El diálogo simulado de la SEGOB en Oaxaca
Febrero, 2022
“Todas, todos y todes” dice la facilitadora y ríe. Después pronuncia las letras “LGBTI”. Vuelve a reír. Esta escena ilustra un modus operandi que se repetirá durante todo el Diálogo Regional para impulsar una iniciativa de ley general de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde la ciudad de Oaxaca.
Una tarde antes se reúnen organizaciones, colectivos y personas defensoras. Los rostros se encuentran en un amplio patio. Poco a poco cae la noche y con ella llegan más personas que coinciden en la misma afirmación: “A mí no me invitaron”. Ahí sucede un encuentro de indignaciones. Personas defensoras de derechos humanos y periodistas, inscritas en el mecanismo de protección, que no fueron convocadas por la Secretaría de Gobernación a los Diálogos Regionales del estado de Oaxaca.
Cuestionan: ¿En qué se basó la SEGOB? ¿Quién decidió esas invitaciones? ¿Por qué quedaron fuera tantas personas defensoras y periodistas que viven en riesgo? ¿Nuevamente las comunidades quedaron al margen de la lógica gubernamental? ¿El gobierno no ve más allá de las ciudades?
Oaxaca está de luto
Es martes 15 de febrero. En el primer día de “diálogo” hay incertidumbre: ¿Quiénes van a pasar por esa reja negra custodiada por cuatro guardias? El Centro de Convenciones es un salón ubicado en la capital. Solo están invitadas 160 personas, aunque el recinto podría albergar hasta 10 mil 980. Tiene espacios al aire libre, teatro, salones, auditorios, un campo de futbol, regaderas, cocina, comedor y camerinos.
Después de insistir, se logra que ingresen más personas a las que les interesa participar. Los guardias acceden con un aire de desconcierto, después de recibir la indicación.
«En Oaxaca estamos de luto por el asesinato del periodista Heber López en Salina Cruz. Y como él, hay también personas defensoras desaparecidas, Irma Galindo una de ellas. Cuyos casos siguen en la impunidad» expresa Sara Méndez, integrante del Consejo Consultivo del del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Porta un huipil negro con bordado rojo.
Su gesto rompe el protocolo. Es el primer momento del diálogo en donde se manifiesta una crítica desde las organizaciones sociales. Antes de ella habló José Carlos Fuentes Ordaz, delegado de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Oaxaca.
¿Por qué necesitamos una nueva ley cuando la actual no ha sido cumplida a cabalidad? pregunta Sara Méndez, quien además es parte de la organización Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. Ese cuestionamiento es hecho por el Concejo Ciudadano y ella es el vehículo para plasmarlo en la sala.
Continúa la crítica a las actuales condiciones del Mecanismo de Protección: “No hay presupuesto para garantizar seguridad. No hay personal. Hace días fueron agredidos nuestros compañeros del Istmo y seguimos esperando a que la policía estatal haga rondines. No tiene un enfoque diferencial ni perspectiva de género. Tenemos una cadena de impunidad que no termina de solucionarse.
Más que un diálogo es un vaivén de ideas inconexas que van de un extremo a otro. No hay una escucha efectiva desde los funcionarios. Las organizaciones oaxaqueñas, inconformes, intentan colocar sus inquietudes y exigencias. Por otro lado, los políticos presumen acciones. Algunos otros están ausentes.
El gobernador no llegó. Alejandro Ismael Murat Hinojosa se dirige a San Juan Chimalapas. En un video que subió a su cuenta de Twitter, afirma que va a resolver un conflicto histórico territorial en la selva. Días después contacta a periodistas y propone generar un fideicomiso que sirva de protección. Todo al margen de la propuesta de las organizaciones sociales, a quienes no escucha, no ve y tampoco menciona.
Juan Enrique Lira Vásquez, Subsecretario Jurídico de Asuntos Religiosos del Estado de Oaxaca, acude en “la honrosa representación de Alejandro Murat”. ¡Es una burla!, anuncia una voz a lo lejos.
El subsecretario presume que, en Oaxaca, a diferencia de otras entidades, cuentan con una oficina de protección y atención a Derechos Humanos que depende de la gubernatura. “Desde ahí se revisan y articulan todos los mecanismos de protección. Podemos hablar de muchos aciertos y muchos logros y también de lo pendiente” señala.
“El gobierno de Alejandro Murat tiene voluntad, compromiso e interés en que podamos ir construyendo este tipo de diálogos”
– Tiene compromisos y tiene intereses con el narco, grita la misma voz. Es Miguel Cruz, miembro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM). El funcionario insiste en que tendrá su propio espacio para participar.
El reclamo continúa:
– Tienen intereses con el narco y los grupos de poder, por eso se asesinan defensores y periodistas. Ya nos cansamos de escuchar al gobierno del estado. Es una falta de respeto. Es una burla.
Otra voz interviene: “Para el gobierno es más importante salir en el twitter o en el Facebook. Si no acude a lo que el gobierno federal convoca, mucho menos lo va a hacer con organizaciones de derechos humanos y de la comunidad civil”.
El acto protocolario gira en otra dirección. Ese proceso en donde los honores y la palabra es de los políticos o de las voces autorizadas, es interrumpido por varias personas.
Un letrero de unos tres metros anuncia el nombre oficial. Al frente Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, reconoce que existe violencia desde la delincuencia organizada. Impunidad, falta de colaboración de las autoridades locales e involucramiento de autoridades municipales con la delincuencia o como agresores mismos.
Pero no habla de agresiones estatales ni del gobierno federal. Propone un marco jurídico más amplio de prevención ante las agresiones. Fortalecer mecanismo de protección de federal a nacional. Creación de sistema prevención y protección autoridades federales y estatales. Un programa nacional de prevención autoridades locales estatales y federales. Un protocolo nacional y un Registro de Agresiones.
Da el mensaje y se otorga un receso para tomar café y alimentos. Al regresar, el titular de la unidad ya no está presente. Jessica Sánchez Maya, integrante del grupo directivo de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, cuestiona:
– Quisiéramos preguntar si Irazoque va a tardar mucho para regresar porque la invitación la recibimos de la unidad y creemos que esto que vamos a colocar, es importante que él pueda escuchar. Quisiéramos escuchar respuestas.
-Si va a haber respuestas, es un dialogo, responde el subsecretario.
– Lo podemos esperar. No vino Encinas, no vino el gobernador, no vino la titular de Derechos Humanos. Quisiéramos pedir que se haga el receso. Lo que queremos es que quede asentado. Por respeto a los que ya asesinaron, a los desplazados, a los que ya no están. Esas prácticas han ocasionado estas problemáticas porque así sucede, hacen el twitt y se van. Podemos esperar y tomar receso.
-de acuerdo, manifiestan varias voces alrededor del auditorio, al unísono
Continúan dos participaciones más. Jessica insiste en que hay que ser respetuosos con la petición que acaba de hacer. “Que se pueda abonar a un diálogo serio. Queremos colocar un planteamiento de fondo, pero no si no está el titular…”
-Aquí estoy, dice Enrique Irazoque desde una de las puertas del auditorio. Se apresura hasta llegar a la mesa principal y se sienta nuevamente. Jessica continúa: Bueno, sumando a lo que ya pusieron. Tenemos varias preocupaciones:
“Estamos sorprendidos muchas de que se apueste a una Ley General que va a resolver el tema de problemas estructurales como impunidad, crimen organizado.
Segundo: ¿Qué tanto dinero realmente se va a destinar a que los mecanismos fluyan? Oaxaca es el estado más pobre. En las comunidades no tienen para proteger.
Tercero: ¿Qué va a hacer la diferencia a la Ley General de Tortura, Desaparición Forzada? ¿Por qué hay tanta apuesta a que esta ley va a cambiar la situación?”
Hay que ser muy cuidadosos con el discurso. Decir que el gobierno estatal tiene preocupación y sensibilidad solo porque prestó un espacio, es peligroso. “tenemos una alta preocupación porque se crea que con una ley ahora sí todas las autoridades le van a entrar” concluye.
Hay más preocupaciones que se suman: Además de la perspectiva de género, los pueblos indígenas y los enfoques diferenciados, Gabriel Rocha, integrante de Proyecto de derechos económicos, sociales y culturales A.C. (ProDESC), coloca sobre la mesa que no se olvide el carácter colectivo y comunitario, pues cuando se habla de una agresión, no solo impacta en la persona que la recibe.
Mario Hurtado, integrante del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, menciona que, en mayo de 2017, después del asesinato de Javier Valdez y Miroslava Breach, se creó un protocolo de coordinación firmado por la conferencia de gobernadores.
“No estamos partiendo de cero. Esto ya se ha intentado hacer ¿Por qué no impulsar ese protocolo que a cinco años de su promulgación ni siquiera se menciona en las presentaciones oficiales? Las voces han sido constantes y claras. ¿Por qué no fortalecer lo que ya hay? Ver lo que ya existe y lastimosamente no ha sido efectivo”.
Existe preocupación y propuesta: Por un lado, hay un gran riesgo de agudizar la violencia si es que se regionalizan los mecanismos de protección. Pues en muchas ocasiones los agresores son parte de las autoridades estatales.
Las organizaciones proponen que, si los funcionarios públicos son los principales generadores de violencia y están en la lista de un Registro Nacional de Agresiones, que se les sancione. Hay que impedir que participen en las elecciones.
La participación de Candy Castellanos, integrante de CODIGODH, sintetiza una problemática medular:
“Estos diálogos no llegan a las comunidades. Mi comunidad queda a 8 horas. Afortunadamente vivo aquí. Hay personas que hacen defensa de la Tierra y del territorio a 8 horas y ni por enterados de que hay una iniciativa de Ley general. Y ni enterados de que existe un mecanismo de protección.
El contexto de una persona que vive en la ciudad no es el mismo que la persona que vive en el Istmo de Tehuantepec”.
En las pláticas posteriores se afirma que este ejercicio no fue un diálogo. Se espera que en Sonora el panorama cambie. Será la tercera sesión. No hay que perder de vista que se trata de temas urgentes. En México han sido asesinadas seis personas periodistas en lo que va de 2022.
Las organizaciones, colectivos y periodistas logran que la SEGOB se comprometa a implementar diálogos regionales. También cuestionan el discurso y ponen en evidencia las simulaciones de diálogo. El protocolo tradicional tiene grietas y con ellas cabe la posibilidad de incidir en el fortalecimiento de los procesos de protección.
