SEGOB impondrá Ley General de Protección a Personas Defensoras y Periodistas: prevén organizaciones y llaman a incidir en ella
Boletín de prensa 005
El 29 de agosto de 2022 se llevó a cabo el foro ¿Una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas? en el que participaron representantes de siete organizaciones para reflexionar y debatir propuestas, puntos de vista y experiencias sobre la protección y el panorama de violencia en México que enfrentan las personas que ejercen la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión.
Los diálogos regionales organizados desde la Secretaría de Gobernación (SEGOB) forman parte de un proceso de imposición de la Ley General, coincidieron las personas ponentes e hicieron un llamado a participar en la construcción; observar el proceso para incidir y fomentar una legislación que favorezca a las víctimas.
En mayo de 2022 la SEGOB reconoció en su informe público que a nivel nacional existe un 98% de impunidad cuando asesinan a una persona defensora y un 87.93% cuando se trata de una persona periodista, de acuerdo con los datos estadísticos recabados desde diciembre de 2018.
1.- “La postura actual de la SEGOB es: voy a hacer una Ley General con ustedes o sin ustedes”, señaló Alejandro Cerezo, en representación de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH) y resaltó la importancia de propiciar cambios en la forma de aplicación. “Aquí está nuestra propuesta concreta que implica construir tres subunidades para ver el tema administrativo, jurídico y de difusión para las campañas de reconocimiento a personas defensoras”.
Durante el foro virtual, ACUDDEH mencionó que las agresiones provienen de diferentes niveles de autoridad: “¿Cuál es nuestra apuesta? que se haga una Ley General y que la persona defensora o la persona periodista decida en qué mecanismo estar, si el Estatal o el Federal”. De igual manera deberá implementarse para el proceso de investigación, lo que permitiría que las personas puedan elegir si se realiza en una Fiscalía Estatal o Federal.
2.- Sara Méndez Morales, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, reiteró que para la construcción de la nueva ley es indispensable la participación de la sociedad civil: se necesita entender de qué se trata la labor y “los funcionarios y funcionarias públicas no lo tienen claro, desconocen los contextos locales” lo que produce análisis de riesgo generales e inexactos que no están enfocados a los pueblos indígenas, población migrante, LGBTTTIQ+ y niñez.
La también integrante de la organización Código DH, reconoció que formar parte de este esfuerzo es un reto complejo; hay más de un centenar de observaciones dirigidas al Mecanismo de Protección, contenidas en el Documento Diagnóstico realizado por la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así recalcó la posición del Consejo Consultivo y adelantó que revisarán con mucho detenimiento los temas de operación de las leyes (en puerta y vigentes), pues existe un riesgo de que se bajen los estándares.
3.- Francisco Cerezo, integrante del Comité Cerezo México, señaló que en 2019 distintas organizaciones nacionales e internacionales realizaron una propuesta de Ley General que sufrió varias modificaciones y terminó en Ley Federal: sobre ellas apuntó: “en México pueden ser muy bonitas, pero no se cumplen, ampliar el marco legal permite luchar”, así mencionó que no depende de la buena voluntad del Estado Mexicano, sino del trabajo concreto de las organizaciones. También criticó la participación de la Guardia Nacional, pues es uno de los principales agentes agresores que provienen del Gobierno Federal.
4.- Mario Hurtado Cardozo, integrante del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC), señaló que la actual Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no considera la impunidad como un eje, además de que los esquemas de protección vigentes no cuentan con la participación de las personas defensoras y periodistas, son inoperantes y contradictorios.
Así recalcó que después de años de trabajo, desde el Espacio OSC las diferentes organizaciones generaron una propuesta que contempla cuatro ejes fundamentales para una actuación más adecuada: prevención, investigación, protección y reparación. Además manifestó la preocupación de que las víctimas no estén en el centro de la discusión. “Se tiene el riesgo de que no se recaben de manera adecuada las participaciones y observaciones emitidas durante los Diálogos Regionales”, concluyó.
5.- México es un país de alto riesgo para ejercer la libertad de expresión, en ese sentido Pedro Cárdenas Casillas, Coordinador de Documentación y Seguimiento de Casos en Artículo 19 México, señaló que 2 de cada 5 agresiones a la prensa vienen de autoridades gubernamentales. La organización documentó que el gremio vive un agravio cada 14 horas, dato documentado en su reciente informe semestral que contabiliza 331 incidentes en el periodo enero-junio de 2022. “Este año hay una situación crítica y sumamente grave en cuanto a asesinatos”.
¿Qué es lo que está fallando?, cuestionó Cárdenas, “francamente lo que vemos es falta de voluntad política, hay un ciclo de violencia que tiene que ver con que los principales agresores son las autoridades”. No se ataca de raíz el problema y aunque la prensa decida denunciar, no se investiga ni se emite un diagnóstico de lo que está sucediendo en las entidades para actuar con alertas tempranas.
El mecanismo de protección puede mejorar la atención a víctimas, la coordinación con otras autoridades para que se cumplan las medidas que otorgan y el trabajo del personal en cuanto a los análisis de riesgo, enfatizó.
6.- Nataniel Núñez, responsable de protección de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) resaltó el discurso de condena que emite todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador y recordó que es necesario revertir ese mensaje para salvaguardar la integridad de las personas defensoras y periodistas. La militarización tiene una conexión directa con los megaproyectos que son de interés del gobierno actual, apuntó.
Existe una urgencia de construir un modelo de protección desde las organizaciones de la sociedad civil, que atienda algunas de las necesidades o urgencias de acuerdo a la situación de violencia que se enfrenta en las comunidades, regiones y pueblos más olvidados del país, sin dejar a un lado la insistencia de que el estado mexicano cumpla con su obligación, recomendó.
7.- Clara Meyra Segura, coordinadora de Rosa Luxemburg Stiftung México, celebró la existencia de espacios de intercambio que propicien el debate y señaló que “si queremos un país con procesos democráticos, un país en paz, con vida digna, tenemos que defender y proteger los derechos de las personas defensoras y periodistas (sobre todo desde la obligación que tienen los estados)”.
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