisión de máxima seguridad por decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), pues la calificaron como “una persona que pone en riesgo a la comunidad”, por su labor de manifestación en los estados de México, Puebla, Morelos y principalmente en Guerrero, de donde es originaria.
Debido a las condiciones inhumanas que se viven al interior del penal, las organizaciones solicitaron a la FGR y a CAPUFE que se realice el traslado de la defensora Kenia Hernández a un penal de menor seguridad. Además instaron a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y al Gobierno Federal para que revise el caso, pues se debe garantizar el respeto al derecho de las visitas de familiares y del equipo jurídico; la incorporación de un enfoque de género con perspectiva desde los pueblos originarios por la condición de mujer indígena de la abogada y los derechos a la salud, alimentación, comunicación e información.
Así mismo, señalaron que deben atender el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para su pronta liberación y el cese a la criminalización de la que es víctima.
Las organizaciones que realizaron este informe son: Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Coalition for Human Rights in Development- CIVICUS Global Alliance, Front Line Defenders y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT y FIDH).
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Más información sobre Kenia Hernández (Anexo)
Kenia Inés Hernández Montalván es una mujer afro indígena amuzga, originaria de Xochistlahuaca, comunidad Ñomndaa de la Costa Chica del estado de Guerrero, abogada de profesión, feminista y defensora de derechos humanos.
Desde hace más de ocho años desarrolla una importante labor como defensora de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y sus territorios. Su ejercicio de defensa implica la visibilización y denuncia ante abusos cometidos por gobiernos estatales, federales y empresas. Fue desplazada en 2019 después de recibir reiteradas amenazas de muerte que la obligaron a dejar su tierra.
Pese a que era beneficiaria del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, a cargo de la SEGOB, esta instancia se mostró omisa para impedir más agresiones y patrones de criminalización como la detención y los procesos penales iniciados en su contra.
La detención fue irregular, sin orden de aprehensión y la defensora permaneció desaparecida durante un día, antes de que se hiciera público su lugar de detención. Actualmente enfrenta dos procesos que dan como resultado una condena de más de 20 años en prisión.
La fabricación del delito de robo con violencia, por la supuesta sustracción de un celular y 500 pesos sustenta su privación de la libertad. Sin embargo, esta pena podría ampliarse, pues se sabe de la apertura de diez carpetas de investigación en su contra. Paralelamente, existen otras causas que son perseguidas a nivel federal, por el supuesto delito de ataque a las vías de comunicación en las entidades de Guerrero y Morelos.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detenciones Arbitrarias y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas han señalado los peligros de la criminalización de la que Kenia es víctima y han requerido su inmediata liberación y el fin del acoso judicial en contra de la defensora.
