Chilapa de Álvarez Guerrero a 8 de jul. de 21

En México existen millones de heridas, provocadas por diferentes hechos violentos, pero todos con el mismo patrón, la violencia y la impunidad; Desapariciones, asesinados, desplazados, feminicidios, crímenes políticos, suman también cientos de miles de víctimas y las instituciones del estado se distinguen por no hacer nada, ya de por si es de la vox populi que el gobierno de México se distingue, porque todo firma y nada cumple en materia de derechos humanos, por eso, antes de hacer alguna propuesta, ya no para procurar verdad y justicia para las víctimas si no, cuando menos que proporcione la ayuda humanitaria necesaria para que pueda soportar el calvario de tener a un familiar desaparecido, asesinado o ser una familia desplazada y despojada de todo su patrimonio, primero se tendría que echar una ojeada muy objetiva a la serie de instituciones y leyes creadas para, supuestamente atender de manera integral las necesidades de quienes han tenido la desgracia de sufrir la consecuencias de un estado que se encuentra involucrado totalmente con los grupos de narco paramilitares que le sirven de pretexto para mantener una Guardia Nacional militarizada, formando un binomio perfecto para ejercer el control social e imponer los megaproyectos, las concesiones mineras y la explotación irracional de los recursos naturales, lo cual vuelve obsoletas todos los esfuerzos y logros conseguidos gracias al esfuerzo y riesgo de los organismos civiles de Derechos Humanos, Colectivos de familiares y víctimas.

Veamos; en Guerrero al igual que en varios estados de la república, contamos con una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que forma parte del Sistema Nacional de Búsqueda y tiene por objeto impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Guerrero.

A pesar de que dicha comisión cuenta con el apoyo de instancias como: La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, El Consejo Estatal Ciudadano, la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado, de las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y otras del Consejo Estatal de Seguridad Pública, encargadas o que realicen funciones de seguridad pública en los órdenes estatal y municipales, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero número 569, en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, Información de los registros de Personas Desaparecidas y no localizadas del Estado de Guerrero que forma parte del Registro Nacional y en la Secretaría General de Gobierno.

En materia de Desplazamiento Forzado Interno contamos con la Ley 487 para la Prevención y Atención de Desplazamiento Interno y, con la Subdireccion de Seguimiento y Control de Derechos Humanos, que depende de la Secretaría General de Gobierno que, supuestamente atiende a las familias desplazadas.

A pesar del gran número de instancias, hasta ahora no conocemos ni un solo caso donde por iniciativa o estrategia la Comision Estatal de Busqueda de Personas haya realizado busquedas en vida o sin vida, solo han sido los propios colectivos quienes han tenido que organizar y realizar las busquedas, teniendo que solicitar el apoyo a la PGR y otras oficinas. Los familiares reunen la información necesaria, hubican los lugares donde probablemente haya fosas clandestinas, se encargan de la excavación y las autoridades solo procesan la información.

Tampoco la Fiscalia General de Justicia ni la Fiscalia Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas avanzan en las investigaciones legales en contra de los responsables de las desapariciones.

En cuanto al apoyo humanitario, se cuenta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tanto Federal como Estatal y, en el caso de la CEAV estatal, es una verdadera burla para las víctimas pues, mientras que la CEAV Federal otorga más de 4 mil quinientos pesos mensuales de apoyo para la alimentacion, la del Guerrero solo aporta dos mil pesos y, para ello se tuvo que tomar sus instalaciones en Chilpancingo.

Como conclusion desde el Centro Morelos consideramos que, es necesario un planteamiento analizado y consensuado entre los diferentes actores,víctimas-colectivos, Organismos Civiles de derechos Humanos que acompañan y la Iglesia, asi como profecionistas de todas las áreas del conocimiento, pues no estamos para seguir creando instancias que no resuelven, sino que se necesita una nueva propuesta, algo extraordinario que garantice un organismo autonómo, con recursos Humanos, Materiales y Económicos y con un mandato claro controlado desde la sociedad civil pero, mientras eso sucede es Importante que: