XVII años del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad
Por un mundo sin tortura
Lunes 28 de junio del 2021
11:00 horas / Transmisión en vivo
En este país continúa la violación a los DDHH en materia de tortura. Como Colectivo, seguimos registrando casos en los que las diversas policías utilizan la tortura para arrancar confesiones con frecuencia de inocentes. Continúan las torturas ocultas, el maltrato que realizan en algunos hospitales públicos a las mujeres en el área de gineco obstetricia; maestros de escuelas públicas que golpean a las niñas y los niños y la “tortura express” que realizan los policías de barrio hacia los jóvenes para extorsionarlos.
El índice de impunidad continúa siendo de 99% en materia de tortura y hemos sido testigos de la forma en que al interior del poder judicial se cubren unos a otros los delitos, las violaciones a DDHH y, por su puesto, la tortura.
A lo largo de 17 años de trabajo colectivo, hemos también logrado la libertad de sobrevivientes de tortura inocentes; hemos acompañado casos como el de Atenco y a los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
También hemos acompañado casos de ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales y de desplazamiento forzado interno. Después de un largo camino de 7 años de atención psicosocial, un sobreviviente de tortura nos compartió que ha terminado su Maestría en DDHH, teniendo una clara resiliencia.
Sin embargo, el uso sistemático de la tortura continúa. Somos testigos de la criminalización de sectores de la población movilizados en defensa de sus derechos y del territorio; son señalados y acusados por hacer uso de su legítimo derecho a la manifestación y la protesta. Este ha sido el caso de las movilizaciones feministas y, recientemente, de las y los normalistas rurales.
La estrategia del Estado ha sido el terror: reprime a las personas en las calles y carreteras, haciendo abuso de gases lacrimógenos, disparando a corta distancia y contra el cuerpo de las personas, como fue el reciente caso de Leobardo Hernández Regino de la comunidad indígena de Xuchitlán, del municipio de San Salvador, Hidalgo,recibió el disparo de una lata de gas lacrimógeno en la cabeza disparado por un elemento de la Agencia de Seguridad estatal, durante la represión de una protesta para exigir obra pública, frente al Palacio de Gobierno del estado y falleció después de 15 días de agonía en terapia intensiva.
Incluso, en los casos de normalistas rurales, tanto hombres como mujeres, son reiteradas las amenazados de ser desaparecidos como los 43 de Ayotzinapa.
Seguimos siendo testigos de casos de malas actuaciones de la policía en el uso de la fuerza y que constituyen acciones que deben ser calificadas como tortura. Tal es el caso de Victoria Salazar, migrante salvadoreña, quien fue ejecutada por policías municipales de Cancún en el mes de marzo, o de Carlos Portillo, egresado de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que fue hallado sin vida la madrugada del 13 de junio en los separos de San Miguel Xoxtla; el joven fue asesinado a golpes, según sus familiares.
Ya sea que la fuerza sea ejercida buscando una declaración autoinculpatoria, por “castigo” de algo que supuestamente haya hecho un detenido o para obligarlo a hacer algo, se trata de tortura, que como hemos visto puede derivar en ejecuciones sumarias o extrajudiciales.
Nos oponemos firmemente a los intentos por quitarle responsabilidad a los perpetradores usando palabras y frases suaves. Estos actos deben ser nombrados como tortura y ser investigados, aun cuando la persona haya sido privada de la vida y se investiguen feminicidios u homicidios.
Como Colectivo, queremos señalar que la tortura sexual sigue siendo utilizada como mecanismo de represión de la movilización social. El caso más reciente del que hemos tenido conocimiento es el de las y los normalistas detenidos la mañana del 18 de mayo del presente año. Las compañeras normalistas denunciaron haber sufrido tocamientos y desnudez forzada so pretexto de ser revisadas durante y después de su detención.
Esta forma de tortura sexual es análoga a la denunciada por las mujeres detenidas en el operativo de San Salvador Atenco en 2006 y deja evidencia de la existencia de patrones en el ejercicio de la violencia del Estado: las mujeres sufren tocamientos, desnudez forzada, la exposición de sus cuerpos a la vista de los agentes que las tienen bajo custodia, amenazas de ser violadas o, incluso, la realización del acto.
Desde 2018, a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sentó un importante precedente en el que se expuso el uso de la tortura sexual como mecanismo de control social y se puso en cuestión la estrategia de seguridad en México.
No olvidamos lo que la historia nos ha enseñado. La cárcel, como un dispositivo más del capitalismo, se vuelve el escenario perfecto para ejercer la tortura y desindividualizar a los sujetos sociales, casi siempre personas de estratos socioeconómicos bajos o de luchadores sociales.
Nuestra compañera, Julia Manek, ha documentado también la tortura en los centros de detención migratoria, los cuales hemos considerado como espacios torturantes. Con ello se busca reprimir los movimientos y las caravanas de migrantes que viajan por nuestro país buscando una mejor vida.
A lo largo de estos XVII años lo hemos señalado y lo seguiremos haciendo: el Estado ha utilizado y sigue utilizando la tortura como un mecanismo de represión, esté el partido que esté en el poder. Continuaremos nuestro colectivo por denunciar la tortura y luchar contra la impunidad.
Agradecemos a las y los sobrevivientes, organizaciones hermanas, compañeras y compañeros con quienes hemos caminado estos años.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C.
