Ciudad de México, 15 de marzo de 2022
Boletín 002
La comunidad de San Lorenzo de Azqueltán ubicada en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunció que el 15 de marzo a las 5 de la tarde, elementos del Ejército acudieron en busca de sus autoridades municipales, luego de que rechazaron trabajos y operaciones de la empresa minera Amonitas y la incursión de instancias del Gobierno Federal, como el Servicio Geológico Mexicano, que intentaron realizar exploraciones mineras a través de muestras de tierra y piedras, esto sin autorización.
Las personas habitantes piden estar en alerta, pues en semanas anteriores se registró el sobrevuelo de un helicóptero con un objeto colgante, “al parecer un magnetómetro” sobre terrenos comunales. Señalan que en reiteradas ocasiones le pidieron a la minera y a las autoridades federales que hicieran una presentación con las autoridades agrarias y tradicionales así como con la asamblea, para informar “qué tipo de trabajos están haciendo y para qué fin lo hacen”, pero no obtuvieron respuesta.
Desde la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT instamos a las autoridades a respetar la decisión del pueblo de Azqueltan y su derecho a la libre determinación como pueblos indígenas, contenido en los términos constitucionales nacionales y en acuerdos proclamados desde la Organización de las Naciones Unidas a través
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo).
Exigimos a las autoridades que respeten el acuerdo de la asamblea de la comunidad, que sesionó el día 13 de marzo y llegó a la siguiente conclusión:
“Aclaramos que en nuestra comunidad rechazamos cualquier trabajo minero, sea prospección, exploración o explotación y desconocemos cualquier concesión o permiso que haya sido otorgado por los gobiernos municipal, estatal o federal sin consultarnos previamente y sin nuestro consentimiento”.
Le recordamos a la Secretaría de Gobernación que esta comunidad es beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que es su obligación garantizar la seguridad de quienes defienden el derecho al territorio.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”