Gobiernos en América Latina y el Caribe deben crear políticas de protección que garanticen el derecho a defender los derechos humanos

●      América Latina continúa siendo la región del mundo más peligrosa para la defensa de los derechos humanos, situación que se ha agravado en el contexto actual del COVID-19.

●      Hoy en el día internacional de las personas defensoras de derechos humanos, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a los gobiernos de la región, a que establezcan acciones que respeten y protejan su labor.

9 de diciembre de 2021

Las personas defensoras de derechos humanos han asumido el liderazgo de acciones a favor de la paz, la justicia, los derechos de pueblos indígenas, el respeto a los territorios y el fortalecimiento de la democracia. En muchos casos son víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, así como protagonistas del reconocimiento de derechos y la transformación de los conflictos al interior de sus comunidades.

Son personas comunes, trabajadoras, abogados/as, estudiantes, mujeres activistas, líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes, campesinas y comunitarias, periodistas, sindicalistas o defensoras del territorio y el medio ambiente que siempre han luchado en tiempos de crisis por reconquistar nuestros derechos, exigir su garantía, respeto y promover todas las libertades.

Pese a eso, las personas defensoras viven el asedio constante en razón de su labor de defensa de derechos humanos, siendo víctimas de asesinatos, amenazas, agresiones físicas y digitales, espionaje, robo, estigmatización, persecución, criminalización, privación de  libertad, desplazamientos forzados, secuestro, desapariciones, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violencia sexual, entre otros, algunos de los cuales son específicos o se potencian en razón del género o procedencia étnica.

En la actualidad, América Latina es una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sin que las instancias gubernamentales hayan adoptado medidas extraordinarias para su debida protección. Al contrario, la situación se ha agravado por la adopción de normas restrictivas y regresivas que afectan el ejercicio de los derechos humanos. Entre las medidas más frecuentes, están: los límites al acceso a la información, a la participación, la justicia, la protesta social y la intensificación de la militarización, las cuales se profundizan particularmente en contextos extractivos; así mismo, el aumento de violencias por razones de género y los discursos de desprestigio en contra de quienes defienden derechos humanos. En la mayoría de contextos de violencia, los principales agresores continúan siendo agentes estatales, seguidos de delincuencia organizada y actores particulares, principalmente éstos últimos asociados a las industrias extractivas.

Es por eso que hoy, en el día internacional de las personas defensoras de derechos humanos, es necesario no solo reconocer la labor que llevan a cabo por la justicia y la defensa de los derechos y comunidades, sino también hacer un llamado a todas las instancias del Estado a que pongan en marcha acciones concretas y reales, con enfoque de género e interseccional, que estén dirigidas a proteger la vida e integridad de las personas defensoras y garanticen el derecho a la defensa de derechos humanos.

Para esto, las y los parlamentarios de cada país deben impedir adoptar normatividades que restringen el espacio cívico de la sociedad civil, el uso de mecanismos que permitan la criminalización del rol de las personas defensoras y la imposición de obstáculos fiscales o de registro a las asociaciones de la sociedad civil. Es necesario que las instancias de todos los niveles de gobierno generen acciones de reconocimiento a la labor de personas defensoras, medidas de protección en beneficio de estas y se abstengan de generar campañas de desprestigio.

Es urgente el cese de la persecución penal en los delitos y las sanciones correspondientes en casos de inacción y rezago en la investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras. Las instancias de procuración y administración de justicia deben contar con lineamientos especializados y mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía, en particular a personas defensoras, conocer el avance del estado de las investigaciones. Las instancias encargadas de velar por la vida e integridad de personas en situación de riesgo deben ser fortalecidas y contar con las capacidades humanas y financieras que posibiliten la coordinación en los distintos niveles de gobierno y poderes públicos a nivel nacional o binacional, esto último cuando se trate de pueblos indígenas defensores en territorios transfronterizos.

Es prioritario establecer una política de tolerancia cero de violencia y un marco legal claro que prevean sanciones ante casos que involucran a las empresas o contratistas que promuevan acciones de criminalización o riesgo para personas defensoras. Asimismo, es urgente que se diseñen e implementen mecanismos para fiscalizar la actividad empresarial en el cumplimiento de sus obligaciones y la debida diligencia. Y en este contexto, también exhortamos a los Estados a generar procesos de investigación, justicia y sanción a los actores privados, donde se haga visible no solo a los actores materiales sino también a los actores intelectuales de dichos ataques. Se debe garantizar a las víctimas y sus familias adecuados procesos de reparación. Además, es urgente prevenir que los sistemas nacionales de justicia, ya sea desde la vía penal, constitucional o civil, obstruyan la labor de personas defensoras. Así como acciones multisectoriales para la erradicación de actividades ilegales, como narcotráfico, tala ilegal y tráfico de tierras, que son fuente de violencia contra personas defensoras y sus comunidades.

Desde las organizaciones de la sociedad civil de varios países de la región, seguiremos construyendo redes y mecanismos de apoyo mutuo y autoprotección para responder a las amenazas, ataques y riesgos actuales, así como prevenir y alertar sobre otros desafíos por venir. También continuaremos exigiendo a los gobiernos de la región que cumplan con sus obligaciones de protección conforme a los tratados internacionales de derechos humanos y en lo establecido en la Declaración de Personas Defensoras.

Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad en general, a las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos y a los organismos multilaterales a que reconozcan la importancia del papel de las y los numerosos activistas, se sumen a sus justas causas y exijan a los gobiernos y dirigentes a que apoyen la labor de las personas defensoras y generen políticas de protección para garantizar el derecho a defender derechos humanos.

Hoy, la defensa de derechos es más urgente que nunca en la región y es crucial que fortalezcamos y protejamos a quienes defienden los derechos de todos y todas. Estamos convencidas y convencidos que acompañando y respaldando su trabajo fortalecemos las democracias de América Latina y el Caribe.

Organizaciones y redes firmantes

ABGLT – Brasil

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, ACUDDEH – México

Acción Ecológica – Ecuador

Amazon Watch

Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos – Ecuador

Aluna Acompañamiento Psicosocial, AC (México)

Amazon Frontlines- Ecuador

Asociación de Propietarios de Tierras Rurales del Norte del Ecuador APT Norte – Ecuador

Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA – Ecuador

Asociación de Líderes Comunitarios Red Angel Shingre, Ecuador.

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos –

BOLENA- Género y Diversidades – Ecuador

Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes de la UNPSJB – Argentina

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P” AC. – México

Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. – México

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP, Perú.

CEDHU- Ecuador

COFAVIC – Venezuela

Comité Cerezo México

COCASEN – Ecuador

COMUNALISIS  – Ecuador

CONFENIAE – Ecuador

Colectivo Prodh

Colectiva de Antropólogas del Ecuador

Colectivo de Geografía Crítica – Ecuador

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Codehupy – Paraguay

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán  “COPA” –  Honduras

CooperAcción – Perú

DECOIN Defensa y Conservación Ecológica de Intag – Ecuador

Derecho, Interculturalidad y Ambiente – DIA – Peru

Pastoral Social, Vicariato de Aguarico – Ecuador

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, México – conformado por: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Fórum Grita Baixada- Brasil

Fundación Alejandro Labaka- Ecuador

Fundación Pachamama – Ecuador

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH – Ecuador

Frente por la Libertad de Expresión y la protesta Social – FLEPS, México – conformado por: Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.

Frente Antiminero de Pacto

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – Regional (Mesoamérica)

Justiça Global – Brasil

Kilómetro Cero – Puerto Rico

Latinoamérica Sustentable- Ecuador

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia – México

Red Global Contra la Violencia Policial

Red de la No Violencia contra las Mujeres REDNOVI – Guatemala

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” Red TDT (Integrada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), México – conformado por: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de  Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

Observatorio de DDHH y Violencia Policial – Chile

Mancomunidad del Chocó Andino

MiningWatch – Canada

Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ – Guatemala.

​​Observatorio de Ecología Política – Venezuela

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA Chile

Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) – Global

Pachamama Alliance – Perú

Pastoral Social, Vicariato de Aguarico – Ecuador

Plataforma Internacional Contra la Impunidad

Sustentarse – Chile

WITNESS – América Latina

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