Carta pública en defensa de la zona de humedales en Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 08 de octubre de 2021
Desde hace más de 10 años, ciudadanía y diversas organizaciones de la sociedad civil, hemos denunciado la destrucción de los humedales de montaña María Eugenia y La Kisst en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Con la intención de evitar que sean devastadas estas áreas naturales, que son de enorme importancia por los servicios ambientales que prestan a nuestro municipio, hemos implementado diversas acciones, que van desde escritos de petición, denuncias administrativas, denuncias penales, mesas de trabajo interinstitucionales con autoridades de los tres niveles de gobierno, protestas públicas y quejas ante los organismos autónomos de derechos humanos, por mencionar algunas.
Sin embargo, la destrucción de los humedales no se detiene; por el contrario, avanza cada día y de manera acelerada, sin que las autoridades implementen medidas urgentes y eficaces para evitarlo, lo que nos obliga a seguir denunciando, como hacemos hoy, ante la opacidad de los órganos que deben procurar la protección de derechos humanos en México, como es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cuya actuación ha resultado cuestionable.
Lo anterior es así, porque emitir una recomendación sobre el caso, no solo le tomó más de dos años, sino porque además, a cuatro meses de que la misma no fuera aceptada ni por la entonces Presidenta Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo, ni por la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas (SEMAHN), María del Rosario Bonifaz Alfonzo y pese a que se solicitó por escrito y de inmediato que diera vista al Congreso del Estado para que las funcionarias explicaran la razón de su negativa, al día de hoy, la CEDH permanece inerme, como si careciera de atribuciones para defender y hacer cumplir sus recomendaciones y la única opción fuera remitir el asunto a la instancia Nacional, que tuvo en sus manos el asunto desde el año 2017, sin darle trámite.
Al día de hoy y luego de que a petición expresa que se realizó hace un año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) retomó el tema, estamos en espera de una recomendación, que se sigue retrasando. Lamentablemente, los humedales no pueden esperar. Las prácticas de relleno, pese a ser un delito, ocurren todos los días y los están desecando; la urbanización, los está desapareciendo y la omisión de todas las autoridades involucradas, las hace cómplices de su destrucción.
Esperamos que con la reciente entrada de la administración municipal 2021-2024, el tema se coloque nuevamente sobre la mesa y se tome como la oportunidad de hacer algo por el municipio de San Cristóbal de Las Casas. El Presidente Municipal, síndico y regidores están obligados a reconsiderar la postura de la anterior Presidenta, a fin de aceptar la recomendación y comenzar a trabajar en el cuidado y protección de los humedales.
El deterioro ambiental y sus consecuencias ameritan urgente atención por lo que exigimos:
- A la CEDH y a la CNDH, que asuman la tarea que su naturaleza mandata y señalen a las autoridades correspondientes las violaciones a derechos humanos en las que han incurrido, agotando los medios a su alcance para lograr su efectiva protección.
- A la SEMARNAT, CONAGUA, CONANP, PROFEPA, SEMAHN, la Procuraduría Ambiental, la Fiscalía Ambiental y el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que tienen pleno conocimiento de las quejas radicadas en los organismos señalados y que han estado presentes en las mesas de trabajo escuchando nuestras denuncias, hacemos un urgente llamado para que concreten acciones que muestren verdaderos resultados.
- A la Presidencia de la República y al Gobernador del Estado de Chiapas, les pedimos que revisen el presupuesto y asignen los medios necesarios para que se atienda la problemática ambiental en San Cristóbal de Las Casas, porque ya no hay tiempo para más mesas, convenios o gestiones administrativas.
El medio ambiente sano y el equilibrio ecológico son derechos humanos que el Estado está obligado a proteger y garantizar, por lo que como ciudadanía y personas defensoras de derechos humanos, les exigimos el cumplimiento de su deber.
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