Alto a la criminalización de las comunidades indígenas que defienden sus territorios

06 de octubre de 2021

En relación a lo sucedido en las audiencias a las que fueron citadas por la Juez de Control radicada en la ciudad de Cuauhtémoc integrantes de las comunidades de Bosque de San Elías Repechike y Mogótavo, el lunes 4 de octubre, 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐝 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐓𝐚𝐫𝐚𝐡𝐮𝐦𝐚𝐫𝐚 (Redeti) informamos lo siguiente:

La audiencia programada para que el gobernador de Bosques de San Elías Repechike compareciera por presuntos cargos de robo de madera, fue cancelada debido a que el Ministerio Público se desistió el viernes minutos antes de las tres de la tarde, 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚́𝐧𝐝𝐨𝐬𝐞 𝐞𝐥 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐩𝐞𝐭𝐚. Dicha acción no fue comunicada a los denunciados, por lo que la comunidad se tuvo que movilizar para estar en Cuauhtémoc a las 10 de la mañana debido a que un siríame o gobernador no actúa por decisión propia, actúa en función del mandato de su comunidad, junto con su comunidad, por lo tanto, no era una acción contra una persona, si no contra una comunidad entera.

En cuanto a la investigación en contra de integrantes de la comunidad de Mogótavo, la audiencia de control por la no imputación agendada a 1:30 de la tarde del mismo día, fue removida porque no había espacio en la agenda de la Juez,
𝐜𝐢𝐭𝐚́𝐧𝐝𝐨𝐬𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝟏:𝟑𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝟕 𝐝𝐞 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞.

Estas acciones en conjunto por parte del Ministerio Público y de la Juez de Control, pudieron haber sido informadas con antelación, por lo que nos sigue preocupando el uso de estas instancias para cansar, criminalizar y distraer a las comunidades de su objetivo principal, generando costos innecesarios.

En ese sentido, las organizaciones que integramos la Redeti anunciamos que estaremos al pendiente de la audiencia y hacemos un llamado a la ciudadanía de estar atentos a lo que suceda, esperando que sea declarada improcedente la acción penal que pretende despojar a la comunidad de su territorio ancestral. Con un mediano análisis por parte de ministerios públicos y jueces, estas acciones tendrían que ser rechazadas de plano.

Consideramos que estos hechos en los que se pretende utilizar al aparato de justicia penal para intereses ilegales e injustos, ponen también en evidencia que los procesos jurídicos penales en el Estado de Chihuahua incumplen con la ley al no garantizar la pertinencia cultural en aspectos básicos como la pertenencia, en este caso de los denunciados, a un pueblo indígena que habla otra lengua, haciéndolos acudir a juzgados ubicados a kilómetros de su lugar de residencia, sin traductores; a enfrentar causas penales infundadas, con retraso y falta de traducción de las notificaciones y, más alarmante aún, sin tomar en cuenta la colectividad de los pueblos y la problemática de fondo que es 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨.

El reconocimiento por parte del Estado mexicano, a través de entregar un documento que avale la propiedad de los territorios que habitan las comunidades indígenas, no ha sido impedimento para que las comunidades sigan reproduciendo la vida en sus territorios. Sin embargo, se convierte en un problema cuando hay terceros que les disputan esta posesión y que les generan actos de molestia como lo son la explotación de sus bosques, la construcción de complejos turísticos, el intento de desalojo, el cercado de terrenos, el impedimento para construir espacios colectivos y servicios básicos, como en el caso de Mogótavo la instalación del agua, y en el caso de Repechike la instalación de un taller de costura, es entonces cuando las comunidades se ven forzadas e iniciar procesos jurídicos costosos, lentos, y sin un mecanismo legal idóneo por parte del Estado Mexicano para reconocerles el derecho a la propiedad de los territorios que habitan, entre estos costos, ahora son acusados de delincuentes, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫𝐚́𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐮 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨.

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Denuncia de la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara (REDETI)