Plantón de familias desplazadas de Guerrero en Gobernación

Boletín de prensa

Ciudad de México a 30 de septiembre, de 2021

Desde el miércoles 22 de septiembre de 2021 una comisión de las familias desplazadas de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, Guerrero, nos instalamos en plantón afuera de la Secretaría de Gobernación para exigir el cumplimiento de los compromisos contraídos el 7 de abril en una reunión interinstitucional donde la licenciada Luciana Montaño en representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se comprometió a que inmediatamente, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal (CEAV) reconocería la calidad de víctimas a todas las familias que sufren Desplazamiento forzado interno y el personal de Gobernación, Seguridad Pública y Atención Ciudadana se comprometieron a ubicar lugares seguros para realizar su reubicación ante la imposibilidad de retornarlos a sus comunidades de origen.

A seis meses de este compromiso no se ha otorgado la calidad de víctimas y no tenemos ninguna información de los avances que hay en cuanto a la reubicación.

Mientras que al interior de la CNDH se deja ver una crisis institucional ya que se ha permitido que ciudadanas intervengan en la toma de decisiones en cuanto a imponer una forma discrecional en la atención de las víctimas, con la única intención de dividir a todos los colectivos de víctimas, ya que mientras a algunos les otorga recursos económicos y materiales a manos llenas y permitiéndoles que decidan a quien se atiende y a quien no, como es el caso de la licenciada María Dora Ramírez quien es la que llevaba el caso de los desplazados, esto motivó que un grupo de representantes de las familias desplazadas del municipio de Leonardo Bravo y de la comunidad indígena náhuatl de Tlaltempanapa del municipio de Zitlala nos instaláramos en plantón en las puertas de la Secretaría de Gobernación para exigir el cumplimiento de los compromisos el día 22 del presente mes, en coordinación con otras víctimas y defensores de derechos humanos independientes, acudimos a las instalaciones de la CNDH, conduciéndonos con madurez y respeto, buscando dialogar, y en un acto de prepotencia y soberbia, la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, tomo la decisión de fincarnos responsabilidades penales iniciando una carpeta de investigación en contra de varias personas, entre ellas a Licenciada Teodomira Rosales Sierra, Directora del Centro Morelos, representante de las Familias desplazadas y de las familias de los desaparecidos, aglutinadas en el Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas acusándolas del robo y destrucción de documentación incluso de terrorismo, cuando todos saben muy bien que nuestra dignidad y la legitimidad de nuestra lucha y justas demandas, no nos permite la realización de acciones que echen por tierra los avances y la comunicación que mantenemos con las instituciones federales, aún así, sin importarle que somos víctimas que solo exigimos el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales contemplados en la Ley General Atención de Víctimas, por el contrario, nos revictimiza y judicializa cometiendo abuso institucional en nuestra contra.

Hoy a 10 días de permanecer en plantón, varias cosas se reafirman en nuestro pensamiento y corazón:

1.- El presidente de la República no puede o no tiene voluntad política para generar las condiciones de seguridad para regresarlos a sus comunidades de origen, a pesar de la muestra del poder del estado en el desfile del 16 de septiembre.

2.- Hay mucha resistencia para otorgar la calidad de víctimas a quienes tuvieron que abandonar todo para salvar su vida.

3.- Estamos a mitad del sexenio y cada vez será más difícil que resuelvan nuestras demandas.

4.- Si hoy el desplazamiento forzado interno es un foco rojo, este ira creciendo en la medida en que se acerque el fin de sexenio.

5.- Se incrementará la limpieza de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y de todos los temas que sean incómodos para el Estado, para lo cual se incorpora a la Guardia Nacional al Ejército y se fortalecen los grupos de narcoparamilitares.

Ante esta situación que pone en riesgo nuestra vida e integridad física solicitamos a todas y todos se pronuncien juntos o por separado exigiendo que cese el hostigamiento, la revictimización, paren la judicialización de nuestra lucha.

Por todo lo anterior exigimos que antes de que todo lo que prevemos suceda se dé solución tanto a las demandas de las familias desplazadas como a las familias de los desaparecidos.

ATENTAMENTE
Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón